El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene sobre la mesa dos controversiales diplomas aprobados el lunes por la legislatura estatal, uno que autoriza a los maestros a acudir armados a clases y otro que prohíbe a las ciudades del estado a declararse santuarios de protección de inmigrantes indocumentados.
La cuestión de las armas cuenta con la oposición de la totalidad de los sindicatos de maestros y dirigentes escolares, que se oponen incluso al concepto de que los profesores reciban entrenamiento de defensa personal en caso de un ataque a una escuela, como el que sucedió hace año y medio en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman, en Parkland, Florida, donde un estudiante masacró a 17 personas, entre estudiantes y maestros, con un rifle automático AR-15.
El senado aprobó la ley a fines de abril y ahora el voto de la Cámara de Representantes terminó sellando el asunto, gracias a la mayoría republicana por 62 votos a favor y 47 en contra. La filosofía de la ley es que los maestros se transformen en una especie de “guardianes” de los alumnos, aunque la ley estipula que este nuevo programa de seguridad es estrictamente voluntario.
“Esta ley permite que los buenos detengan a los malos. Los malos nunca sabrán cuándo los buenos estén ahí para enfrentarlos. El guardián es la última línea de defensa. Estará ahí cuando un agente de policía no se encuentre”, afirmó el congresista republicano y ex policía, Chuck Brannan, en una rueda de prensa en la capital del estado, Tallahassee.
Pero para la demócrata Susan Valdés, las armas en manos de maestros no contribuye a la pacificación de las escuelas. “Aquí hay accidentes todos los días. Esta no es la respuesta, no pongan más armas en las escuelas”, afirmó, en un referencia directa al hecho de que muchos estudiantes, quizá para destacarse ante sus colegas, aparecen armados en la escuelas.
La ley, sin embargo, omite un detalle importante en toda esta polémica, que es el de que el año pasado, poco después de la masacre de Parkland, el estado aprobó otra ley que autoriza el porte de armas a los profesores de educación física porque se subentiende que están mejor preparados. Este nuevo proyecto no aborda ése detalle y otorga un permiso de andar armados a todos los maestros en generales.
“Mientras sea responsable por este distrito jamás autorizaré a los maestros a andar armados. Esto es un disparate”, aseveró el superintendente escolar del condado Miami-Dade, Alberto Carvalho, un fuerte opositor a la medida desde el primer día.
El sindicato no se queda atrás. “Los maestros enseñan a leer, no necesita un pistola para eso. Solo va a empeorar el problema porque ahora un asesino en potencia mira al maestro con más intensidad como el adversario a abatir”, afirmó Linda Jackson, el sindicato del condado Broward, al norte de Miami, en declaraciones a la afiliada local de CBS.
El rechazo a la aprobación de la ley ha sido tan contundente, que la legisladora Jennifer Sullivan, la principal promotora de la medida, intentó calmar el ambiente y en declaraciones a la cadena Univisión, aseguró que esta el la mejor oportunidad de proteger a los alumnos de futuros tiroteos. “Sin un maestro no quiere ser guardián, no le vamos a pedir que lo sea. Esta ley no obliga a los distritos a armar a los profesores”, afirmó.
La idea de armar a los maestros vino del presidente Donald Trump, a quien se le ocurrió en febrero del 2018 tras la masacre de Parkland, como la mejor forma de evitar futuras masacres. Aunque el mandatario explicó que las personas a quien eventualmente se confiarán las armas deben estar especialmente entrenadas para manejarlas, la idea nunca ha sido popular.
Aún así, la Casa Blanca decidió organizar la comisión de seguridad en las escuelas teniendo en cuenta que, sólo el año pasado, 113 personas murieron en tiroteos escolares. “Es fundamental que hayan personas armadas dispuestas a acudir de un momento a otro”, dijo entonces Trump.
Las ciudades santuario
Por otro lado, el tema de inmigración en Florida nunca fue tan intenso como en el resto del país. El grueso de la inmigración local vino de Cuba amparada en una serie de facilidades migratoria como la ley de Ajuste Cubano, por lo cual nunca sufrieron acoso por parte de las autoridades ni tuvieron grandes preocupaciones al respecto.
Sin embargo, la mayoría de los legisladores cubano americanos en el parlamento estatal, con la excepción de la senadora Anitere Flores, votaron unánimemente por la prohibición de crear ciudades santuario en Florida. Ella también fue uno de los senadores republicanos que también se opuso a la entrega de armas a los maestros.
“Nuestro estado no tiene ciudades santuario, no necesitamos esta ley para nada, solo va a complicar las cosas”, dijo la senadora al justificar su voto. Las ciudades santuario, muy populares en los estados de la costa oeste de Estados Unidos, son aquellas en que las autoridades locales rehúsan colaborar con las autoridades de inmigración en la persecución a los inmigrantes indocumentados.
El año 2017, sin que nadie le preguntara, cuando se comenzó a debatir el asunto, el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, dijo en un programa de radio que el sur de Florida jamás seria una ciudad santuario porque sino se arriesgaba a que el Gobierno federal le cortara fondos para el desarrollo. De hecho, por esos días el presidente Trump había amenazado con eso mismo cuando delineó la política gubernamental de encarcelamiento. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, incluso, viajó expresamente a Miami a felicitarlo por el anuncio. La Comisión del condado decidió respaldar al alcalde y aprobó por 9 a 3 una ordenanza que declara a Miami-Dade una zona que no es santuario de indocumentados.
Las postura del burgomaestre de Miami-Dade provocó un rechazo inmediato de activistas de los derechos de los inmigrantes y muchos recordaron que Florida no tiene ciudades santuario. Pero Giménez ha insistido en lo suyo por meses y, hasta el momento, el Gobierno federal no ha entregado ningún tipo de fondos de compensación por su posición.
El alcalde después dijo que el hecho de no querer que Miami-Dade sea un ciudad santuario no significa necesariamente de que la policía local vaya a colaborar con las autoridades de inmigración. Por lo pronto, el jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, ha dicho que sus hombres prácticamente sobre “su cadáver” van a asumir funciones de inmigración. “Prefiero no tener este trabajo si le tengo que exigir a los oficiales que controlen el origen de una persona antes de ayudarla”, dijo en declaraciones a varios medios locales.
De todos modos, habrá que esperar a ver si el gobernador DiSantis hace marcha atrás, porque durante la campaña electoral del año pasado se manifestó a favor de las armas en las escuelas y la ausencia de ciudades santuario.
“Somos un estado más fuerte cuando protegemos a nuestros residentes, fomentamos comunidades más seguras y respetamos el trabajo de los agentes de la ley”, afirmó DeSantis en un comunicado, tras la aprobación de las ley.
En su opinión, la policía local “puede y debería trabajar con el gobierno federal para garantizar que la responsabilidad y la justicia sean una en nuestro estado”.