El Consejo de Ministros de Cuba aprobó en junio modificaciones en la política para la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas. Los cambios fueron anunciados este miércoles por medios de prensa cubanos como anticipo “a la publicación en la Gaceta Oficial de la norma jurídica que las avala”.
Según Cubadebate, desde la entrada en vigor en 2008 del Decreto-Ley 259, se han entregado mediante esta modalidad alrededor de un millón 917 mil hectáreas –el 31 por ciento de la superficie agrícola de la Isla–, a más de 222 mil agricultores en Cuba. De ellos continúan la explotación de sus tierras más de 151 mil, los cuales laboran en un millón 200 mil hectáreas.
Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros se halla la autorización a personas naturales –que reciban o ya hayan recibido tierras– a vincularse e integrarse a las empresas agropecuarias, azucareras o forestales (Unidades Empresariales de Base, UEB).
“Hasta ahora estaba establecido que solo se podían vincular a una Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), una Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA), granjas estatales de nuevo tipo o a una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS)”, comentó Eddy Soca Baldoquín, Director de Suelos y Control de la Tierra del Ministerio de la Agricultura (MINAG).
Otra medida es la extensión de 10 a 20 años del plazo de la vigencia del usufructo de tierras para todas las personas naturales, tiempo prorrogable por igual término, y para las personas jurídicas por tiempo indefinido –hasta el momento era de 25 años.
Este cambio vendría a solucionar la contradicción de que los campesinos tenían derecho a solicitar un crédito bancario para hacer cultivables los terrenos, que debían resarcir en un plazo de 20 años cuando la vigencia del usufructo era solo de diez.
Con la nueva política la entrega de tierras en usufructo tendrá como condición que estas se mantengan en explotación, “evitando un mal uso del suelo y la pérdida de su agroproductividad”.
Soca insistió en que resulta imprescindible brindarle a la tierra la atención que demanda, para no seguir perdiendo la capacidad agroproductiva, dado que solo el 25 por ciento de los suelos en Cuba tienen rendimientos superiores al 50 por ciento del capital de cultivo.
Nuevas regulaciones autorizan la ampliación de entrega de tierras en usufructo
Como parte de las modificaciones se autorizará la entrega a personas naturales de áreas ociosas de la ganadería comercial para las producciones de cría y ceba, antes solo reservado para personas jurídicas.
Además, se incrementa la proporción autorizada para el levantamiento de bienhechurías –construcciones realizadas en terrenos baldíos–, que ahora será el 3 por ciento del área entregada en usufructo.
El área mínima a entregar a los ciudadanos que soliciten la tierra por primera vez se duplica a 26,84 hectáreas –dos caballerías. Antes la solicitud inicial debía ser de 13,42 hectáreas. La cota límite autorizada seguirá siendo de 67.10 hectáreas (5 caballerías).
Soca informó que será obligatorio sembrar alimento animal en las tierras entregadas para el desarrollo del ganado mayor, hasta cubrir el balance alimentario de la masa que posee el usufructuario.
Aclaró que las superficies que los agricultores reciben en usufructo son propiedad intransferible del Estado y deben ser solicitadas solo por “aquellos ciudadanos que realmente quieren y pueden hacerla producir”, de ahí que se decidió establecer que para recibir tierras, sus beneficiarios tienen que trabajarlas y administrarlas de forma personal y directa.
Igualmente, se incorpora como nueva causa de extinción del usufructo el empleo de financiamientos ilícitos.
Comenzará la aplicación gradual de los impuestos previstos en la Ley Tributaria en lo concerniente al uso, posesión y ociosidad de la tierra. Estos tributos serán diferenciados por la categoría productiva de las tierras, pues no resulta justo que todos contribuyan igual cuando unos terrenos demandan más trabajo que otros.
En 2012 se realizaron modificaciones al Decreto Ley 259 para asegurar la continuidad y sostenibilidad en la explotación de las tierras entregadas en usufructo, estimular la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral del sector y el asentamiento familiar definitivo. Entonces fue promulgado el Decreto Ley 300 y su Reglamento, de acuerdo a Soca.
Al cierre de 2016 aún permanecían ociosas 894 mil hectáreas, de las cuales unas 300 mil pudieran ser entregadas en usufructo. La cifra resulta difícil de reducir pues la solicitud de tierras es cada vez menor. Ello se debe a que “las que continúan disponibles son poco productivas, con alta infestación de marabú, tienen dificultades para acceder a las fuentes de agua y están alejadas de los asentamientos poblacionales y por ende de los servicios básicos”, dijo el Director de Suelos y Control de la Tierra.
No obstante, adelantó que antes de que concluya 2017 debe ser aprobada otra norma jurídica que favorezca la entrega y productividad de las tierras en usufructo.
Desde 2008 hasta la fecha existe la posibilidad de solicitar créditos bancarios, a los que se les bonifica la tasa de interés en los dos primeros años. Soca informó que el Estado le asignó 50 millones de pesos al programa de mejoramiento de suelos en 2017, para suministrarles a los productores semillas de alta calidad, tecnología, productos biológicos y químicos.
Acerca de las producciones, Soca comentó que “el frijol, los frutales, el arroz han crecido establemente en un 6 por ciento; la producción de leche en un 2,6 por ciento, aunque la sequía no deja de golpearnos y no llegamos a cubrir la demanda; la producción de maíz ascendió a 113 mil toneladas en 2016, el ganado vacuno también ha tenido un despegue”.