El año pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la HB 1467, que prohíbe la pornografía y los libros “inapropiados para la edad“ y requiere que todos los materiales de lectura “se adapten a las necesidades de los estudiantes“. Pero los administradores del distrito escolar no han sido claros acerca de cómo van a determinarlo. Este mes [febrero de 2023, AP], los funcionarios escolares instruyeron a los maestros en los condados de Manatee y Duval para que retiren los libros de las aulas o los cubran con hojas de papel hasta que los distritos encuentren una forma de garantizar que ninguno de los materiales de lectura infrinja la nueva ley.
De esa manera la periodista e investigadora estadounidense Joan Walsh ha resumido el proceso que comenzó ese estado en marzo de 2022, cuando el gobernador firmó la Ley HB 1467. La legislación es una verdadera pieza maestra del modus operandi del pensamiento conservador. Una de sus características distintivas consiste en ocultar detrás de palabras nobles y hechos históricos identitarios una agenda política en correspondencia con aspiraciones e imaginarios propios.
Hace alrededor de quince años nombraron Tea Party a un movimiento populista —fundamentalmente blanco y hasta racista— opuesto a la agenda del presidente Barack Obama. Lo parapetaron tras el gesto de desobediencia civil contra el poder colonial británico llevado a cabo por los colonos en la bahía de Boston el 16 de diciembre de 1773. No hace mucho llamaron Freedom Caucus a un grupo de extrema derecha de la Cámara de Representantes, integrado, entre otros, por miembros del mismo Tea Party con una evolución peculiar, pero ahora virulentamente trumpistas.
En efecto, la ley aludida se escuda al establecer que los libros que se utilicen en las escuelas públicas del estado estén libres de pornografía. El comisionado de Educación de Florida, Manny Díaz Jr., tiene toda la razón en este punto: “Un maestro (o cualquier adulto) enfrenta un delito grave si distribuye a sabiendas materiales atroces, como imágenes que representen agresión sexual, bestialidad o abuso sadomasoquista. ¿Quién podría estar en contra de eso?”. Lo que oculta es que la misma ley establece que los textos deben adaptarse “a las necesidades de los estudiantes”. En esto consiste el detalle, y de ahí las preguntas maestras del caso: ¿Quién determina qué y por qué?
Al montarse sobre una afirmación deliberadamente vaga (“las necesidades de los estudiantes”), se abre la compuerta para que el poder fáctico —en este caso, de signo republicano— introduzca elementos de su programa social y político dirigidos a desbancar los de otros actores, sobre todo a los liberales, a menudo marcados con estigmas como “marxistas” y “socialistas” sin que lo sean ni de lejos.
Se apuntala con la figura de un “bibliotecario o especialista en medios escolares” que tiene la última palabra a la hora de determinar los libros que los estudiantes deben leer. En otras palabras, estamos hablando de un técnico orgánico entrenado y aprobado por el Departamento de Educación floridano. Otra pantalla, otro nombrecillo elegante. Sin duda se le llamaría censor en casi cualquiera de los puntos cardinales del globo.
El poder administrativo dio como fecha límite para concluir la implementación de la política el primero de julio de 2023, cuando “el superintendente de escuelas de cada distrito debe certificar al Comisionado del Departamento de Educación de Florida que todos los bibliotecarios escolares y especialistas en medios han completado esta capacitación“. Pero desde que la ley se aprobó y firmó, ha venido ocurriendo un acelerado proceso de “ajuste” que no podía sino terminar levantando preocupaciones y protestas entre maestros floridanos.
A nivel nacional, según PEN America, hasta junio de 2022, 138 distritos escolares en 32 estados habían prohibido 1648 títulos en 5049 escuelas, lo que representa 4 millones de estudiantes. En Florida, solo en el condado de Duval, a la altura de febrero se habían retirado de los estantes 176 libros para su “revisión”, no en vano relacionados con temas como latinos/hispanos, afroamericanos, cultura árabe y varias alteridades.
Valgan solo como botón de muestra los siguientes libros: Roberto Clemente, Pride of Pittsburgh Pirates, de Jonah Winter, sobre el puertorriqueño que llevó a los Piratas a dos Series Mundiales y conectó 3 mil jits (fue el primer latino en ingresar al Salón de la Fama); Women Who Broke the Rules: Sonia Sotomayor, de Kathleen Krull, sobre la jueza de origen boricua Sonia Sotomayor, primera latina en servir en la Corte Suprema y tercera mujer en llegar ahí. Y dos títulos que se explican por sí solos: Celia Cruz, Queen of Salsa, de Veronica Chambers, y Black Frontiers: A History of African American Heroes in the Old West, de Lillian Schlissel.
Un poco más tarde se conoció que los estudiantes de secundaria del condado de Pinellas no tendrían acceso ni en sus aulas ni en sus bibliotecas al primer libro de la Premio Nobel de literatura Toni Morrison (1931-2019), The Bluest Eye. De acuerdo con el Tampa Bay Times, los funcionarios del distrito escolar del condado anunciaron que habían retirado el libro de circulación después de una revisión provocada por la queja de una madre, una cristiana fundamentalista para quien las escuelas públicas se habían convertido en “campos de adoctrinamiento marxista”.
Sin embargo, en el 50 aniversario del libro, en 2020, The New Yorker recordó que esa novela de Morrison había abierto “un nuevo camino en el panorama literario estadounidense al colocar a las jóvenes negras en el centro de la historia”.
La madre aludida demuestra que no resulta inusual la intervención de actores conservadores externos al sistema de educación:
Moms for Liberty [Madres por la Libertad], un grupo de presión de educación ultraconservador, también activo en la cruzada contra la teoría crítica de la raza y la educación sexual en las escuelas, está presionando a ambos distritos [Manatee y Duval] para que prohíban varios libros, incluidos The Kite Runner y The Bluest Eye, de Toni Morrison, supuestamente porque incluyen escenas de violación. Ambos libros son un elemento básico de los cursos avanzados de literatura […], lo que podría significar que los estudiantes de alto rendimiento de Florida tengan menos educación cuando lleguen a la universidad que sus compañeros en otros estados. El grupo también exige eliminar los libros con temas LGBT en los grados inferiores. El condado de Broward ha cumplido algunas de esas solicitudes.
“Si no lo estuviera viviendo, no creería lo que está pasando”, dijo un padre que ha trabajado como maestro sustituto. Pero todo queda entre correligionarios. Estados controlados por los republicanos, incluidos Florida, Georgia, Tennessee y Texas, han implementado procedimientos legales con el fin de facilitar la eliminación de títulos que consideran indeseables en las bibliotecas escolares y las aulas de cada comunidad. Como lo resume Lisa Tolin:
Si bien los esfuerzos para retirar libros se han intensificado durante el último año, lo que está sucediendo ahora es que las nuevas leyes aprobadas el año pasado en Florida están teniendo un claro efecto paralizante en los maestros y bibliotecarios. Los distritos escolares están interpretando las leyes de manera diferente, pero se les ha dicho a algunos maestros que deben suspender el acceso a las bibliotecas de sus aulas para que un especialista en medios pueda examinar cada libro para su aprobación primero. Si no cumplen, podrían correr el riesgo de perder su licencia de enseñanza o incluso de ser acusados de un delito grave, si se descubre que violan una de estas nuevas leyes.
En cuanto a DeSantis, parece estar enfrascado en un foto-finish con Greg Abbot, el gobernador de Texas, no solo en este sino en muchos otros rubros. Un detalle adicional: según un informe de Pen America (2022), Florida tiene el segundo mayor número de prohibiciones de libros en toda la Unión, solo superada por Texas.
Como escribe un pedagogo:
Todos los elementos están en su lugar para producir formas pedagógicas de represión que incluyen la negación de la historia, de ahí el surgimiento de una pedagogía de la amnesia histórica; una negación del poder de las estructuras sociales para producir grados masivos de desigualdad en riqueza y poder; la absoluta individualización de la agencia y un intento continuo de despolitizar a los jóvenes, sobre todo mediante una pedagogía de la ignorancia fabricada; la negativa a reconocer cómo las identidades y estructuras sociales se fusionan entre sí; una noción de comunidad organizada en torno al miedo y la intolerancia; y una obsesión por el poder y su implementación autoritaria mediante la destrucción de las instituciones que promueven la ciudadanía comprometida.
“La palabra que me viene a la mente es Gleichshaltung, el término alemán que se utilizaba para “poner en conformidad’”, concluyó.