El Departamento de Justicia argumentó el viernes que un tribunal de apelaciones debería revocar el fallo que nombró a un perito independiente para revisar los más de 10 000 documentos incautados por el FBI durante el registro efectuado en agosto de la casa del expresidente Trump.
En una presentación ante el Circuito 11, el Departamento de Justicia desestimó el fallo de un tribunal inferior a favor de Trump, así como el argumento del expresidente de que debería contar con perito independiente para revisar la evidencia recopilada en Mar-a- Lago.
“El registro no impugnado demuestra que la búsqueda se realizó de acuerdo con una orden judicial autorizada, y no ha habido violación de los derechos del demandante, y mucho menos un desprecio insensible por los mismos”.
“El demandante”, escribieron, “no cumplió con su obligación de establecer la necesidad de los registros incautados —de hecho, un número considerable de ellos ni siquiera son suyos— o de establecer cualquier daño irreparable en su ausencia”, escribió el Departamento de Justicia”.
La presentación se produce después de que el Departamento de Justicia ganó una batalla inicial ante el Circuito 11, que acordó desviar unos 100 registros clasificados de la revisión de un perito independiente. Esa opinión también sugirió que la jueza del tribunal federal de distrito con sede en Florida, Aileen Cannon, se equivocó al nombrar a ese perito.
Según el Departamento, Trump no demostró y Cannon no sopesó completamente cada aspecto de las pruebas legales necesarias antes de que un tribunal pueda imponer límites a una investigación federal. Eso incluye si los funcionarios mostraron un “desprecio insensible” por los derechos de alguien, y si serían “lesionados irreparablemente” al no obtener la devolución de su propiedad, ninguno de los cuales Trump puede justificar.
El informe reiteró muchos de los argumentos que el Departamento transmitió por primera vez al tribunal de distrito: Trump no puede usar el privilegio ejecutivo para bloquear las funciones del actual ejecutivo y tampoco tiene derecho a los registros presidenciales, que no son de su propiedad personal. Pero también hizo afirmaciones más contundentes sobre por qué necesita los registros, tanto clasificados como no clasificados, para ayudar en la investigación.
Trump: los presidentes pueden desclasificar documentos “incluso pensando en ello”
El Departamento de Justicia detalló cómo los registros no clasificados, y la forma en que se mezclaron los registros clasificados con ellos, son evidencia en sí mismas. “Las fechas en los registros no clasificados pueden resultar altamente probatorias en la investigación del gobierno. Por ejemplo, si algún registro se mezcla con los registros que tienen marcas de clasificación posteriores a la fecha del mandato del demandante, eso podría establecer que se siguió accediendo a estos materiales después de que el Demandante dejó la Casa Blanca”, escribió el Departamento de Justicia“.
En resumen, los registros no clasificados que se almacenaron conjuntamente con registros que llevan marcas de clasificación pueden identificar quién fue responsable de la retención no autorizada de estos registros, los períodos de tiempo relevantes en los que se crearon o accedieron a los registros, y quién pudo haber accedido o visto, continuó.
El Departamento de Justicia también señaló las afirmaciones de Trump de que habia desclasificado los registros, lo cual no es un tema central para ninguno de los delitos evaluados, y señaló que “en sus innumerables presentaciones, sin embargo, el demandante nunca ha representado realmente, y mucho menos ofrecido evidencia de haber desclasificado los registros incautados”.
El gobierno también reiteró por qué Trump no tiene derecho a ninguno de los registros. “El demandante no puede invocar el privilegio ejecutivo para prohibir la revisión y el uso de sus propios registros por parte del poder ejecutivo. Cualquier afirmación de privilegio ejecutivo se haría de manera similar contra ‘el mismo poder ejecutivo en cuyo nombre se invoca el privilegio’”.