Manifestantes varios y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentaron una demanda hoy jueves desafiando el uso federal de la fuerza para dispersar una protesta pacífica que tuvo lugar en Washington DC antes de la sesión fotográfica del presidente Trump en la iglesia episcopal St. John, muy cerca de la Casa Blanca.
La demanda sostiene que la policía “no tenía una base legítima para destruir la reunión pacífica” de las personas protestando por la muerte de George Floyd. “Este caso es sobre el Presidente y el Secretario de Justicia de Estados Unidos, quienes ordenaron el uso de la violencia contra los manifestantes pacíficos que se pronunciaron contra la brutalidad policial discriminatoria dirigida contra los negros”.
La caminata de Trump en el Parque Lafatette, el lunes pasado, se produjo después de que las fuerzas represivas expulsaran a los manifestantes allí reunidos, y ha generado críticas de personalidades y figuras públicas, incluyendo el ex secretario de Defensa de la administración Trump, James Mattis.
Testigos presenciales y filmaciones varias documentan que esas fuerzas dispararon cartuchos a los participantes y un humo espeso con una sustancia irritante que los hizo toser de manera prolongada.
Al día siguiente Trump se declaró vencedor después de declarar “sin problemas” a Washington y a Minneapolis. Utilizó términos como “fuerza abrumadora” y “dominación”.
“Para los demandados, describir sus acciones como ‘dominación’ es revelador. Dominar es establecer la supremacía mediante la subyugación de los demás. Se trata precisamente de esa dominación, en forma de siglos de supremacía blanca y subyugación de las vidas negras. Ese fue el enfoque central de la manifestación pacífica en el Parque Lafayette”, dice la demanda, presentada en un tribunal del Distrito de Columbia.
La protagonizan residentes de Washington, DC y Maryland que participaron en la manifestación. La demanda también argumenta daños por lesiones.
Fue presentada por la ACLU de Washington, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos, el Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley, y el bufete de abogados de Arnold & Porter en nombre de Black Lives Matter de Washington y manifestantes individuales.