Hay un grupo que dice: es necesaria una ley de cine. Por voluntad propia se reúnen y debaten desde hace par de años. El G20 (como se le llama, por su número inicial de miembros) junta a varios realizadores adscritos al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y a otros independientes, que fueron electos como vocero de la petición gremial.
En realidad, en La Habana se habla del tema hace más de seis años. Luego de asambleas, reuniones, manifiestos en el Centro Cultural Cinematográfico “Fresa y Chocolate”, el pasado mes de mayo se emitió una nueva declaración con sentencias reveladoras: “(…) se nos ha dejado entrever que hay leyes y asuntos más urgentes que el nuestro. No estamos de acuerdo”, afirman.
La falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades genera un clima de escepticismo, agotamiento y pérdida de fe en algunos miembros de la comunidad artística. Sin embargo, el G20 parece no disminuir las ganas de exigir sus reclamos, pues considera que todavía les queda mucho por demandar.
“Lo primero es legalizar la productoras independientes, en tanto llega la ley”, comenta a OnCuba Arturo Arango, miembro del grupo de trabajo, quien persiste en su propósito a pesar de las repetidas reuniones en las que ha tenido que explicar el mismo asunto.
De momento, los pronunciamientos formales constituyen sus únicos recursos para demandar una ley que actualice el instrumento elaborado para crear el ICAIC en 1959. Algunos miembros del Grupo ven sus demandas como una continuación de los principios de esa legislación aún vigente.
La documentalista Lourdes de los Santos, por ejemplo, continúa apostando por “articular todo en un sistema, integrando al creador de fuera de la institución y reconociendo a la vez a esta como reguladora del proceso (creativo)”.
“Hemos avanzado en la concepción del sistema todo, y de algunas de sus piezas esenciales (como el Fondo de Fomento), pero la Ley nos permitirá operar sobre la política cultural cinematográfica”, insiste por su parte el guionista Arango.
“Las productoras necesitan relacionarse con cuestiones que están bajo las esferas de diversas instituciones o ministerios: Cultura, obviamente, pero también de Finanzas; organismos que otorgan permisos de filmación como la Aduana o el Banco, por ejemplo”; explica.
Para eso la Ley y un decreto específico para las productoras. Todo de una vez, no paso a paso, insisten los creadores.
“Las dilaciones resultan incómodas, bochornosas, inmorales”, sentencia el director Enrique Pineda Barnet, quizás acostumbrado a los vaivenes del arte (similar a cuando ganó el Premio Goya por La Bella de la Alhambra, y no el primer premio Coral del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano). Para él la ley es conveniente desde todo principio.
Fuera del marco de las asambleas, algunos no aspiran a una reforma tan radical. “Toda legislación coloca límites”, opina un cineasta que decidió mantenerse al margen de la polémica. Porque los cercos restringen a quienes se sienten más cómodos sin una norma legal.
El insuficiente aporte de capital estatal y las trabas burocráticas impulsaron a muchos artistas a producir “por cuenta propia”. Esa es la raíz del vasto cine independiente, sumergido, alternativo… que genera desde hace algunos años la mayoría de las producciones cinematográficas del archipiélago. Lo consiguen a pesar de un ‘pequeño’ detalle: a estos atomizados centros creativos les está vedado firmar contratos con las instituciones del Estado y funcionan bajo licencias de Fotógrafos de Cumpleaños.
La cultura jurídica puede no ser el fuerte de los creadores, pero en cuestión de derechos el sentido común se impone: “Las productoras carecen de derechos –explica Arango–, si reciben fondos de instituciones internacionales a las cuales, incluso el Estado cubano pertenece, como el ALBA o Ibermedia, se verían entrampadas en un mecanismo que les impide recibir el dinero. Porque, ¿a nombre de quién estaría la cuenta en la que se depositen los recursos financieros? En el mejor de los casos, tiene que estar a nombre del productor, del director, es decir, de una persona que se verá obligada a sumar esa cifra en sus ingresos personales, y pagar el consiguiente impuesto por algo que no es para uso personal, sino para la producción de un filme.”
“Sabemos que en la televisión no se puede hablar de la Ley de cine, algunas personas del medio han sido regañadas por hacerlo. Nos hemos quejado ante autoridades del ICAIC y del Ministerio de Cultura, y nadie asume la responsabilidad por esa prohibición”, confirma Arango.
Los cineastas cubanos han sido desde siempre activos sujetos políticos en la realidad nacional. Hasta ahora los reclamos se mueven solo en sus círculos y son canalizados por el G20 ante los oídos (todo indica que sordos) de las autoridades.
Las convocatorias para reunirse seguirán pactadas en el centro cultural “Fresa y Chocolate” y ninguno de los consultados contempla la protesta pública como opción. Pero por mucha voluntad que parezcan sostener los organizadores, cada vez aparecen más preguntas en el aire: ¿Cuánto durará el aliento? ¿Hasta dónde?