El presidente de una corte de apelaciones de Brasil cuyos jueces emitieron fallos encontrados sobre si Luiz Inácio Lula da Silva debía ser excarcelado, ordenó el domingo que el exmandatario siga tras las rejas.
Rogerio Favreto, juez en turno del Cuarto Tribunal Federal Regional, había ordenado la excarcelación de Lula el domingo por la mañana. Este hecho generó un espectacular toma y daca judicial durante el día, ya que un juez se negó a cumplir la orden y otro emitió un fallo que contravenía el primero.
La disputa pone de relieve lo polémico que resulta el encarcelamiento de Lula en Brasil, donde algunos lo ven como prueba de que nadie está por encima de la ley, mientras otros opinan que las acusaciones contra el exmandatario tienen como fin impedir que se postule de nuevo a la presidencia.
En las horas posteriores a que se anunció la primera decisión, cientos de partidarios de Lula llegaron a los cuarteles de la policía federal de Curitiba, donde se encuentra encerrado el expresidente. La atmósfera era festiva, ondeaban banderas y gritaban “Lula libre”. Varios cientos también se reunieron en Río de Janeiro para pedir la liberación de Lula.
Tarde el domingo, el presidente del tribunal, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, intervino para tratar de resolver la disputa y falló que Lula debería seguir en prisión.
Analistas opinaron que eso debía dejar el asunto resuelto, al menos por el momento. La defensa siempre podrá apelar a una corte de mayor instancia, y el caos del domingo mostró que la ley brasileña está abierta a la interpretación.
Los abogados de Lula dijeron en un comunicado antes del fallo de Thompson Flores que usarían “todos los medios legales, en procesos judiciales y ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para recalcar que el derecho fundamental del expresidente a un juicio justo, imparcial e independiente ha sido violado permanentemente, y que su encarcelamiento es incompatible con el estado de derecho”.
Maristela Basso, profesora de ley internacional y comparativa de la Universidad de Sao Paulo, aseguró que la decisión de liberarlo parecía “más política que judicial”, pero que podría incrementar la presión sobre el Supremo Tribunal Federal para que libere a Lula. Aún hay una moción para liberarlo pendiente en el máximo tribunal del país, el cual se encuentra en receso.
Lula comenzó a cumplir en abril una sentencia de 12 años de prisión por corrupción en un caso vinculado a la operación “Lava Jato”, una investigación por corrupción de gran calado. El exmandatario ha negado haber cometido delito alguno, y sus abogados alegan que no debió ser encarcelado sino hasta que todas sus apelaciones fueran resueltas. Han presentado varias peticiones para su liberación que habían sido denegadas.
Pero el domingo por la mañana, el juez Favreto ordenó su excarcelación y dijo que ésta le había negado a Lula dos derechos fundamentales: su libertad como civil mientras espera una decisión final de la corte de apelaciones, y su derecho a competir en las elecciones presidenciales de octubre. Lula ha dicho reiteradamente que sigue siendo candidato, y es puntero en las encuestas de intención de voto.
Entonces el juez Sergio Moro, quien declaró culpable a Lula en primera instancia, ordenó a la policía que no cumpliera la orden de excarcelación. Normalmente, Moro sería el juez que instruiría a la policía liberar a Lula, dijo Celso Vilardi, un experto en ley penal y profesor de la universidad Fundación Getulio Vargas.
Favreto respondió ordenando a la policía que cumpliera su orden. Fue entonces que intervino el juez Joao Pedro Gebran Neto, quien está a cargo de manejar el caso de Lula en la corte federal regional, y ordenó que Lula siguiera tras las rejas. Favreto emitió después una nueva orden de liberación.
La situación se extendió por horas. La policía federal se mantuvo en silencio, mientras que expertos jurídicos debatían en televisión cuál decisión debía prevalecer.
A fin de cuentas, Thompson Flores falló contra Lula.
“El presidente de la corte tiene el poder de decisión en este punto”, dijo Luis Claudio Martins de Araujo, profesor de ley constitucional en la universidad IBMEC. El tema “no regresará al juez en turno”.
No obstante, señaló que la defensa probablemente apelará la decisión ante una corte superior. No está claro cuándo podría ocurrir ello, o cómo resolvería.
“La cuestión está muy polarizada, dijo Martins de Araujo. “Es una cuestión judicial, pero también política”.
AP / OnCuba