En uno de los primeros pasos de su política anticorrupción, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, derogó este viernes el acuerdo 320-2023 firmado por el anterior mandatario Alejandro Giammattei.
La medida garantizaba un manto de protección del Estado a un gran número de los exfuncionarios del presidente saliente, a quien Estados Unidos prohibió este jueves su entrada al país debido a acusaciones de venalidad.
“La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos”, sentenció Arévalo por medio de sus redes sociales, citadas por la agencia Prensa Latina.
Mediante el oficial Diario de Centroamérica, el Ministerio de Gobernación divulgó el acuerdo 24-2004 firmado por Arévalo.
El mandatario tomó posesión del cargo hace menos de una semana prometiendo una lucha sin cuartel contra la corrupción, uno de los males estructurales del país centroamericano.
El documento detalló que el Estado de Guatemala se organiza con el propósito fundamental de proteger a la persona y la familia.
Asimismo, estableció que el ministro de Gobernación, a través del director general de la Policía Nacional Civil (PNC), deberá proporcionar protección a las personas que hayan desempeñado los cargos de Ministro de Gobernación y Viceministros de esa cartera.
Incluyó, además, al director general del Sistema Penitenciario, de inteligencia Civil, de la PNC, al director general adjunto de esa fuerza y a Subdirectores Generales de Operaciones, de Investigación Criminal y de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC.
La medida tiene el propósito de resguardar la vida e integridad ante riesgos o amenazas derivadas del cumplimiento de las atribuciones de los cargos, cuya protección puede ampliarse a su núcleo familiar.
Porras, citada
Igualmente, este viernes el presidente Arévalo citó formalmente a la Fiscal General de la nación, Consuelo Porras, para el próximo día 24 y le pidió un informe sobre cuatro situaciones que consideró trascendentales.
Señora Fiscal General Consuelo Porras, le envié una carta.
La espero el próximo miércoles 24 de enero a las 10:00 a.m. en mi Despacho Presidencial para que me presente un informe sobre 4 puntos que son de preocupación para esta Presidencia: Derechos Humanos, Libertad de… pic.twitter.com/zOfruOll3Y
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 19, 2024
La solicitud presidencial incluye información sobre el “avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” y los “criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa”.
Asimismo, inquiere en torno a la “investigación sobre la compra de vacunas de la COVID-19” bajo operaciones de soborno y con fondos del erario; y el “protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH’, de la propia Fiscalía.
Más de una vez, el presidente Arévalo denunció las investigaciones del Ministerio Público contra su partido, Movimiento Semilla, como una herramienta sucedánea de golpe de Estado urdido por los poderes fácticos de Guatemala.
Exfiscal anticorrupción permanecerá en el exilio
Por su parte, el exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021, adelantó que por el momento no proyecta retornar a su país, pese a la victoria de Arévalo de León.
Actualmente con residencia en Washington, Sandoval fue uno de los jurisconsultos que recibió la mayor cantidad de incriminaciones fabricadas por el Ministerio Público en su contra.
Además, ha sido objeto de amenazas del crimen organizado y el narcotráfico en su país, por lo que antes de regresar a Guatemala necesita “garantizar” su seguridad, dijo a la agencia EFE.
Bajo la administración del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei (2020-2024) y de la todavía fiscal general, Consuelo Porras, decenas de fiscales y jueces que combatían la corrupción en el país fueron perseguidos y tuvieron que huir de Guatemala.