La Corte Suprema envió a un tribunal inferior un caso sobre si el próximo Censo de población debería contener una pregunta sobre ciudadanía. La decisión marca un revés para la administración Trump.
El presidente del tribunal, John Roberts, se unió al ala liberal de la Corte en un dictamen 5-4, según el cual el gobierno no dio una razón adecuada para agregar esa pregunta al conteo poblacional.
El tribunal dejó así abierto un camino que podría permitir que se agregue la pregunta, pero requeriría del gobierno actuar de manera expedita, presentar una nueva fundamentación y ganar un litigio judicial.
La administración argumentó que esa pregunta era necesaria para hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación.
La decisión se percibe como una victoria para los grupos de derechos civiles.
Los críticos argumentan que la administración Trump quería reducir el número de personas que cuentan como minorías en los distritos demócratas.
Ayer jueves Trump tuiteó que les pedirá a los abogados buscar formas de retrasar el Censo.
Seems totally ridiculous that our government, and indeed Country, cannot ask a basic question of Citizenship in a very expensive, detailed and important Census, in this case for 2020. I have asked the lawyers if they can delay the Census, no matter how long, until the…..
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de junio de 2019
“Parece totalmente ridículo que nuestro gobierno, y de hecho el País, no puedan hacer una pregunta básica sobre la ciudadanía en un Censo muy costoso, detallado e importante, en este caso para 2020”, dijo.
“Le he preguntado a los abogados si pueden demorar el Censo, sin importar cuánto tiempo, hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos reciba información adicional a partir de la cual pueda tomar una decisión final y decisiva sobre este asunto tan crítico”, concluyó.
En Estados Unidos se hace cada diez años. El primero se realizó en 1790, según lo estipulado por la Constitución. El Censo brinda la base para la redistribución de escaños en el Congreso, el recomodo de distritos y la distribución anual de más de 675 mil millones de dólares en fondos federales para respaldar los programas vitales para los estados, condados y comunidades.