Bajo la administración Trump, miles de niños, adolescentes y jóvenes emigrantes han permanecido durante meses bajo custodia de la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR por sus siglas en inglés). Según expertos, esto los ha colocado en gran riesgo por una preocupación conocida: las autolesiones.
Se ha documentado que jóvenes emigrantes se autolesionan bajo custodia federal, incluso en instalaciones supuestamente seguras. Una queja contra el Shenandoah Valley Juvenile Center, Virginia, sostiene que allí varios niños trataron de beber champú; otros, cortarse brazos y muñecas con plástico o vidrio; en un caso, uno se golpeó la cabeza contra la pared hasta sangrar. En el Centro de Detención Juvenil del condado de Yolo, California, cinco de dieciocho se autolesionaron al menos una vez entre diciembre de 2016 y marzo de 2017.
De acuerdo con expertos, en esas autolesiones pueden influir muchos factores, incluidos problemas previos de salud mental y abuso. Los adolescentes y jóvenes encarcelados tienen mayores índices de intentos de suicidio y suelen emplear métodos más violentos.
En condiciones de detención, los niños específicamente pueden sufrir traumas que aumentan sus sentimientos de ansiedad y estrés. Los funcionarios pueden ponerlos en un ambiente punitivo, en vez de uno que les proporcione la atención de salud mental apropiada.
En efecto, durante los últimos meses la ORR ha experimentado una verdadera avalancha de niños, adolescentes y jóvenes como resultado de la política de “tolerancia cero” de la administración Trump. No acompañados, constituyen una población particularmente vulnerable: con frecuencia han sufrido traumas antes de llegar. Algunos arribaron a Estados Unidos huyendo de abusos y violencia en sus respectivos países; otros hicieron un viaje peligroso y fueron separados por la fuerza de sus padres.
En esos campamentos, recientemente caracterizados ante el Congreso por un funcionario de la administración Trump como “campamentos de verano”, pueden aparecer también problemas tan graves como el acoso sexual.
Un reportaje de Propublica, de los periodistas Topher Sanders y Michael Brabell, acaba de dar a conocer que Levian Pacheco, un individuo VIH positivo, le practicó sexo oral a dos jóvenes e intentó penetrar analmente a otro en una de las instalaciones que opera la empresa Southwest Key, Arizona.
Otros seis muchachos, de entre 15 y 17 años, declararon que Pacheco los manoseó sobre o por debajo de la ropa.
Todos los incidentes fueron reportados entre agosto de 2016 y julio de 2017. “Uno de los muchachos decidió hablar sobre lo que le había pasado, y luego fue como una nevada donde otro, su compañero de cuarto, dijo que le había sucedido lo mismo”, declaró Grabell a CBS News.
Desde mayo de 2016 Pacheco trabajaba en la Casa Kokopelli, uno de esos centros. Sus facilidades fueron colimadas en 2017 por el Departamento de Servicios de Salud de Arizona debido a no chequear los antecedentes penales de los aspirantes a empleados a fin de comprobar que antes no hubiesen cometido delitos sexuales o de otra naturaleza.
En agosto de 2017 a este individuo, ex custodio de los US Marshals, se le impusieron cargos por abuso sexual infantil después de una investigación conjunta de las autoridades locales y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Esta semana, después de varios informes sobre la existencia de problemas graves en esas instalaciones, el senador Charles Grassley (R-Iowa) y la senadora Dianne Feinstein (D-California) solicitaron al Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos investigar las acusaciones de abuso sexual y físico en esos campamentos.
“Estas acusaciones demuestran un patrón de abuso que justifica una investigación exhaustiva de los reclamos, incluido el proceso y procedimiento mediante el cual se contrata, capacita y examina a los guardias o al personal contratado”, escribieron los senadores en una carta al funcionario.
Las revelaciones se produjeron un día después de que la policía local diera a conocer que otro trabajador de otra instalación de Southwest Key, Fernando Magaz Negrete, era sospechoso de abusar sexualmente de una niña de 14 años.