El FBI recuperó una serie de documentos que fueron clasificados como “ultrasecretos”, 11 de las 20 cajas incautadas el lunes de la casa de Mar-a-Lago del ex presidente Donald Trump en Florida, según documentos judiciales publicados este viernes después de que un juez federal revelara la orden sin precedentes.
El recibo de incautación, un listado de los materiales intervenidos y abierto por el tribunal, confirma revela lo que los agentes del FBI se llevaron el lunes pasado.
Además de incluir los que fueron marcados como de “ultraconfidencial”, los registros incautados también abarcan otros clasificados como “información confidencial compartimentada”, una categoría especial destinada a proteger los secretos más importantes de la nación y aquellos que, si se revelaran públicamente, dañarían los intereses y la seguridad de Estados Unidos. Pero el recibo no contiene detalles específicos sobre el contenido de los documentos, ni especula sobre la información podrían contener.
La orden detalla que los agentes federales estaban investigando posibles violaciones de tres leyes federales diferentes, incluida una que rige la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa en virtud de la Ley de Espionaje. Los demás estatutos abordan la ocultación, mutilación o eliminación de registros y la destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales.
El recibo también mostró que los agentes federales recopilaron otros posibles registros presidenciales, incluida el borrador de la orden de indulto al aliado de Trump, el estratega Roger Stone, una “caja de documentos encuadernada en cuero” e información sobre el “presidente de Francia”, Enmanuel Macron.
En el allanamiento también se incautaron una carpeta con fotografías, una nota manuscrita, “documentos secretos diversos” y “documentos confidenciales diversos”.
La orden de allanamiento manda a los agentes del FBI a buscar pruebas para investigar delitos relacionados con la Ley de Espionaje, que prohíbe la retención no autorizada de información de seguridad nacional que pudiera provocar un daño incalculable si cae en manos de adversarios como Rusia o China.
A partir de ahora se sabe que el ex mandatario está bajo una investigación por violar la Ley de Espionaje, así por otros acápites como obstrucción de la justicia y destrucción de documentos oficiales, según las conclusiones del allanamiento.
La abogada de Trump, Christina Bobb, que estaba presente en Mar-a-Lago cuando los agentes realizaron la búsqueda, firmó dos recibos: uno de dos páginas y otro de una sola.
En un comunicado el martes Trump afirmó que los documentos incautados por los agentes estaban “todos desclasificados” y expresó que los habría entregado al Departamento de Justicia si se los hubieran pedido. Pero el miércoles dijo que el FBI “sembró” esos documentos para comprometerlo.
Si bien los presidentes en ejercicio tienen el poder de desclasificar información, esa autoridad caduca tan pronto como dejan el cargo y no estaba claro si los documentos en cuestión alguna vez fueron desclasificados. Trump también se mantuvo en posesión de los documentos a pesar de las múltiples solicitudes de agencias, incluidos los Archivos Nacionales, para que los entregara, de acuerdo con la ley federal.
El juez federal Bruce Reinhart, el mismo que firmó el allanamiento, abrió la orden y el recibo el viernes a pedido del Departamento de Justicia después de que el fiscal general Merrick Garland declarara que había “un interés público sustancial en este asunto”.
El Departamento de Justicia le dijo al juez que los abogados de Trump no objetaron la propuesta de hacerlo público.
En mensajes publicados en su plataforma Truth Social, Trump escribió: “No solo no me opondré a la publicación de documentos… voy un paso más allá al ANIMAR la publicación inmediata de esos documentos”.
Aun así, el propio Trump recibió al menos algunos de los registros que el gobierno buscaba revelar, pero él y sus abogados se han negado, hasta ahora, a hacerlos públicos.
La solicitud del Departamento de Justicia llama la atención porque esos documentos tradicionalmente permanecen sellados durante una investigación pendiente. Pero el Departamento pareció reconocer que su silencio desde la búsqueda había creado un vacío para los ataques verbales de Trump y sus aliados, y que el público tenía derecho a estar del lado del FBI sobre lo que provocó la acción del lunes en la casa del ex presidente.
“El interés claro y poderoso del público en comprender lo que ocurrió en estas circunstancias pesa mucho a favor de la apertura”, dijo una moción presentada el jueves en un tribunal federal de Florida.
Para obtener una orden de allanamiento las autoridades federales deben probar ante un juez que existe causa probable para creer que se cometió un delito. Garland dijo que personalmente aprobó la orden, una decisión que dijo que el Departamento no tomó a la ligera, dado que la práctica estándar, siempre que sea posible, es seleccionar tácticas menos intrusivas.