Nueva derrota legal de Donald Trump

Trump buscó el nombramiento de un asesor especial para examinar los documentos incautados en Mar-a-Lago, incluidos 103 con marcas clasificadas, poco después de que el FBI registrara su complejo habitacional. Pero una corte federal lo acaba de desautorizar.

El expresidente Donald Trump. Foto: Poynter.

Un panel federal de apelaciones anuló ayer jueves la orden que creaba un asesor especial para revisar 11 000 documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago al expresidente Donald Trump.

La decisión de una corte de apelaciones de Atlanta marcó una derrota decisiva para Trump .“La ley es clara”, escribieron los jueces en una opinión unánime de 23 páginas. “No podemos aprobar una regla que permita que cualquier sujeto bloquee las investigaciones del gobierno después de la ejecución de la orden. Tampoco podemosaprobar una regla permitiendo que solo los expresidentes lo hagan”.

Ahora Trump solo puede apelar ante la Corte Suprema, aunque no estaba claro de inmediato si lo haría. El expresidente ha perdido varios casos ante el alto tribunal. El más reciente es si el Congreso puede acceder a sus declaraciones de impuestos.

En un comunicado, un portavoz de Trump dijo: “La decisión no aborda los méritos que demuestran claramente la impropiedad de la redada sin precedentes, ilegal e injustificada en Mar-a-Lago. El presidente Donald J Trump continuará luchando contra el Departamento de Justicia”.

Tribunal Supremo autoriza entregar declaraciones de impuestos de Trump

Trump buscó el nombramiento de un asesor especial para examinar los documentos incautados en Mar-a-Lago, incluidos 103 con marcas clasificadas, poco después de que el FBI registrara su complejo habitacional en Mar-a-Lago.

La solicitud del asesor especial fue concedida por la jueza de origen cubano Aileen Cannon, designada por Trump, quien le dio una deferencia excepcional debido a su condición de expresidente. Pero los jueces del tribunal dictaminaron que Cannon nunca debería haberlo designado, y que no tenía la autoridad para evitar que el Departamento de Justicia usara los materiales incautados.

“La tarea del demandante era mostrar por qué necesitaba los documentos, no por qué el gobierno no los necesitaba”, escribieron los jueces.

“La condición de un documento, personal o presidencial, no altera la autoridad del gobierno para incautarlo bajo una orden respaldada por causa probable. El Departamento de Justicia tiene los documentos porque fueron incautados con una orden de allanamiento”, dijo el panel de tres jueces.

Salir de la versión móvil