Dos obstetras argentinos acaban de ser denunciados en lo penal por practicarle un aborto a una niña violada de 11 años. José Gigena y su esposa Cecilia Ousset, ambos de San Miguel de Tucumán, fueron denunciados por un grupo de abogados por su participación profesional en el hecho.
La movida la efectuaron médicos y abogados locales de conocidas posiciones antiaborto. Los acusan de “presunta comisión del delito de homicidio calificado”, penalizado con cadena perpetua.
El médico Jorge Ramacciotti y los abogados Mara Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Columbres, Costanza del Carril y Raúl Alfredo Lezana, y los doctores Jorge Javier Ramacciotti y Ricardo Miguel Auad, con el patrocinio de Salvador María del Carril, también denunciaron a Adriana Mónica Romano Mazzone, la titular de la Defensoría de Menores en lo Civil, Penal y del Trabajo de la III° Nominación por “desobediencia judicial” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El doctor Gigena aseguró que estaban encabezados por la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR), Silvia Elías de Pérez.
La senadora es una de las representantes más conservadoras de la UCR dentro del Congreso. Fue una de las protagonistas principales de la campaña contra la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Recientemente, manifestó sus intenciones de competir como gobernadora de Tucumán representando al oficialismo.
La menor fue violada por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años. La niña y su familia habían solicitado acogerse a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), garantizada por el Código Penal argentino desde 1921 y ratificada en 2012 por la Corte Suprema de Justicia. El Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán emitió un comunicado en el que pedía, por un lado, la interrupción, pero por otro hacía a referencia a “salvar las dos vidas”.
A los doctores Gigena y Ousset, que ejercen en el sistema de salud privado, se les convocó precisamente porque ningún médico del sistema público quiso realizar la cesárea a la niña, víctima de retrasos y burocracias que impidieron que se le practicara un aborto temprano. Ambos fueron los únicos que intervinieron en la interrupción del embarazo porque al llegar al quirófano del Hospital “Eva Perón”, todo el personal médico era objetor de conciencia y se negaba a hacerlo.
A pesar de que la propia doctora Ousset es objetora de conciencia (aunque está a favor de la despenalización del aborto) y estaba ahí únicamente para acompañar a su marido, se quedó y ofició de instrumentadora. Los medios reportan que hubo que hacer una microcesárea porque la niña no estaba en condiciones de pasar por otro tipo de intervención y tenía una preeclampsia, es decir, presión muy alta con riesgo para su salud.
“Era más riesgoso continuar con el embarazo que hacer la cirugía. Si no interrumpíamos el embarazo esta nena se moría”, dijo la doctora a la prensa.
“Es una locura, estos grupos pro-vida tienen una opinión y creen que la pueden imponer sobre leyes que existen desde 1921, y quieren ir para atrás, nos quieren llevar a la Edad Media”, dijo el doctor Gigena.
Organizaciones varias como Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) publicaron un comunicado repudiando la denuncia contra los médicos y pidiendo se desestime.
Dijeron que pretende “lanzar un mensaje disciplinador para que médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen”. Organizaciones feministas denunciaron penalmente a las autoridades tucumanas y del sistema de salud provincial por abuso de autoridad.
El gobernador Juan Manzur, la ministra provincial de Salud, Rossana Chahla, el secretario del Sistema Provincial de Salud, Gustavo Vigliocco y la directora del hospital “Eva Perón”, Elizabeth Ávila, fueron acusados de obstaculizar la realización de un aborto no punible y respaldado por la ley.
El caso va a seguir sonando en la sociedad argentina –y fuera de ella.