Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, sugirieron por separado varias opciones para superar la crisis política en Venezuela, entre ellas la repetición de los comicios del pasado 28 de julio en los que oficialmente ganó el gobernante Nicolás Maduro.
Alejándose del reclamo inicial de que sean publicadas las actas desglosadas de las 30 mil mesas electorales, hasta ahora sin mostrar por el Consejo Nacional Electoral, Lula adelantó la conveniencia de nuevos comicios y un Gobierno de coalición en una entrevista este jueves a Radio T de Paraná, sur del país.
Por su parte, Petro divulgó en la red X un detallado plan cuyos pasos serían: “Levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres”.
Ambos mandatarios conversaron este miércoles para coordinar sus posiciones. Para Petro, es vital que la crisis se resuelva pacíficamente, ya que comparte una frontera con Venezuela de más de 2 mil 300 kilómetros. Su país ha acogido en los últimos años a casi tres millones de venezolanos.
La oposición rechaza la iniciativa de nuevos comicios
Entretanto, la opositora María Corina Machado y el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, ambos pertenecientes a la Plataforma Unitaria Democrática, rechazaron tajantemente la propuesta de nuevos comicios en Venezuela.
“Desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo […] la soberanía popular se respeta”, dijo Machado en una conferencia virtual con medios chilenos y argentinos.
“Por favor, ¿en qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual”, dijo Machado en otra de sus entrevistas, esta vez con el diario español El País.
La ley venezolana permite una nueva votación siempre que el Consejo Nacional Electoral o las autoridades judiciales anulen una elección considerada fraudulenta o cuyo resultado haya sido imposible de determinar.
La acción electiva deberá ocurrir en un plazo de entre seis y doce meses en las mismas condiciones que la votación anulada y los mismos candidatos deberán aparecer en la boleta.
Guterres pide transparencia y respalda al panel de la ONU en las elecciones
En Nueva York, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este jueves “transparencia” electoral en Venezuela y dijo que el panel de expertos invitado a observar el proceso sigue con su mandato tras la publicación, el pasado martes, de un informe provisional.
El portavoz de Guterres, Farhan Haq, dijo en su rueda de prensa diaria que el documento provisional del panel, que el oficialismo venezolano calificó de “basura”, “se hizo público bajo la autoridad del secretario general como un procedimiento normal en línea con las políticas de transparencia” de la ONU.
Las autoridades venezolanas han desacreditado tanto el informe del panel de la ONU como los señalamientos críticos del Centro Carter, habiendo sido ambos elogiados previamente en su probidad e invitados a observar los comicios por el Consejo Nacional Electoral.
En Washington, luego de confusas declaraciones de Joe Biden que indicaban su respaldo a una repetición de comicios, la Casa Blanca ha rectificado la afirmación presidencial al indicar que el mandatario se refería a que las autoridades venezolanas deben aclarar los resultados de la justa electoral.
“Está más que claro que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos. Hacemos un llamamiento a que se respete la voluntad del pueblo y a que se inicien los debates sobre una transición que vuelva a las normas democráticas”, puntualizó Sean Savett, uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional.
Las ONG bajo control
En Caracas, mientras tanto, la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó este jueves, de manera unánime, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, que prevé la disolución judicial de las agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa.
De acuerdo a la nueva disposición, las ONG tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”.
Asimismo, las ONG deberán, por ley, notificar “el financiamiento o donaciones” que reciban, a fin de “’asegurar la licitud de los fondos”, además de declarar las “donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes”.