Wifredo A. Ferrer debe ser el hombre más furioso en Florida. Antes de irse de la Casa Blanca, Donald J. Trump deshizo el trabajo de su vida.
Cuando era fiscal federal para el distrito sur de Florida, durante siete años, Ferrer se dedicó a combatir, en serio, el fraude al sistema de salud pública, que tiene a Miami como su centro principal de actividades. Logró muchos arrestos y sólidos casos que pusieron a decenas y decenas de empresarios y médicos deshonestos detrás de las rejas con largas penas. El exfiscal federal, un cubanoamericano nacido en Hialeah, siempre apuntaba a los jueces pidiendo penas, como mínimo, de veinte años. Y siempre lo lograba.
Pero el miércoles pasado por la mañana Trump destrozó su trabajo al conceder perdones y amnistía a tres de los mayores estafadores del Medicare y el Medicaid. Se trata del exdirector de un asilo de ancianos, Philip Esformes; la codueña de una clínica de Hialeah con varias sucursales en Florida que atendía un público mayormente hispano, Judith Negrón; y el optometrista dominicano Salomón Melgen.
Esformes fue condenado a veinte años de cárcel por estafar 38 millones de dólares en una mezcla de recibos falsos enviados al gobierno y sobornos a supuestos enfermos. Con el perdón presidencial, ha cumplido apenas cuatro años y no tiene que restituir el dinero estafado. Lo mismo le ha pasado a Negrón. Aunque fue liberada en febrero del año pasado con un perdón presidencial tras cumplir ocho años de una sentencia de 38, esta vez Trump le concedió una amnistía con la que se libra de devolver lo estafado (87 millones de dólares) y queda con los antecedentes penales limpios.
El doctor Melgen, cuyas clínicas presentaron cuentas falsas al gobierno por 73 millones, fue condenado a 17 años de prisión y cumplió casi cuatro. En un caso separado, también fue acusado de sobornar al senador demócrata Bob Menéndez, pero este terminó absuelto en un juicio realizado en New Jersey.
“Esto le parte el corazón a cualquiera, desmoraliza. Hemos montado estos casos para mejorar la salud pública, controlar los costos y salvar vidas y lograr que los centros genuinos de salud no tengan que competir con delincuentes”, le dijo Wifredo A. Ferrer a The New York Times.
El sur de Florida está considerado por entidades gubernamentales como el centro del fraude al Medicare, con un total de robos que oscilan entre los 60.000 y los 80.000 millones de dólares. El total nacional era en 2018 de 800.000 millones.
El Gobierno Federal define el fraude al Medicare de la siguiente manera: “Cobrar por servicios que nunca fueron dados o cobrar mucho más por un servicio de lo que este cuesta”. Incluye exigir, recibir, ofrecer o pagar sobornos, chantajes e intercambios “para inducir o recompensar referencias por artículos o servicios rembolsados por programas federales de atención médica que son rembolsados por programas de cuidados de salud federales” y hacer referencias prohibidas para ciertos servicios de salud designados, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos.
El fraude al sistema público de salud es tan grande, que hace un década el Departamento de Justicia creó una unidad especializada y estableció una línea de trabajo orientando a sus fiscales a ser particularmente duros en las sanciones a los culpables. Junto a Ferrer, en Florida, en Washington el agente federal Paul L. Pelletier se dio a la tarea de presionar a los jueces a imponer las máximas sentencias previstas en la ley. Extendieron sus investigaciones fuera de Estados Unidos.
En un gesto inusual, en junio de 2019 Cuba incautó fondos y propiedades que un residente de Miami estafó al sistema público de salud de Estados Unidos. En ese momento el reo, Orelvis Olivera, se encontraba ya preso en el sur de Florida después de que fue extraditado de la Isla.
Para Pelletier, lo peor de los perdones y amnistías de Trump es que terminan recompensando a “feroces delincuentes” y desperdiciando miles y miles de dólares gastados en las investigaciones que fueron ahora desechados con una firma presidencial.
“Este es un golpe profundo en el rostro de los agentes y fiscales que trabajaron durante días, con gran esfuerzo y en circunstancias difíciles para llegar a la justicia y conseguir recuperar algunos millones de millones de dólares de esos fondos de los contribuyentes y que fueron, literalmente robados”, dijo el ex alto funcionario del Departamento de Justicia.