Luis Lacalle Pou asume como el nuevo presidente de Uruguay. Será el más joven en la historia del país y el que puso fin a 15 años de gobiernos de izquierda, que había llegado al poder con el socialista Tabaré Vázquez impulsado por la coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría.
Abogado, exdiputado y senador, Lacalle Pou, de 46 años, lidera una heterogénea coalición de derechas que fusiona el centro con militares, liberales, conservadores, estatistas, católicos y evangélicos. Una alianza que generó el temor entre opositores y críticos de que el país avance hacia políticas de mano dura y recortes presupuestales.
Observadores y analistas han atribuido este triunfo a un mejor desempeño mediático y a un desencanto ciudadano con el gobierno izquierdista saliente, al que sus opositores acusaron en la campaña de carecer de propuestas y liderazgo para resolver los problemas del país, como la inseguridad.
El tema, prioritario entre los uruguayos según encuestas de la última década, ha sido puesto como una de las prioridades del gobierno entrante. De hecho, su coalición trabaja en un anteproyecto de ley de urgente consideración que incluye elevar las penas para varios delitos, como narcotráfico y abuso sexual.
También creará una pena con prisión por resistencia al arresto; ampliará la acción a militares que desempeñan tareas de seguridad; otorgará la legítima defensa para la policía, y brindará el beneficio de repeler a “personas extrañas” al entrar a un establecimiento rural.
Las propuestas del nuevo gobierno han generado inquietud entre los opositores.
“En estos años logramos una policía más profesional con un uso más racional de la fuerza. La policía debe actuar en la represión del delito, pero no con esta autonomía peligrosa que puede generar más violencia”, dijo Charles Carrera, senador electo del Frente Amplio y secretario general del Ministerio del Interior durante siete años.
Para el politólogo Daniel Bouquet, en la izquierda uruguaya prima la visión de “que lo punitivo debe estar basado en garantías y Derechos Humanos”. Por el contrario, dijo, “en la colación del gobierno entrante predomina la mano dura. Derechos individuales, libertades y garantías pasan a ser secundarias. Es el clamor de buena parte de la opinión pública”.
La polarización no es exclusiva del tema seguridad.
“La izquierda promueve el gasto, la incidencia del Estado al servicio de los sectores vulnerables. (La) derecha cree que un Estado debe intervenir lo menos posible. (Que) es una carga y su costo un problema para la competitividad. Hay visiones alternativas sobre las mismas cifras”, dijo Bouquet.
El análisis económico del gobierno electo es que el Frente Amplio gastó “mucho”, “mal” y que las finanzas están más “comprometidas de lo esperado”. Para 2019, el déficit fiscal fue de 4,9%, la inflación de 8,8% y el desempleo de 8,5%.
Sin embargo, más allá de la imagen negativa del gobierno entrante sobre el desempeño de la izquierda, la economía uruguaya crece sostenidamente desde hace 16 años de forma ininterrumpida, aunque en las últimas mediciones la suba ha sido modesta. En 2018 el PIB creció 1,6% y el Banco Central estima que será de un 0,4% para 2019.
Durante su carrera electoral, Lacalle prometió ahorrar 900 millones de dólares anuales, casi el mismo presupuesto que hubieran gastado dos Ministerios de Defensa o 37 millones de dólares menos que el total del Ministerio del Interior. También prometió bajar las tarifas de agua, luz, telefonía y combustibles.
Sin embargo, tras la primera reunión con su antecesor Vázquez, Lacalle auguró una “alta probabilidad” de aumento, además de una depreciación de la moneda local con el tiempo que ya comenzó. El dólar se ubica a 38 pesos y viene en alza, con una marcada tendencia al aceleramiento en el último año: en enero de 2019 estaba a 31 pesos.
La última misión del FMI en Uruguay apuntó “desequilibrios”. “La deuda se incrementó y la inflación permanece fuera del rango meta. (Pero) el entorno político y económico de los próximos años ofrece una oportunidad para abordar las dificultades”, señaló la revisión.
El escenario “no es crítico ni dificultoso, es una situación sólida, lo cual no quiere decir que haya que corregir el terreno fiscal”, opinó el exministro de Economía frentista Mario Bergara.
La evaluación del FMI también reconoció una “posición envidiable”. En 2006 la pobreza alcanzaba al 32,5% de la población y en 2018 había bajado a 8,1%. “Tras década y media de crecimiento robusto, (Uruguay) goza de un elevado ingreso per cápita y tasas bajas de pobreza, desigualdad e informalidad. Gracias a la supervisión y regulación prudencial el sector financiero se mantiene resiliente a pesar de la volatilidad financiera” regional.
Pese al apoyo que recibió en las urnas, el gobierno entrante no está libre de polémicas: están abiertas investigaciones judiciales y acusaciones de clientelismo a intendentes (jefes políticos) del Partido Nacional, la fuerza política del presidente Lacalle Pou. Además, hay un pedido de extradición de la pareja del ministro entrante de Cultura, Pablo Da Silveira. La mujer, Maya Cikurel, es buscada por Panamá por lavado de activos en pagos de sobornos de Odebrecht, dirigidos al entorno próximo y al mismo expresidente panameño Ricardo Martinelli.
La gobernabilidad “no va a ser sencilla”, dijo el politólogo Bouquet.
“El partido del presidente es el más minoritario de la historia. La mayoría conformada es la más heterogénea de los gobiernos uruguayos. Si bien todo puede ocurrir, mantener unida esa mayoría será muy difícil”, opinó.