La expectativa de vida de una persona trans en la región latinoamericana es de 35 años, la mitad de la media. Ocho de cada diez personas trans fueron víctimas de acoso. Y la discriminación sufrida por esta población en la propia familia, desencadenada por el proceso y el desarrollo del cambio de identidad de género, genera su expulsión y desvinculación temprana del hogar en uno de cada cuatro casos.
Así se desprende del censo y la investigación realizado por el poder legislativo de Uruguay antes de sancionar esta histórica ley.
Uruguay tiene Ley Integral para Personas Trans.El primer país del mundo en tener una norma de esta características.#LeyTransYa #Esley #Fa pic.twitter.com/9oGxFagrx4
— COSSE 2020 (@Cosse20201) 19 de octubre de 2018
La nueva norma establece que:
- El 1% de la planta de trabajadores estatales debe estar compuesta por el colectivo trans. Facilidades para el cambio de nombre.
- La población trans debe contar con servicios específicos de salud para el sector que “apunten a la no discriminación”.
- Los menores de 18 años no necesitan la autorización de sus padres para cambiar su nombre o recibir tratamiento hormonal.
- Las personas trans, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que demuestren haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad como consecuencia de las fuerzas de seguridad, tienen derecho a una reparación económica.
Por personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) se considera en la ley a aquellas que se autoperciben y/o expresan un género distinto al esperado socialmente en función del sexo que les fue legalmente asignado al momento del nacimiento, o bien que viven un género que resiste encuadrarse dentro de los márgenes del binarismo masculino/femenino.
62 en 88 se aprueba en general la #LeyIntegralParaPersonasTrans
¡La lucha paga! 💪💛 Arriba compañerxs!!! pic.twitter.com/hy4WMxA9No— Fiorella Melo (@FiorellaMelo) 19 de octubre de 2018
El proyecto generó polémicas y el debate en el recinto parlamentario duró 10 horas. El apoyo y el rechazo fueron transversales: hubo votos a favor y en contra en cada uno de los partidos, aunque el oficialista Frente Amplio fue quien tuvo la iniciativa.
El objetivo de Uruguay con esta sanción es “revertir los mecanismos de discriminación y estigmatización y garantizar a las personas trans el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía”.