El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó hoy jueves a Texas por una nueva ley estatal que prohíbe los abortos, argumentando que fue promulgada “en abierto desafío a la Constitución”.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Texas, solicita a un juez federal que declare a la ley inválida “para prohibir su aplicación y para proteger los derechos que Texas ha violado”.
“El acto es claramente inconstitucional según el precedente de la Corte Suprema de larga data”, dijo el fiscal general Merrick Garland en una conferencia de prensa anunciando la demanda.
El Departamento de Justicia argumenta que la ley infringe los derechos constitucionales de las mujeres y viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que dice que la ley federal reemplaza a la ley estatal.
A los funcionarios federales también les preocupa que otros estados puedan promulgar leyes similares que “privarían a sus ciudadanos de sus derechos constitucionales”, dijo. “Es una ley constitucional establecida que ‘un estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad'”, se lee en la demanda. “Pero Texas ha hecho precisamente eso”.
La ley de Texas, conocida como SB8, prohíbe los abortos una vez que los médicos puedan detectar actividad cardíaca en el feto, generalmente alrededor de las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.
Los tribunales han impedido que otros estados impongan restricciones similares, pero la ley de Texas difiere significativamente porque deja la aplicación a los ciudadanos privados mediante demandas civiles en lugar de fiscales penales.
A principios de esta semana, Garland prometió que el Departamento de Justicia intervendría para hacer cumplir una ley federal conocida como Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a Clínicas. Esa ley, comúnmente conocida como la Ley FACE, normalmente prohíbe obstruir físicamente el acceso a las clínicas de aborto bloqueando las entradas o amenazando con usar la fuerza para intimidar o interferir con alguien. También prohíbe dañar la propiedad en las clínicas de aborto y otros centros de salud reproductiva.
La demanda presentada hoy jueves busca una orden judicial inmediata para prohibirla implementación de la ley en Texas. Según el estatuto, alguien podría entablar una demanda, incluso si no tiene conexión con la mujer que se hace un aborto, y podría tener derecho a al menos $10 000 en daños si prevalece en la Corte. “La intención obvia y expresamente reconocida de este esquema legal es evitar que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales frustrando la revisión judicial”, dijo Garland.
La ley de Texas es el freno más grande al aborto desde que la Corte Suprema afirmó en la histórica decisión de 1973 Roe vs. Wade en el sentido de que las mujeres tienen el derecho constitucional al aborto.
Los proveedores de servicios de aborto han dicho que cumplirán. Algunas de las aproximadamente dos docenas de clínicas de aborto texanas han dejado de ofrecer temporalmente sus servicios. Mientras tanto, las clínicas en los estados vecinos han visto un aumento de las pacientes de Texas.
Texas Right to Life, el grupo antiaborto más grande del estado e impulsor de la ley, dijo el jueves que ya estaba trabajando con otros estados para aprobar medidas similares. “La estratagema de la administración Biden representa un intento desesperado por detener una ley que salva vidas por cualquier medio necesario”, dijo el grupo en un comunicado.