Con toda esa carga encima, el 2 de octubre la Corte Suprema de Michigan dictaminó que las órdenes ejecutivas dictadas por la gobernadora Gretchen Whitmer para combatir la pandemia del nuevo coronavirus eran inconstitucionales. Las directivas de la funcionaria demócrata constituían una “delegación ilegal del poder legislativo al poder ejecutivo en violación de la Constitución de Michigan”, escribió el juez republicano Stephen J. Markman.
El tribunal más alto del estado dijo que Whitmer se había extralimitado en su autoridad al prolongar el estado de emergencia después de 28 días. También concluyó que el estatuto de poderes de emergencia de 1945, aludido en la primera parte de este trabajo, era inconstitucional. “Concluimos que la gobernadora carecía de autoridad para declarar un ‘estado de emergencia’ o un ‘estado de desastre’ […] después del 30 de abril de 2020, sobre la base de la pandemia de la COVID-19”, dijeron.
Además, “llegamos a la conclusión de que viola la Constitución de nuestro estado porque pretende delegar en el poder ejecutivo los poderes legislativos del gobierno estatal, incluidos los poderes policiales plenarios, y permitir el ejercicio de dichos poderes de forma indefinida”.
El fallo fue, desde luego, visto con beneplácito por los organizadores de las protestas, que reaccionaron de inmediato: “la Corte Suprema de Michigan puso fin al abuso de poder inconstitucional de la gobernadora Gretchen Whitmer. Esta es una gran victoria para el Estado de Derecho y para los ciudadanos de Michigan, que merecen un gobierno que responda a sus necesidades, no sujeto a los caprichos arbitrarios, caprichosos y políticamente motivados de un ejecutivo hambriento de poder”.
Otro de esos grupos acudió a la hoja de parra: “Casi todos en este estado, incluido el Michigan Freedom Fund, apoyaron los esfuerzos iniciales de la gobernadora para frenar la propagación de la COVID-19, aplanar la curva y controlar la situación. De manera similar, la legislatura estatal, dirigida por el líder de la mayoría del Senado, Mike Shirkey, y el presidente de la Cámara de Representantes, Lee Chatfield, expresaron reiteradamente su voluntad y deseo de trabajar con la gobernadora para abordar este desafío único”.
El 8 de octubre Michigan regresó de nuevo a los titulares noticiosos nacionales, pero esta vez de manera bien distinta.
Terrorismo doméstico
Apenas una semana después, el FBI anunció que trece miembros de un grupo denominado Wolverine Watchmen, del que apenas se tenía información, habían sido acusados y detenidos por conspirar para secuestrar a la gobernadora de Michigan.
Jon Lewis, un investigador del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington, dijo que este grupo había “pasado desapercibido. Este, simplemente, no es un grupo grande del que nosotros jamás habíamos oído hablar”.
Pero gracias a la labor de un infiltrado, a mediados de junio de 2020 la agencia había conocido que varios individuos estaban “discutiendo el derrocamiento violento” de elementos gubernamentales y policiales. Según trascendidos, hablaron de “asesinar tiranos” y “tomar de rehén” a un gobernador en funciones. El FBI los monitoreó en una reunión en Grand Rapids, Michigan, y en otra en Dublin, Ohio, convocada en este último caso para discutir “la creación de una sociedad que siguiera la Declaración de Derechos de Estados Unidos y donde pudieran ser autosuficientes”.
“Manejaron” —dijo el agente—”diferentes formas de lograr esos objetivos, desde esfuerzos pacíficos hasta acciones violentas”. Y añadió: “En un momento, varios miembros hablaron sobre gobiernos estaduales que creían estaban violando la Constitución de Estados Unidos, incluido el gobierno de Michigan y la gobernadora Gretchen Whitmer. Como parte de un esfuerzo de reclutamiento, uno de los conspiradores, Adam Fox, se acercó al grupo de milicias de Michigan Wolverine Watchmen”.
Desde el inicio las autoridades dijeron que planeaban asaltar la capital y/o la casa de vacaciones de Whitmer. Y que manejaron lanzar cocteles molotov a cualquier oficial de policía que intentara detener la acción. Después se supo que pensaron reclutar a unos doscientos hombres para asaltar el edificio del Capitolio en Lansing y secuestrar a varias personas, entre ellas a la gobernadora Whitmer y juzgarla por “traición” antes de las elecciones de noviembre.
Entre los sospechosos identificados en la acusación federal se encuentran los siguientes: Joseph Morrison, Adam Fox, Ty Garbin, Barry Croft, Kaleb Franks, Daniel Harris y Brandon Caserta. Todos residen en Michigan menos Croft, que vive en Delaware. Al primero se le identifica como el líder de Wolverine Watchmen. Según el fiscal adjunto del estado, utilizó su casa en Munith, Michigan, como lugar de entrenamiento. Vecinos suyos lo confirman: los residentes eran “irrespetuosos” y dijeron que grandes grupos de personas se reunían regularmente allí los fines de semana, y que se escuchaban disparos.
Finalmente, se dio a conocer que dos de los arrestados (Daniel Harris y Joseph Morrison) eran veteranos de la Marina.
Hace apenas unos días, el 13 de octubre, un agente del FBI testificó que el cabecilla quería “sacar a la gobernadora en un bote, desactivar el motor y dejarla en medio del lago Michigan”. Lo dijo en una sala de audiencias en Grand Rapids, a la que llegaron cinco acusados esposados y con cadenas en la cintura para sus respectivas audiencias de detención.
De acuerdo con su testimonio, formaban parte de un grupo más grande de milicianos de al menos cinco estados que se reunieron on line para reclutar efectivos y para atacar a funcionarios del gobierno. Específicamente, dijo, sus integrantes estaban molestos con Whitmer y con Ralph Norman, el gobernador de Virginia: tenían problemas a la hora de acatar sus políticas contra la COVID-19.
Y lo más importante: al menos cuatro de ellos habían intervenido en algún que otro de los mítines orquestados alrededor del Capitolio. Allí se encontraron con otros miembros de la milicia, procedentes de otras regiones, para hacer crecer el grupo. El agente ratificó, por último, que el FBI los había venido monitoreando desde junio.
Ante la socialización de los hechos, la gobernadora Whitmer aludió al odio y la intolerancia. Dijo que el presidente Donald Trump era cómplice de lo sucedido por no haber denunciado a los grupos de odio de la derecha. Antes, el presidente la había llamado “esa mujer de Michigan” e instado a “¡Liberar Michigan!””después de que aquellos individuos armados hasta los dientes irrumpieran en espacios públicos para protestar contra las políticas locales contra la pandemia.
“Todos podemos estar en desacuerdo sobre política, pero esos desacuerdos nunca, nunca deberían resultar en violencia”, dijo el fiscal federal Matthew Schneider. “Las acusaciones de esta denuncia son profundamente inquietantes. Debemos agradecer a los hombres y mujeres de las fuerzas del orden público, que descubrieron este complot y han trabajado duro para proteger a la gobernadora Whitmer”.
La procuradora general de Michigan, Dana Nessel, se refirió a los acusados como “extremistas” que intentaban reclutar nuevos miembros “aprovechando un momento de disturbios civiles”. Y subrayó algo sobremanera importante: “ha habido un aumento inquietante en la retórica antigubernamental y el resurgimiento de grupos que adoptan ideologías extremistas”.
“Estos grupos a menudo buscan reclutar nuevos miembros aprovechando un momento de disturbios civiles y usándolo para avanzar en su agenda de autosuficiencia y resistencia armada”, dijo el fiscal general. “Esto es más que un simple desacuerdo político o una defensa apasionada. La misión de algunos de estos grupos es, simplemente, crear caos e infligir daño a otros”.
Bugaloo
Pero sus asociados no se detuvieron ni en secuestros ni en infligir daño a otros. Michael Lackomar, un oficial de comunicaciones y líder de una milicia del sureste de Michigan, recordó haber sido contactado por un pequeño grupo de personas en medio del furor contra el cierre ordenado por la gobernadora. “Expresaron su frustración porque los grupos de milicias [de Michigan] no estaban haciendo lo suficiente”, dijo.
Se trata de grupos paramilitares que se movilizan, de hecho, en todo el país. Algunos se refieren a sí mismos como “milicias”; otros rechazan el término, pero igual se entrenan en el uso de armas de fuego y otras técnicas paramilitares. Los protagonizan rostros provenientes de “la barriga de la vaca”, esto es, de unos Estados Unidos profundos, rurales y espesos. Una de las tierras de promisión del más rancio conservadurismo.
El de Michigan fue, en definitiva, un acto de boogaloo. Según el Southern Poverty Law Center, este término comenzó a predominar a principios de 2019 en los espacios web de la extrema derecha, adoptado por neofacistas y supremacistas blancos. Sin embargo, escribe un periodista: “Los miembros de este movimiento bastante amorfo parecen tener puntos de vista ideológicos en conflicto. Algunos se identifican como anarquistas, otros rechazan títulos formales. Algunos han apoyado el supremacismo blanco, otros lo rechazan. Pero tienen, al menos, dos cosas en común: una afinidad por portar armas en público y un grito de guerra: boogaloo”. Es decir: un código para designar/convocar una segunda guerra civil estadounidense.
Eso era exactamente lo que tenían en sus cabezas.
El jueves 15 de octubre Michigan reportó 2 030 nuevos casos de la COVID-19, un verdadero récord (el anterior fue de 1 953 el 3 de abril). También 32 muertes. El promedio de siete días del estado es ahora de 1 293 nuevos casos diarios, en comparación con los 891 de hace una semana.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que se estaba experimentando “un salto preocupante” e instó a los residentes a usar máscaras, mantener la distancia social y lavarse las manos.