En su primera declaración pública tres días después de que agentes federales irrumpieran en Mar-a-Lago, la casa del ex presidente Donald Trump en el sur de Florida, el secretario de Justicia, Merrick Garland, salió al ruedo público para decir dos cosas básicas: que autorizó la orden de allanamiento, ratificada por un juez de federal de West Palm Beach, y que le pidió a otro dar a conocer el contenido de la orden de allanamiento en la que se espera encontrar las razones y el objeto de las búsquedas, presumiblemente documentos confidenciales sacados por el ex mandatario de la Casa Blanca.
Garland también señaló que el Departamento no comentó sobre el hecho el día en que ocurrió, sino que fue confirmado por Trump esa misma noche. Dijo que se proporcionaron copias de la orden y el recibo a los abogados del ex presidente, que estaban en el lugar a esa hora.
“El Departamento [de Justicia] presentó la moción para hacer pública la orden y el recibo como confirmación pública del registro, las circunstancias y el interés público sustancial en este asunto”, dijo Garland.
Es más, “la adhesión fiel al estado de derecho es el principio fundamental del Departamento de Justicia y de nuestra democracia. Defender el estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme sin temor ni favoritismo. Bajo mi supervisión, eso es precisamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia”.
La declaración se produce después de días de silencio del Departamento, y de protestas de sectores republicanos. Trump y sus aliados sostuvieron sin pruebas que se trataba de un ataque por motivaciones políticas. No comentar es la práctica normal del Departamento en caso de investigaciones en curso.
Garland enfatizó que parte del trabajo del Departamento debe realizarse fuera de la vista pública. “Hacemos eso para proteger los derechos constitucionales de todos los estadounidenses y para proteger la integridad de nuestras investigaciones”, dijo, al tiempo que rehusó responder preguntas de periodistas y aseveró que no daría más detalles.
Por otro lado, el Departamento de Justicia pidió a un juez federal divulgar los contenidos de la orden de allanamiento.
El FBI ejecutó la orden el pasado lunes por la mañana como parte de una investigación sobre el manejo de documentos presidenciales por parte de Trump, incluidos documentos clasificados, tras el pitazo de un informante confidencial.
“El 8 de agosto de 2022, el Departamento de Justicia ejecutó una orden de allanamiento, emitida tras la determinación requerida de ‘causa probable’, en las instalaciones ubicadas en 1100 S. Ocean Blvd., Palm Beach, Florida 33480, una propiedad del ex presidente Donald J. Trump”, dice la moción.
“En el momento en que se ejecutó la orden, el Departamento notificó directamente al abogado del ex presidente Trump. El Departamento no hizo ninguna declaración pública sobre la búsqueda, que aparentemente atrajo poca o ninguna atención pública mientras se llevaba a cabo.
Más tarde, ese mismo día, el ex presidente Trump emitió una declaración reconociendo la ejecución de la orden. En días posteriores, la orden de allanamiento y los materiales relacionados han sido objeto de gran interés público y partidista, por lo cual su contenido debe ser revelado, según la entidad federal.