La ONG austriaca AllRise pidió este martes que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por posibles “crímenes contra la humanidad” debido a las políticas de su gobierno en la Amazonía.
En la documentación presentada ante la CPI, el grupo medioambientalista acusó al gobierno de Bolsonaro de un “ataque generalizado sobre la Amazonía, sus defensores y aquellos que dependen de ella”, lo que afecta a la población global.
“Son los pulmones de nuestro planeta, por lo que su destrucción nos afecta a todos. En la denuncia presentamos pruebas que muestran cómo las acciones de Bolsonaro tienen una conexión directa con las consecuencias negativas del cambio climático en todo el mundo”, ratifica el domunicado difundido por agencias como AP.
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La iniciativa llega a menos de tres semanas para la conferencia climática de Naciones Unidas COP26, que comienza el 31 de octubre de Glasgow.
Desde que asumió el cargo, Bolsonaro ha fomentado el desarrollo en la Amazonía y rechazado las quejas globales sobre su destrucción con el argumento de que son una trama para limitar la agricultura y ganadería brasileñas. Su gobierno también quitó poder a instituciones medioambientales y apoyó medidas legislativas para relajar la protección sobre la tierra, lo que alentó a los invasores de tierras.
No es la primera vez que los críticos del líder conservador brasileño han pedido la intervención de la CPI. Hace dos años, un grupo de exministros y abogados brasileños solicitó que la corte lo investigara por incitar al genocidio de los pueblos indígenas y no salvaguardar los bosques y tierras protegidas en los que viven.
La fiscalía de la corte recibe cientos de solicitudes de esa clase cada año en las que se detallan supuestos crímenes en diferentes lugares del mundo. Los fiscales están obligados a revisarlas todas y determinar si entran en la jurisdicción de la corte y, en su caso, si ameritan abrir nuevas investigaciones o incorporarse a pesquisas ya abiertas por la oficina.
Hay una creciente presión de activistas para que la instrucción de crímenes medioambientales se incluya en la misión de la CPI. Un comité de abogados y expertos internacionales publicó en junio una propuesta de definición legal del delito de “ecocidio”, y afirmó que es hora de ampliar el tratado fundacional de la corte para incluir “protecciones para el daño medioambiental grave, ya reconocido como un asunto de preocupación internacional”.
Bolsonaro faz ofensiva para reforçar laços com evangélicos e ruralistas de olho na reeleição https://t.co/SVVnoceJM6
— Folha de S.Paulo (@folha) October 12, 2021
Antes de que Bolsonaro asumiera el cargo en 2019, hacía más de una década que no se deforestaban más de 10 000 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña en el lapsus de un año. Entre 2009 y 2018, la media anual era de 6500 kilómetros cuadrados, en comparación con la media de 10 500 kilómetros cuadrados anuales durante su mandato.
Las cifras preliminares publicadas el mes pasado por el Instituto Brasileño Nacional para la Investigación Espacial demostraron que la deforestación en la Amazonía brasileña cayó en agosto por segundo mes consecutivo, en comparación con el mismo periodo de 2020.
La ONG, sin embargo, insiste en que Bolsonaro debe asumir responsabilidades, por la comunidades amazónicas y por el mundo.
Con información de Associated Press