El expresidente Donald Trump ya está bajo una investigación criminal por presuntos negocios ilícitos de sus dominios, sus relaciones personales con el empresariado nacional y extranjero y las posibilidades de haber obtenido pingües ganancias mientras ejerció la presidencia. Se trata hasta ahora de la quinta investigación sobre sus actividades.
Esto último es mucho más difícil de abordar porque el exmandatario no tiene, legalmente, que dar explicaciones sobre sus actos mientras estuvo en la Casa Blanca. Pero como antes asumir el cargo pasó la responsabilidad de la gestión de sus negocios a sus hijos, particularmente a Eric Trump, sin abdicar de su acceso a las ganancias, una investigación sobre los negocios de la familia termina por abarcarlo.
El martes por la tarde la oficina de la fiscal general del distrito sur de Nueva York, que incluye la isla de Manhattan –donde se encuentra la sede de la organización Trump–, confirmó haber iniciado una investigación criminal sobre la empresa del expresidente.
“Hemos informado a la Organización Trump que nuestra investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil. Ahora estamos investigando activamente a la Organización Trump en calidad de criminal, junto con el fiscal de distrito de Manhattan”, confirmó Fabien Levy, portavoz de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Esto significa que Trump ahora enfrenta dos investigaciones activas en su antiguo estado de residencia: una por James y la otra por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr.
Fiscalía de Nueva York nombra fiscal especial para investigar finanzas de Trump
La pesquisa criminal de James trata de descubrir si la compañía de Trump mintió sobre el valor de las propiedades para garantizar préstamos y obtener beneficios económicos y fiscales, entre ellos la reducción de impuestos o resarcimientos ilegales.
El colimador de la investigación está dirigido hacia el edificio empresarial de Trump en la ciudad de Nueva York, así como oficinas, tiendas y apartamentos residenciales en la céntrica Quinta Avenida, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Los dos campos de golf en Miami y Escocia no están todaví incluidos en la indagación.
James logró abrir la investigación criminal después de que la fiscalía pudo ganar una serie de fallos judiciales que obligaron a la empresa de Trump y al bufete de abogados que contrató a entregar una gran cantidad de registros.
La oficina de Vance ha señalado en documentos judiciales que estaba investigando “una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada” en la Organización Trump, tipificada como fraude fiscal, de seguros, y falsificación de registro comerciales. Aparentemente, la Organización Trump usó empresas pantalla para ocultar su participación en el negocio inmobiliario mientras “el Donald” era presidente.
La clave para la investigación fue la confesión del abogado del exmandatario, Michael Cohen, quien admitió que pagó a dos mujeres para que silenciaran sus presuntas relaciones con Trump por servicios sexuales antes de las elecciones del 2016.
Los lineamientos del Departamento de Justicia no permiten que un presidente sea encausado mientras está en el ejercicio del cargo, aunque sí puede ser investigado por presuntas irregularidades que haya cometido antes de la presidencia, lo que es el caso.
La investigaciones de James y de Vance se superpusieron en algunas áreas, según precisó la cadena Univisión.
Este miércoles, la investigación de la fiscalía de Vence logró una sustancial victoria cuando obtuvo una deposición por parte de Allen Weisselberg, el hombre que controla las finanzas del exmandatario en su capacidad de jefe de finanzas de la Organización Trump. Es más, su exnuera, Jen Weisselberg, ha entregado a los investigadores una gran cantidad de documentos mientras analizan cómo se compensó a algunos empleados de Trump con apartamentos o matrículas escolares.
No obstante, la revelación de James de una investigación cada vez más amplia no es necesariamente una indicador de que esté planeando presentar cargos penales. El caso tendría que pasar por un jurado de instrucción que, en Estados Unidos, son usualmente muy duros pese a que sus deliberaciones e investigaciones son confidenciales.