Un tribunal guatemalteco condenó a 16 años de prisión al expresidente Otto Pérez Molina, un general retirado, bajo cargos de encabezar una red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez Molina “es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera”, dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa.
La misma sentencia recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude. Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
“El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito”, dijo la jueza Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras manifestaciones masivas en su contra.
El exmandatario aseguró antes del fallo que estaba con “fe y esperanza” de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal lo contradijo. “Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado”, le dijo a los periodistas.
“¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?”, cuestionó, y agregó que apelará el fallo.
El caso que involucra a Pérez Molina, conocido como “La línea”, consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
De acuerdo con la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el defraudado al Estado por evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación, detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa. Once fueron absueltas.