Mas de mil ex empleados del Departamento de Justicia solicitan renuncia del fiscal general de EEUU, William Barr

"El estado de derecho y la supervivencia de nuestra República no exigen nada menos", dicen.

El secretario de Justicia William Barr y el presidente Donald Trump después de una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Foto: Alex Brandon/AP. Archivo)

Más de 1,100 ex empleados del Departamento de Justicia firmaron una carta pública hoy domingo instando al fiscal general William P. Barr a renunciar por su manejo del caso del viejo lobista y socio del presidente Trump, Roger Stone, y exhortando a los empleados del Departamento a informar sobre cualquier conducta poco ética en el seno de la estructura gubernamental.

La semana pasada, cuatro fiscales renunciaron después de lo que percibieron como una interferencia de la Casa Blanca en el caso. Los fiscales recomendaron una sentencia de prisión de siete a nueve años después de que Stone enfrentara cargos por mentirle al Congreso y por obstruir la justicia.

Trump atacó esa recomendación en un tuit: “Esta es una situación horrible y muy injusta. Los crímenes reales estaban del otro lado, ya que no les pasa nada. ¡No puedo permitir este error judicial!”.

A instancias de Barr, el Departamento de Justicia presentó una nota de sentencia actualizada diciendo que Stone debería recibir menos tiempo en prisión.

Las firmas de la carta fueron reunidas por Protect Democracy, grupo que ha criticado el manejo que hizo Barr de la investigación de Robert S. Mueller sobre la interferencia electoral rusa.

La carta reconoce que hay pocas posibilidades de que las críticas de los signatarios conduzcan a la salida de Barr. “Debido a que tenemos pocas expectativas de que renuncie, les corresponde a los funcionarios de carrera del Departamento tomar las medidas adecuadas para cumplir sus juramentos”.
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Le piden a todos los empleados de la institución seguir el ejemplo –“heroico”, dicen– de los cuatro fiscales que renunciaron y estar “preparados para informar sobre futuros abusos de poder al Inspector General, la Oficina de Responsabilidad Profesional y el Congreso; negarse a cumplir directivas que sean inconsistentes con sus juramentos de cargo; retirarse de los casos que involucran tales directivas u otra mala conducta; y, si es necesario, renunciar e informar públicamente de manera consistente con la ética profesional, al pueblo estadounidense los motivos de su renuncia”.

Concluyen solicitando actitudes similares en otras agencias gubernamentales. “El estado de derecho y la supervivencia de nuestra República no exigen nada menos”.

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