El pasado 9 de febrero el gobierno de Daniel Ortega liberó a 222 opositores, a los que deportó vía aérea a Estados Unidos.
El magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, hizo público entonces un documento decretando la “deportación inmediata y efectiva” de 222 personas, sentenciadas por cometer “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.
Estados Unidos los recibió y les otorgó un parole por dos años apelando al nuevo programa que la administración Biden dio a conocer en enero para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos.
Entre los deportados se encontraba la excomandante Dora María Téllez, una de las figuras más carismáticas de la joven Revolución Popular Sandinista. “No he defraudado a la joven guerrillera que fui”, le dijo a la BBC después de ser liberada tras veinte meses en prisión.
Mas tarde, a otros 94 nicaragüenses se les aplicó esa misma normativa, entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, al excomandante de la Revolución Popular Sandinista Luis Carrión y a la activista por los derechos humanos Vilma Núñez. También al excanciller Norman Caldera y al periodista Carlos Fernando Chamorro.
El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, hizo la lectura de la sentencia en una presentación ante los medios de comunicación. “Téngase a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública, en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente”, leyó el funcionario.
Gioconda Belli responde con poesía al Gobierno de Ortega, que le retiró la nacionalidad
Ahora Chile, Argentina y México acaban de anunciar que les han abierto las puertas a los más de 300 nicaragüenses opositores a los que el gobierno de Daniel Ortega despojó de su nacionalidad.
Los dos países sudamericanos, que dieron la noticia el martes, indicaron su disposición de ofrecer su ciudadanía a los nicaragüenses que han sido tratados “injustamente” y han sido víctimas de la “persecución”.
La portavoz de la presidencia argentina, Gabriela Cerruti, publicó en su cuenta de Twitter que su gobierno estaba dispuesto a otorgarle la ciudadanía tanto a Ramírez como Belli, así como a “todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”.
“La historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad entre los pueblos, trascienden las coyunturas políticas”, dijo la Cancillería chilena en un comunicado.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy miércoles, durante su rueda de prensa mañanera, que los nicaragüenses podrían tener “asilo, nacionalidad o lo que quieran” en México.
España, que la semana pasada ya había anunciado una medida similar para los más de 200 opositores, extendió la oferta de ciudadanía al segundo grupo.
La Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) condenó la semana pasada la decisión del Gobierno de Ortega al considerar que iba en contra de las leyes internacionales.