El Congreso aprobó un proyecto de ley para revisar el proceso del manejo de demandas por acoso y abuso sexual, cerrando un tumultuoso año en donde más de media decena de legisladores renunciaron por acusaciones de este tipo.
La ley aprobada en ambas cámaras hace responsable financieramente a los legisladores, incluso aquellos que dejan el puesto, de los acuerdos que resulten por demandas de acoso y represalia, pero no cubre casos de discriminación.
También descarta la obligada terapia y conciliación para las víctimas, y elimina el periodo para “tranquilizarse” que ahora están obligados a guardar antes de demandar o pedir una audiencia administrativa.
La propuesta de ley ahora se dirige al presidente Donald Trump, de quien se espera que la apruebe.
La ley da acceso a un consejero confidencial que es abogado y podrá ofrecer consejo y guía legal, pero no podrá representarlos. También requiere que se reporten públicamente los acuerdos, incluida la identificación de los legisladores que están vinculados personalmente, y extiende las protecciones para incluir a los pasantes, temporales y otros empleados.