Todos en Florida saben que el ratón Mickey es un potentado. Bueno, todos menos, aparentemente, el gobernador Ron DeSantis, a quien no le importa que el parque temático Disneyworld emplee a 45 mil personas con un salario mínimo de 15 dólares la hora, cuando en este estado es de 11.
Pero va a ser más. Antes de fin de año los trabajadores de Disney van a ganar 18 dólares la hora tras un intenso cabildeo con la administración en el que salió a relucir el poder de la marca Disney y la capacidad de negociación de sus empleados.
El gobernador no parece haber entendido este detalle porque Ron DeSantis y Walt Disney Co. están envueltos en una disputa cada vez más amarga: comenzó cuando la compañía criticó una ley de Florida el año pasado, lo que ha llevado a un duelo de demandas y contrademandas.
El 26 de abril el gigante del entretenimiento demandó al gobernador republicano en un tribunal federal alegando que estaba “armando” al Gobierno estatal en represalia por las críticas de la compañía a una ley que prohíbe la discusión en el aula sobre sexualidad e identidad de género. Los opositores etiquetaron la medida como la ley “No Digas Gay”.
A fines de los años 90 del siglo pasado, Disney fue la primera gran compañía de Florida que hizo extensivo beneficios laborales, como seguros y subsidios, a las parejas del mismo sexo de sus empleados. Esto provocó una andanada de críticas por parte de los republicanos y la iglesia católica.
Por eso algunos observadores han comentado que esta pelea pudiera tener un fondo ideológico porque Disney tiene una política muy liberal con sus empleados. Pero también están sus conocidas contribuciones a los demócratas.
En esta demanda federal, la compañía alega que DeSantis reunió a la legislatura controlada por los republicanos para contratacar a Disney y tomar el control de la junta administrativa del distrito, creada en 1967, que ayudó a Disney a desarrollar parques temáticos y hoteles. Esta junta también ha sido demandada.
Pero en lugar de responder en un tribunal federal, el estado contrademandó a Disney en un tribunal estatal y nombró una junta administradora afín a DeSantis.
Otra demanda de Disney sostiene que DeSantis violó las protecciones de la compañía al no tener en cuenta la Constitución de Estados Unidos, incluido el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Primera Enmienda.
Además, que violó el debido proceso, los contratos y las cláusulas de expropiación de la Constitución al declarar nulos los acuerdos de desarrollo de la empresa, pactados con la antigua junta. Disney está pidiendo al tribunal anular las leyes que amparan la creación de la nueva administración del distrito.
Ahora mismo el caso de Disney avanza ante el juez federal Mark Walker, en Tallahassee. Y el caso del distrito de Florida está en un tribunal estatal ante la jueza Margaret Schreiber, en Orlando.
El distrito podría presentar una moción en un tribunal federal para pedirle a Walker desestimar o detener provisionalmente el caso federal de Disney. Las doctrinas legales sostienen que los jueces federales deben abstenerse de escuchar un caso en el que se encuentre involucrado un procedimiento judicial estatal.
Lo curioso es que ambos casos podrían proceder simultáneamente. Si bien las teorías legales son diferentes, se pidió a ambos tribunales decidir si los acuerdos entre Disney y la junta anterior eran válidos. Es entonces posible que los jueces lleguen a respuestas contradictorias.
Mientras, los parques temáticos siguen siendo el segmento comercial más exitoso de Disney. En el año fiscal 2022, la división de parques de Disney obtuvo 7 900 millones de dólares en ganancias operativas.
De acuerdo con Politico, DeSantis está cayendo en desgracia con un segmento importante de donantes republicanos de mucho dinero: Wall Street. Más de una docena de banqueros, abogados y consultores le han perdido la estima debido a su guerra vs. Disney.