En los próximos días entrará en vigor una de las más polémicas leyes estatales promovidas por el gobernador Ron DeSantis en Florida. La medida ha sido objeto de controversias y críticas porque pretende quitar a las empresas, negocios, escuelas e, incluso, agencias gubernamentales, la libertad de incidir en la salud pública y controlar sus propias actividades.
De cumplirse la ley —lo cual está por verse porque el tribunal supremo de Florida está siendo llamado a opinar y, caso sea negativo, pasará a otra instancia de apelación hasta tocar a la puerta del Tribunal Supremo—, las autoridades estatales podrán imponer 5.000 dólares de multa a estas entidades si exigen a clientes, usuarios y comerciantes mostrar una prueba de haberse vacunado contra la COVID-19. Es lo que se llama “el pasaporte de vacunación”, que DeSantis tanto odia, más por razones electorales que por preocupación social alguna.
La ley fue aprobada hace unos meses, entra en vigencia el 16 de septiembre y pese a las críticas y el desconocimiento por parte de los distritos escolares del sur de Florida, es “una promesa hecha y cumplida”, como dijo el miércoles Trayn Fenske, portavoz del gobernador.
“La decisión del gobernador y sus deseos son meramente políticos. Está competiendo contra un grupo de políticos que se oponen a esta decisión y quiere conquistar al electorado republicano, menos ilustrado, que ya de por sí está en contra de las vacunas o singue a ultranza al expresidente Donald Trump”, explicó a OnCuba el analista de la Universidad de Florida, Jerry Alton.
En opinión de Alton, “DeSantis busca ahora dos cosas: la reeleción como gobernador y tras ello la campaña presidencial en el 2024”. Pero, según el analista “tendrá sorpresas”.
“El mismo Trump pudiera presentarse de nuevo lo que destruiría a DeSantis aunque ahora sean ‘amiguitos’ —señala—. DeSantis no tiene idea ni de lo que le viene encima si decide enfrentarse a Trump, quien ha demostrado no tener piedad ni con sus aliados”.
La popularidad del gobernador de Florida en su punto más bajo
Por su parte, la comisionada de Agricultura del estado, Nikki Fried, única demócrata del gabinete de DeSantis y quien tiene entre sus planes presentarse contra el gobernador en las elecciones estatales, lo acusa de ser un hombre vengativo.
“El gobernador DeSantis está tomando medidas de represalia contra los floridanos que tratan de protegerse a sí mismos y a sus comunidades de la COVID-19. Esto no solo va en contra del sentido común, sino que también es un insulto a los principios del libre mercado que él dice defender”, afirmó Fried.
De paso, recuérdese que el gobernador trató de incluir en la prohibición a la poderosa industria de los cruceros, pero tras un encoge-empuja de varios meses, los tribunales locales terminaron dando la razón a las navieras, que ahora pueden pedir a los pasajeros y tripulaciones los necesarios documentos que confirman no estar contagiados con la enfermedad.