La movida de los republicanos de la Cámara de Representantes para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, está ganando críticas republicanos y demócratas. Ambos lados argumentan que no cumple con los estándares constitucionales para destituir a un funcionario de su cargo.
El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes acusa a Mayorkas de no cumplir con las leyes de inmigración, señalando estándares de detención que nunca se han implementado bajo ninguna administración, incluso durante Trump.
También lo acusan de “abuso de la confianza pública”, lo cual, según dicen, equivale a una “violación de su juramento de desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo”.
Otros ven problemas pequeños y grandes en el caso, desde no identificar un delito hastar información incorrecta, como acusar a Mayorkas de rescindir acuerdos con gobiernos latinoamericanos que en realidad fueron suspendidos por el Departamento de Estado.
“No hay traición. No hay soborno. No hay delitos ni faltas graves. Tenemos dos acusaciones completamente inventadas en una letanía de artículos de juicio político que simplemente enumeran disputas políticas porque a los republicanos no les gusta cómo el presidente Biden y el secretario Mayorkas han tratado de abordar los problemas en la frontera”, dijo el representante Dan Goldman (D-N. Y.), miembro del comité, en una conferencia de prensa.
El exsecretario de Seguridad Nacional Michael Chertoff, que sirvió durante el gobierno del expresidente George W. Bush, advirtió: “No acusen a Alejandro Mayorkas”. “No han presentado pruebas que cumplan con los estándares“, escribió Chertoff.
“Esta es la razón por la que los republicanos no buscan obligar al señor Mayorkas a cumplir con el estándar constitucional de ‘crímenes y faltas graves’ para el impeachment. Presentan el argumento, sin fundamento, de que no cumple con su deber”.
El comentarista conservador Jonathan Turley dijo ayer lunes: “Simplemente no creo que tengan aquí una base reconocible para un juicio político”.
“Esta Administración ha removido, devuelto o expulsado a más migrantes en tres años que la Administración anterior en cuatro años”, escribió el DHS en un memorando. “Un estándar que exija el 100 % de detención significaría que el Congreso debería haber impugnado a todos los secretarios del DHS desde que se fundó”.