La Corte Suprema de Estados Unidos dio este viernes una victoria a la administración Biden al autorizarle aplicar la política que escoja en materia de deportación de inmigrantes indocumentados.
Por una mayoría de ocho contra nueve, el Tribunal rechazó, por razones de procedimiento, una apelación presentada por los estados de Texas y Luisiana en manos de gobernadores republicanos.
La sentencia permite que entre en vigor una directiva adoptada en septiembre de 2021 por el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, que reclamaba a la Policía de Migración (ICE) centrar sus esfuerzos en los extranjeros que supongan una amenaza terrorista o delictiva y los que entraron al país después del 1 de noviembre de 2020.
Más de once millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos. “No tenemos recursos para arrestar y deportar a cada uno de ellos”, dijo Mayorkas.
La directiva fue impugnada ante la justicia por las autoridades de Texas y Luisiana alegando que generarían costos adicionales en materia de educación, policía y servicios sociales.
Un juez federal falló a su favor en junio de 2021 y bloqueó la implementación de esta política.
La administración Biden recurrió a la Corte Suprema, la que finalmente estuvo de acuerdo con su enfoque.
“Los estados pretendían que la justicia federal ordenara al ejecutivo modificar su política de detenciones para proceder a más detenciones”, pero la Corte Suprema ha aclarado en numerosas ocasiones que solo las personas que son objeto de esa política pueden cuestionarla, explicó el magistrado Brett Kavanaugh en nombre de la mayoría del tribunal.
“En aplicación de este principio fundamental […] concluimos que los estados no tienen potestades para interponer esta demanda”, señaló.
“La decisión no debe entenderse como una sugerencia de que el ejecutivo tiene total libertad” en la materia, aclaró, dejando la puerta abierta a futuras demandas.
Este tema, que divide profundamente a la sociedad estadounidense, va a ser uno de los principales de la campaña presidencial de 2024.