La Corte Suprema de Justicia de México avaló el jueves la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los mexicanos se pronuncien sobre si se debe o no enjuiciar a sus predecesores.
Sin embargo, modificó la pregunta propuesta por el actual mandatario, con lo que el referendo será para esclarecer “decisiones políticas” del pasado y no para investigar y sancionar a expresidentes por presuntos delitos.
El pleno del alto tribunal aprobó, con seis votos a favor y cinco en contra, la constitucionalidad de la consulta. Quienes votaron en contra argumentaron, mayoritariamente, que la persecución de delitos no puede someterse a la voluntad popular. Sin embargo, el resto defendió que es un derecho que los mexicanos puedan expresar una opinión.
Uno de los jueces que apoyó la consulta, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, llegó a comentar que era “ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional”.
Tras abordar la constitucionalidad del referendo, la Corte modificó la pregunta propuesta por López Obrador que mencionaba por nombre y apellido a todos sus predecesores desde 1988, fecha desde la que, a su juicio, ha habido una “corrupción sistemática” en el país.
El alto tribunal no solo eliminó los nombres de los ex jefes de Estado sino también la mención expresa de juzgar a expresidentes y en lugar de hablar de delitos se refirió a esclarecer “decisiones políticas” de “actores políticos”.
“¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, dice el texto avalado por la Corte.
El actual mandatario propuso la consulta para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones parlamentarias de mitad de su sexenio y que son clave para que el presidente retenga su escasa mayoría en el Congreso.
La consulta podría ser una forma de atraer votantes a las urnas porque los comicios de medio período en México a menudo tienen una participación baja, pero algunos creen que podría desviar la atención de los problemas del gobierno actual —la economía, la pandemia de coronavirus— al centrar la atención en abusos del pasado.
Expertos y columnistas han criticado que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para sentarlo en el banquillo.
López Obrador ha reiterado que en su administración nadie estaría por encima de la ley. También ha defendido hacer borrón y cuenta nueva con los expresidentes para no abonar la venganza.