Un grupo de legisladores federales demócratas envió una carta a la Casa Blanca expresando su desaprobación sobre la reimplantación del programa “Quédate en México”. Instaron al presidente Biden a revertir su expansión condenando el uso de medidas xenofóbicas parecidas a las de la administración Trump.
“Le escribimos para expresar nuestra alarma sobre la reimplementación del programa ‘Quédate en México’ (conocido formalmente como Protocolos de Protección del Migrante o MPP)”. La carta la firman 14 senadores y 23 diputados del partido del presidente. Señalaron que el programa, frenado por el presidente y su secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, tuvo que ser reiniciado por orden judicial, pero argumentan que ello no exime al gobierno de “reducir su costo humano”.
Escribieron: “estamos particularmente decepcionados por la decisión de su gobierno de ampliar este programa a nuevas poblaciones como los migrantes haitianos, limitar acceso a abogados, ampliar el programa a nuevos puertos de entrada en la frontera, y por la ausencia de un plan para priorizar el procesamiento de los que siguen en espera bajo el MPP desde el gobierno anterior”.
“Estas opciones sugieren que su administración ha tomado la decisión de normalizar una política cruel de ‘disuasión’ que fracasa al abordar las causas de fondo de la migración”, enfatizan los legisladores, encabezados por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, y la diputada Verónica Escobar de El Paso, junto con colegas como los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Patrick Leahy y Cory Booker, y diputados como Joaquín Castro, Jesús “Chuy” García, Raúl Grijalva, Alexandria Ocasio Cortez y Rashida Tlaib.
Recuerdan que el gobierno de Biden condenó este programa desde un inicio porque “causa costos humanos injustificables e intolerables”. Señalan que las consecuencias humanitarias para los solicitantes de asilo retornados a México bajo el programa incluyen más de 1 500 casos reportados de violencia, violaciones sexuales, secuestros y homicidios, y que las zonas fronterizas de México donde se implementa el programa son las mismas donde hay alertas contra viajes emitidas por el Departamento de Estado.
Indican que al poner a nuevas nacionalidades en el programa, la administración somete los solicitantes de asilo a esos peligros. “Creemos que no hay una manera legal, segura y humana para implementar ‘Quédate en México'”. Señalan que el gremio de empleados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos condenó a principios de diciembre la reimplementación del programa. Cincuenta jueces de inmigración criticaron su reinicio por su falta de imparcialidad y transparencia.
Y concluyen: “Finalmente, solicitamos que el gobierno y a la DHS (secretaria de Seguridad Interna) que dejen de depender de esta política xenofóba y den prioridad a la expansión de canales legales a Estados Unidos y protecciones a refugiados en el hemisferio occidental. Hasta que estén disponibles estos canales legales, Estados Unidos tiene que reiniciar el acceso seguro y ordenado a nuestro sistema de asilo y dejar de retornar a los solicitantes de asilo al peligro en violación de nuestras leyes. Después de cuatro años de políticas antinmigrantes crueles… el regreso a políticas de disuasión fracasadas no va a resolver la migración regional”.