El sistema escolar del condado Miami-Dade consumó su rebelión contra el gobernador Ron DeSantis, al aprobar este miércoles por la tarde el uso de las mascarillas por parte del estudiantado en las clases a partir del 23 de agosto, para protegerse de la pandemia de la COVID-19.
El gobernador prohibió el empleo de las mascarillas el mes pasado, a no ser con el permiso expreso de los padres, y llegó a amenazar a los funcionarios escolares con dejarles de pagar el sueldo si obligaban a los estudiantes a asistir a clases con ellas. Uno de los principales opositores es el superintendente Alberto Carvalho, quien siempre se opuso a la prohibición e hizo una fuerte campaña al respecto.
La medida fue aprobada por siete de los comisionados escolares, con la oposición de la comisionada Lubby Navarro, considerada una férrea aliada del gobernador DeSantis.
Miami-Dade se une así a los condados Broward, Alachua, Palm Beach y Hillsborough en el uso de las mascarillas en las escuelas “para proteger a los estudiantes y profesores contra la COVID-19”, destacó el superintendente escolar del condado.
En la reunión, también se precisaron los lineamientos y protocolos para el regreso a las clases presenciales de los estudiantes de “forma segura” para evitar el contagio con el coronavirus.
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El cónclave tuvo sus pequeños altercados cuando grupos de padres de familia se manifestaron fuera de las instalaciones de la junta escolar y choques con grupos contrarios, aunque la policía no tuvo que intervenir.
El miércoles por la mañana, las autoridades estatales de Educación volvieron a insistir en las amenazas de DeSantis, de que podría despedir a funcionarios escolares —que son electos popularmente en elecciones abiertas— si no dejaban a los padres decidir sobre el uso de las máscaras por los alumnos.
El comisionado de Educación, Richard Corcoran, señaló que, además de suspender los subsidios a los distritos docentes, que afectan principalmente el desayuno y el almuerzo escolar, podrían acudir a “otras penalidades” como “suspender funcionarios”. Sin embargo, todavía no hay una ley específica que pueda poner eso en práctica.
Se espera que el gobernador y personal de su entorno acudan a un juez estatal para seguir intentando imponer su voluntad.