El pasado 13 de enero los demócratas y diez republicanos de la Cámara votaron para acusar a Donald Trump de incitar a una insurrección, y ayer 9 de octubre se inició el proceso. El representante demócrata Jamie Raskin, quien actuaba como uno de los fiscales, empezó el segundo juicio político contra Donald Trump con un espeluznante video sobre el ataque del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos, como se sabe llevado a cabo por una turba violenta de partidarios del entonces presidente. “No escucharán conferencias extensas porque nuestro caso se basa en hechos fríos y duros”, dijo Raskin. El video intercalaba en la información gráfica fragmentos de discursos y tuits de Trump, evidencias que, según los demócratas, lo implican claramente como el autor intelectual de los sucesos, un ataque terrorista que culminó con cinco personas muertas y decenas heridas. El acusador fue, pues, enfático: “Eso es un delito grave y un delito menor. Si eso no es un delito imputable, entonces no existe tal cosa”.
Entrando en terreno técnico, consideró que cualquier intento de eximir al expresidente de esa responsabilidad constituía una maniobra para “cancelar el juicio antes de presentar las pruebas”. “Si cometes un delito imputable durante tus últimas semanas en el cargo, lo haces con impunidad constitucional. Te sales con la tuya”, dijo, y subrayó que el argumento de la defensa daba “una excepción de enero” para los presidentes, toda vez que les impedirían ir a juicio por acciones ejecutadas estando en el ejercicio del cargo. Y dijo a los espectadores: “Quieren hacerles creer que no hay absolutamente nada que el Senado pueda hacer al respecto”.
En otro nivel, recordó cómo uno de los asaltantes había golpeado sin piedad a un oficial de policía con el asta de una bandera estadounidense. “Otros agentes sufrieron daño cerebral, uno perdió tres dedos. El oficial Brian Sicknick murió a causa de sus heridas al día siguiente”. Y volvió a la carga: “Senadores, este no puede ser el futuro de Estados Unidos. No podemos tener presidentes que inciten y movilicen la violencia de las turbas contra nuestro gobierno y nuestras instituciones porque se niegan a aceptar la voluntad del pueblo bajo la Constitución de Estados Unidos”.
A la presentación detallada y hasta emotiva de los demócratas le sobrevino otra —digamos que irregular y bastante poco consistente— de los abogados de Trump, uno de cuyos motivos centrales consistió en subrayar que el exmandatario estaba protegido por la Primera Enmienda y que no podía ser ni juzgado ni condenado como expresidente.
Su defensor principal, Bruce Castor, hizo entonces lo esperable: insistir en que se trataba de un juicio político con nefastas proyecciones futuras. “Las compuertas se abrirán”, dijo, y señaló que dos de los cuatro juicios presidenciales de la nación habían tenido lugar durante los últimos trece meses. “El péndulo político cambiará algún día y los juicios políticos partidistas se convertirán en algo común. Se supone que esta es la última válvula de seguridad, lo último que sucede, el tratamiento más raro. Después de que terminemos aquí , y después de que haya un cambio en los vientos políticos y un cambio en la composición del Congreso, la presión para esa gente será tremenda”.
El segundo abogado, David I. Schoen, afirmó que los demócratas estaban impulsados por una “lujuria insaciable” de destruir a Trump, y advirtió que el juicio dañaría al país al establecer un nuevo estándar para perseguir a exfuncionarios. También trató de anular el testimonio fílmico de los demócratas, quienes —dijo— se habían dedicado a editar videos para reproducir los sucesos del Capitolio. “No se necesitan películas para saber que el motín ocurrió aquí”. Y reprodujo un video con varios legisladores demócratas diciendo años antes que votarían para acusar a Trump.
Mas allá de mi opinión, hay consenso en señalar que la calidad de la defensa estuvo bastante por debajo de la línea de flotación, por lo cual se produjeron reacciones de perplejidad entre los republicanos. Por esa razón al menos uno de ellos, el senador Bill Cassidy, de Louisiana, se puso del lado de los demócratas. “Cualquiera que haya escuchado al equipo legal del presidente Trump vio que no estaban enfocados”, dijo habiendo votado el mes pasado en contra de celebrar el juicio. Incluso el abogado Alan Dershowitz, exmiembro del equipo de defensa de Trump durante el primer intento de destituirlo, se desbordó al evaluar el trabajo de Castor: “No tengo idea de lo que está haciendo. No tengo ni idea de por qué dice lo que dice”, todo en medio de trascendidos señalando que Trump estaba bien furioso con sus letrados. Algunos republicanos pidieron entonces una segunda reorganización de su equipo legal.
Y hasta el mismo Schoen reconoció que “tendría que hacerlo mejor la próxima vez” después de que lo emplazaran varios senadores republicanos. Susan Collins, la senadora de Maine, dijo que estaba “perpleja”. Y Lisa Murkowki, de Alaska, que era una “oportunidad perdida” para la defensa.
Antes de llegar a este punto, los expertos en Derecho constitucional se mostraban divididos acerca de si los redactores de la Constitución tenían o no la intención de permitir que el Senado le celebrara un juicio político a un expresidente. La balanza, sin embargo, se inclinaba hacia una respuesta afirmativa entre los expertos de ambos lados del pasillo. Casi 150 de ellos firmaron una carta abierta argumentando que el juicio al ex alto funcionario, hoy refugiado en su mansión de Mar-a-Lago y sin su poderosa capacidad tuitera, tenía una base legal sólida.
Esto último fue, en síntesis, lo que aprobaron ayer los senadores al rechazar el argumento del equipo de defensa y de los republicanos: 56 a favor y 44 en contra. Además de Cassidy, los otros republicanos que votaron a favor fueron los esperables: Susan Colllins, Lisa Murkowski, Ben Sasse, Pat Toomey y Mitt Romney.
Los demócratas de la Cámara que conducen el caso y los abogados de Trump tienen entonces luz verde para proceder al juicio. Ahora mismo exponen sus argumentos ante los senadores, que actúan como jurados en un acto que podría finalizar a principios de la semana que viene. La condena requeriría 67 votos, es decir, al menos 17 republicanos tendrían que romper con sus correligionarios. Pero esta vez tampoco la flecha dará en el blanco: Donald J. Trump será absuelto.
En el siglo XIX el Senado decidió juzgar a un secretario de Guerra después de haber abandonado el cargo, pero nunca antes había juzgado a un expresidente. Y menos a uno con el lamentable récord de haber sido el primero en sentarse dos veces en el banquillo.
Esa es, en definitiva, la manera en que Trump aparecerá en los libros de Historia.