El lunes pasado los ex presos residentes en Florida recuperaron uno de los más importantes derechos civiles: el de votar.
Hace unos diez años la legislatura del estado aprobó retirar el derecho al voto a los ex reclusos hasta que no pagaran las multas o compensaciones a sus víctimas, determinadas por un juez. Pero en 2018, en un referendo, cerca de 1,5 millones de electores votaron por otorgarles el derecho al voto sin necesidad de pagar si no tenían posibilidad de hacerlo. Fue la enmienda constitucional número 4.
Pero el gobernador Ron DeSantis y algunos legisladores se opusieron. Al año siguiente lograron aprobar una ley, la SB7066, que ordena al supervisor de elecciones decidir si un ex recluso tiene el derecho al voto si no ha pagado la penalidades adicionales impuestas por un juez.
Fue cuando, a nombre de dos clientes, el Southern Poverty Law Center decidió desafiar la ley. En junio del año siguiente llevaron al gobernador ante los tribunales. El lunes pasado el juez de distrito Robert L. Hinkle, en Tallahassee –la capital de Florida–, decidió que la SB7066 es inconstitucional porque nadie tiene el derecho de cercenar un derecho constitucional individual. Mientras están presos, los reclusos pierden todos sus derechos. Solo los recuperan cuando los ponen en libertad.
El Southern Poverty Law Center argumentó que la SB7066 impide ejercer el voto a gente pobre y que constituye en realidad un sistema de “pagar para votar”, lo cual no ocurre en ningún otro estado.
“En julio de 2019 presentamos una demanda a nombre de nuestros clientes Rosemary McCoy y Sheila Singleton fundamentando que la SB 7066 es un sistema de pago de votos que prohíbe a las personas emitir un sufragio, sencillamente, porque son pobres”, dijo la entidad en un comunicado que enfatiza cómo “el fallo envió un mensaje claro como el cristal en el sentido de que devolver el derecho al voto a un ciudadano no puede estar condicionado por su riqueza”.
“Este fallo no es solo una victoria para nuestros clientes y activistas por los derechos de voto en Florida, sino un paso importante para desmantelar las barreras financieras a las urnas en todo el país”, comentó Nancy Abudu, directora legal adjunta del proyecto de derechos de voto del SPLC.
Es más –agregó– “la decisión del tribunal también da un duro golpe al intento de la legislatura de Florida de socavar el espíritu y el propósito de la Enmienda 4. Esperamos que el estado implemente rápidamente las directivas de la corte y deje de colocar impedimentos”.
La decisión del juez Hinkle permite que los ex reclusos que se encuentren en esta situación puedan votar en las elecciones de noviembre próximo, tanto en el proceso presidencial como en el legislativo.
Una de las demandantes comentó que “durante años el estado de Florida me ha silenciado, a mí y a otros, en las urnas, lo cual muestra que los funcionarios gubernamentales no necesitan de nosotros para tomar decisiones. La Enmienda 4 fue votada por cerca de un millón y medio de floridanos y por eso me siento recompensada, la sentencia del juez restaura su espíritu original”, dijo McCoy.
Para Singleton, el hecho de que “para votar tenemos que pagar en un momento en que estamos luchando para mantener nuestras familias es un error. Me alegra que los funcionarios gubernamentales no nos puedan robar mi derecho al voto”.
En la tarde de este miércoles la oficina de prensa del gobernador no quiso comentar la decisión del juez de circuito norte del estado. Sin embargo, la decisión puede ser apelada, aunque es poco probable que lo hagan en estos tiempos de elecciones, consideraron varios abogados. “Una apelación lleva su tiempo y no estaría lista antes de las elecciones, lo cual facilita la vida a los ex reclusos que quieran votar en noviembre. Otra situación que se puede plantear es que la fiscal del Estado [Ashley Moody] pida a un juez suspender el levantamiento de la prohibición hasta que haya una sentencia de un tribunal de apelaciones, dijo a OnCuba el abogado Marcus Otahey.