Para Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad de Daniel Ortega han usado armas de guerra para amedrentar a manifestantes antigubernamentales.
Al menos 322 personas murieron y otras 2,000 resultaron heridas, en su mayoría a manos de la policía y grupos paramilitares gubernamentales, desde que comenzaron las manifestaciones. Las protestas fueron en principio contra un nuevo sistema de seguridad social. Ahora son para que renuncie Daniel Ortega.
Los manifestantes, además, resume Amnistía, han sido arbitrariamente arrestados, algunos torturados y al menos 300 procesados, muchos de ellos por cargos de “terrorismo”. Al menos un periodista ha sido asesinado y varios reporteros extranjeros han sido deportados.
El nuevo informe de Amnistía, titulado “Sembrando el terror”, documenta las violaciones de derechos humanos cometidas entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre de 2018 que se llevaron a cabo con conocimiento y por orden de las más altas autoridades,incluido el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Lo que viene sucediendo Amnistía lo enmarca dentro de un plan gubernamental que titula “Operación Limpieza”, si bien se presume que es un plan de Estado. Haya habido órdenes expresas de Ortega o no, él es responsable: según la constitución nicaragüense, el presidente del país es el comandante en jefe de la policía nacional y controla directamente la fuerza.
El informe detalla las pruebas encontradas: gran número de ametralladoras, rifles de francotirador e incluso lanzagranadas propulsadas con cohetes portátiles. Por otro lado, Amnistía reconoce que una minoría de manifestantes antigubernamentales ha usado armas de fuego pero que las mismas han sido de fabricación casera. “Sin embargo, el uso estatal es desproporcionado y en su mayoría indiscriminado”, según Amnistía.
Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, dijo: “La estrategia de represión implementada por las fuerzas de seguridad y los grupos pro gubernamentales en Nicaragua debe investigarse adecuadamente y los responsables deben ser llevados ante la justicia”.
Además, afirmó que “la investigación internacional no solo debe dirigirse a los perpetradores, sino también a los funcionarios, independientemente de su rango y posición política, que ordenaron, permitieron o conocieron las violaciones, pero no hicieron nada para detenerlos”.
El informe se basa en 115 entrevistas que descubrieron seis posibles ejecuciones extrajudiciales. La tortura, por otra parte, se ha utilizado para dar falso testimonio. Varias personas entrevistadas por Amnistía muestran marcas visibles de lesiones.
El reporte podría estar incompleto. Muchas personas están demasiado asustadas para denunciar ataques, incluso muertes, por temor a represalias. Las investigaciones oficiales a menudo son inadecuadas y están dirigidas a identificar líderes de protesta.
Una consecuencia de la persecución generalizada es el desplazamiento interno y la migración forzada de miles de personas, principalmente hacia el sur, a la vecina Costa Rica. Más de 20,000 nicaragüenses han solicitado asilo allí en los últimos seis meses, según el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU.