Bolivia pide salida de diplomáticos de España y México

Ambos gobiernos responden.

Una señalización muestra la embajada mexicana en Bolivia. Foto: Luis Gandarillas/AP.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, declaró hoy lunes personas no gratas a la embajadora de México, a la encargada de Negocios y al cónsul de España, a quienes dio 72 horas para abandonar el país.

De acuerdo con la narrativa oficial, cuatro funcionarios de seguridad de la embajada de España en Bolivia acudieron el viernes con el “rostro cubierto y presumiblemente armados” a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, donde están asilados nueve exfuncionarios del exmandatario Evo Morales. El gobierno boliviano rechaza concederles un salvoconducto y los acusa de delitos comunes, según la canciller Karen Longaric.

Bolivia expulsó a Cristina Borreguero, encargada de Negocios en la Embajada en La Paz, y a Álvaro Fernández, cónsul de España. Según las declaraciones del Gobierno de Áñez, ambos diplomáticos y la embajadora mexicana en la Paz, María Teresa Mercado, se involucraron en un reciente “incidente” denunciado por Bolivia el 27 de este mes.

Las cancillerías de España y México afirmaron por separado que se trató de una “visita de cortesía” y que no hubo intención de liberar a los refugiados bolivianos.

El gobierno español rechazó “tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en asuntos internos de Bolivia” y tildó las afirmaciones de “falsas teorías conspiratorias”.

“España exige que el actual gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y recupere el buen sentido de confianza entre nuestros países”, dijo el gobierno español en un comunicado.

España respondió con reciprocidad inmediata expulsando a tres funcionarios bolivianos de Madrid. El gobierno español también exigió a Áñez que “recondujera” y “desescalara” los contenidos de sus afirmaciones.

El gobierno mexicano, por su parte, pidió a su embajadora en La Paz regresar de inmediato a su país para “resguardar su seguridad e integridad”.

La Cancillería señaló en un comunicado que la embajadora “siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Derecho Internacional”.

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