Después de donar 100 millones de dólares a la campaña demócrata en Florida, el excandidato a la nominación presidencial y antiguo alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, acaba de dar 15 millones para pagar las cuentas judiciales de expresos comunes a fin de que puedan votar en las presidenciales.
Por una ley aprobada recientemente por la legislatura estatal, los exconvictos no pueden ejercer el derecho al voto hasta no liquidar los valores que les fueron impuestos –multas y gastos del tribunal, etc.–, lo cual deja fuera a centenares que han cumplido sus penas, la mayoría afroamericanos.
Organizaciones de defensa de derechos de los exconvictos, como la Coalición de Florida por la Restauración de Derechos (FRRC, por sus siglas en inglés), que va administrar la distribución del dinero de Bloomberg, se quejan de que la totalidad de quienes no han cumplido con sus obligaciones no disponen del dinero necesario, lo cual no debe impedir que ejerzan su deber cívico.
“El derecho al voto es sagrado. Solo en Florida se cercena ese derecho con la excusa de que tienen deudas con los tribunales. Esto es no solo una violación de sus derechos como ciudadanos, sino también un gesto de los republicanos para evitar que esa gente vote demócrata, como lo hace la mayoría de los negros”, dijo a OnCuba Peter Albright, abogado y activista de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Bloomberg explicó su gesto con un argumento parecido. “El derecho al voto es fundamental para nuestra democracia y a ningún estadounidense se le debe negar ese derecho”, dijo en un comunicado. La corte federal de apelaciones en Atlanta dictaminó el 11 de septiembre que además de cumplir sus sentencias, los exconvictos de Florida deben pagar multas, restituciones y honorarios legales pendientes antes de poder recuperar su derecho al voto. Esta decisión surgió después de que el gobernador Ron DeSantis desafió ante los tribunales una decisión del 65% del electorado, que en 2018 aprobó en referendo restituir el derecho al voto a expresos que hayan cumplido sus probatorias y que no hayan sido condenados por asesinatos o delitos sexuales.
Dos meses después el Congreso estatal, de mayoría republicana, optó por supeditar el proceso de restitución al pago de “obligaciones financieras pendientes en las cortes”, como gastos y costos del proceso judicial o penalizaciones monetarias asociadas con la sanción carcelaria. El dinero de Bloomberg está destinado a exprisioneros que se inscribieron para votar mientras la ley era apelada y que deben 1.500 dólares o menos. En total, unas 31.100 personas.
Pero el gobernador DeSantis no quedó muy contento con la contribución de Bloomberg y lo mandó a investigar. Dijo a través de la procuradora general de Florida, Ashley Moody, “que no es así como se contribuye a un fondo electoral, hay mecanismos diseñados y no son estos”. Por ello “estoy ordenando al FBI que haga una investigación sobre la legalidad de esta donación porque es ilegal ofrecer una compensación por votar de una forma particular”.
El director de finanzas de Florida, Jimmy Patronis, también se ha quejado. Le escribió al Departamento de Elecciones del estado pidiendo hacer una investigación para determinar si el gesto del exalcalde de Nueva York a una organización sin fines de lucro, como la FRRC, es un intento ilegal de influenciar el resultado de las elecciones presidenciales en Florida.
“No me huele bien el gasto de decenas de millones por parte de un candidato presidencial fracasado”, dijo el funcionario.