Los chilenos votaron el domingo para decidir si quieren rescribir la Constitución legada por la dictadura de Augusto Pinochet en un plebiscito que conquistaron hace un año, tras las mayores protestas callejeras de los últimos treinta años. Aquellas manifestaciones sacudieron a Chile con sus demostraciones de descontento hacia los modelos de educación, salud y pensiones que instaló la dictadura militar (1973-1990).
Desde que se difundieron los primeros resultados oficiales tras el cierre de casillas a las ocho de la noche, todo indicaba que se impondría la opción de reemplazar la Carta Magna, lo que implicaría el inicio de un largo camino que conduciría en abril de 2021 a la elección de quiénes la escribirían. Posteriormente se llevaría a cabo un nuevo plebiscito, agendado inicialmente para junio de 2022, en el que se aprobaría o rechazaría el texto propuesto.
Los votantes pudieron elegir entre las opciones “Apruebo” o “Rechazo” una nueva Constitución y, sin conocer los resultados, en un segundo voto marcaron si querían que la Carta Magna fuera escrita en una Convención Constitucional integrada por 155 personas electas o por una Convención Mixta de 172 miembros, la mitad legisladores y el resto por ciudadanos electos.
La participación de los 14,7 millones de chilenos habilitados para sufragar era voluntaria.
El oficialismo llamó a votar “Rechazo” y planteó “perfeccionar” mediante reformas. Los partidos opositores favorecieron el “Apruebo” y ofrecieron más derechos sociales para superar las profundas desigualdades instauradas por la Constitución implantada en 1981.
El resultado del plebiscito el domingo es de carácter vinculante, es decir, deberá acatarse obligatoriamente.
En abril de 2021 los chilenos elegirán a los miembros de la Constituyente que prefieran, el mismo día en que escogerán alcaldes, concejales y gobernadores.
En noviembre de 2021 volverán a las urnas para participar en elecciones presidenciales y parlamentarias. En los comicios presidenciales y de gobernadores puede haber una segunda vuelta.
La Convención escogida tendrá entre nueve meses y un año para redactar la nueva Constitución, que deberá ser ratificada o rechazada en 2022, en un plebiscito de participación obligatoria.
En el marco de una multitudinaria conmemoración del primer aniversario del estallido social y las protestas que derivaron en el plebiscito, el domingo 18 de octubre encapuchados saquearon e incendiaron dos iglesias y vandalizaron comercios e inmuebles públicos y privados. La policía anunció el despliegue de decenas de miles de agentes para asegurar el desarrollo normal de las votaciones.
El plebiscito fue un logro de los chilenos que salieron a las calles a protestar tras un estallido social el 18 de octubre de 2019 para exigir mejoras sociales en salud, educación, vivienda y pensiones, entre otras muchas demandas.
Las manifestaciones —una de las cuales congregó a 1,2 millones de personas en una sola jornada— no cesaban y forzaron a los políticos oficialistas y opositores a pactar un acuerdo político inédito que promulgó una ley para reemplazar la Constitución y creó un plebiscito para que la ciudadanía se exprese a favor o en contra. Fue el camino institucional elegido por los políticos para desactivar las protestas.
La Carta Magna actual fue impuesta en 1981 por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). Sus bases fueron redactadas por una comisión designada por el régimen militar en 1973, revisadas por el Consejo de Estado y visadas por la Junta Militar, compuesta por los máximos jefes de las fuerzas armadas y el director de la policía, que ejercía como Poder Legislativo.
Fue aprobada en un plebiscito convocado por Pinochet en 1980, cuando millones de chilenos vivían bajo el miedo de la represión, sin registros electorales y con los partidos políticos disueltos.
Fue aprobada por un 67% a favor y un 30% en contra.
Aquel texto constitucional instauró un modelo político, económico y social de libre mercado, con un Estado subsidiario, “que ha dejado en gran desprotección a la ciudadanía”, señaló Heiss, quien añadió que “se ha generado una segmentación en la provisión de servicios sociales, con servicios para ricos y servicios para pobres”.
La Carta Magna de 1981 también estableció la propiedad privada sobre el derecho de las aguas y un intento reciente por convertirla en un bien nacional de uso público fracasó porque la oposición no logró los 2/3 de los votos.
El plebiscito se realizó en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, que en Chile había dejado hasta el fin de semana 500.000 contagiados, de los cuales unos 10.000 están activos y contagian, y 13.800 fallecidos. En el último par de meses han disminuido los infectados, aunque a diario se suman entre 1.500 y 2.000 casos nuevos.
Los electores acudieron a votar con mascarilla y manteniendo distancia física. Los contagiados tuvieron prohibido votar porque deben mantenerse en cuarentena, pero es probable que muchos asintomáticos acudieron a sufragar sin saber que están enfermos. Para proteger a los adultos mayores se estableció que ellos votaran entre las 14.00 y las 17.00 horas local.
Los resultados se dieron en las horas siguientes al cierre de las mesas receptoras de votos, a partir de las 20.00 horas.
Associated Press/OnCuba.