El verano de 2019 pasará a la historia de Puerto Rico como el momento en que la isla removió por primera vez a dos gobernadores sin apelar al mecanismo electoral. Primero, por la fuerza de la presión social y en la segunda por el accionar del mecanismo jurídico-constitucional.
Las semanas de efervescencia social que antecedieron a la renuncia del Gobernador Ricardo Rosselló sirvieron para romper percepciones y paradigmas enraizados en la psiquis social de la isla.
Se percibía a la sociedad civil puertorriqueña como dócil, poco combativa, manipulada por los discursos melosos y promesas irrealizables de los políticos de turno e incapaz de sacudir los cimientos de su sistema construido a la medida de los intereses partidistas. Bajo el esquema democrático imperante, se les ofrecía la posibilidad de remover en las elecciones siguientes a los políticos que no les cumplían y mientras tanto se mantenían actuando con total impunidad, saqueando el país.
En esas semanas fuimos testigos de cómo el pueblo, cansado de tanta indecencia en el ejercicio del servicio público, fue capaz de unirse más allá de toda ideología para demostrar que tiene capacidad para sacudir el sistema político de la isla. Ese pueblo se movilizó de forma espontánea, convocado a través de las redes sociales, sin tener al frente a algún líder específico, más allá de contar con la capacidad de convocatoria de figuras del mundo artístico.
Vimos una juventud liderando este proceso, lo cual refuta la impresión de que las nuevas generaciones de puertorriqueños no se interesaban en la política. Estos jóvenes fueron capaces de dejar Netflix, Instagram y los videos juegos, para lanzarse a las calles con esa frescura y energía que da los años mozos, pero impregnados de civismo e indignación por la corrupción y el desprecio que el grupo de políticos y sus alabarderos del círculo de Rosselló profesaban hacia las masas que lo colocaron en el poder. Sin lugar a dudas, estos fueron signos de nuevos tiempos.
El segundo acto tuvo como protagonista al Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien, por unanimidad declaró como inconstitucional la controversial juramentación de Pedro Pierluici como Gobernador, reemplazante del renunciante Rosselló. La decisión del alto foro judicial provocó la salida de un segundo gobernador en menos de una semana y reafirmó al alto foro judicial como una de las pocas instituciones sólidas en el escenario estatal y político del país.
Cuando en septiembre de 2015 Ricardo Rosselló lanzó oficialmente su candidatura a la gobernación, invitó a los electores a que le acompañaran a “construir un nuevo Puerto Rico” y prometía hacerlo con credibilidad y transparencia. Pero los escándalos de corrupción y sobre todo la filtración del chat con comentarios ofensivos para diversas personas y sectores, demostraron que él era y fue algo de lo mismo. Como lo vimos también en la actuación de los líderes partidistas, quienes con su lentitud para actuar demostraron que priorizaron sus intereses políticos por encima de la solución rápida de la crisis de ingobernabilidad que se forjó y que llevó a la isla a una virtual parálisis con importantes pérdidas económicas.
Tras la juramentación de un tercer gobernador, en este caso la Secretaria de Justicia siguiendo la línea de sucesión establecida en la Constitución de Puerto Rico, el país tratará de volver a la normalidad, la cual no es tan normal. Se retornaría a la realidad de un Estado en quiebra, con una economía desfallecida, que es incapaz de retener a sus profesionales, a sus talentos.
Es hora de usar esas energías probadas en las calles para construir un nuevo Puerto Rico, pero no de la forma concebida por Rosselló. Ese nuevo Puerto Rico tiene que enfrentar las tareas del desarrollo, donde tiene que ser capaz de generar riqueza que pueda ser canalizada hacia todos los sectores sociales, única garantía para lograr la prosperidad. En este esfuerzo, hay que entender, que se requerirá de una nueva mentalidad, de medidas poco felices, de sacrificios en el corto plazo en función de un mejor futuro.
Este nuevo Puerto Rico tiene que ser capaz de construir también un nuevo modelo democrático que garantice la transparencia y la decencia en el ejercicio del servicio público. No nos equivoquemos. El patrón de comportamiento de Rosselló y sus allegados no era exclusivo de ellos. La corrupción ha sido rampante la isla y el engaño y la manipulación del pueblo ha sido posible porque el sistema democrático y el orden institucional vigente tienen significativas fisuras. Es necesario pensar en una nueva Constitución, que entre otras disposiciones, garantice la implementación de mecanismos de fiscalización permanente de la sociedad civil.
Esa sociedad civil probó sus fuerzas y entendió que son la verdadera fuente de la democracia. Respetémosla y contemos con ella para la construcción de ese nuevo Puerto Rico.