El gobierno de Donald Trump acaba de eliminar una protección que permitía a inmigrantes permanecer en EE.UU. y evitar la deportación mientras ellos o sus familiares recibían tratamiento médico o enfrentaban otras adversidades: la llamada exención especial.
Los detractores de la medida la calificaron como un cambio cruel que podría obligar a los inmigrantes a aceptar un tratamiento de mucha menor calidad en sus países de origen y la han comparado con una “sentencia de muerte”.
La administración Trump considera a los beneficiados hasta ahora por el permiso como una “carga pública”.
Mariela Sánchez, una hondureña que la solicitó y la obtuvo, dijo que la deportación sería una sentencia de muerte para su hijo de 16 años. Se llama Jonathan y sufre de fibrosis quística, enfermedad genética progresiva que causa infecciones pulmonares y limita la capacidad de respirar.
Sánchez llegó a Estados Unidos en compañía de su familia en 2016, y hace algunos años perdió a una hija debido al mismo problema. La enfermedad, que es hereditaria, afecta los pulmones y el sistema digestivo. No existe una cura conocida.
A Jonathan y sus padres se les permitió vivir en Boston gracias a esa “acción diferida” médica, una forma de permiso temporal que reciben los extranjeros que desean permanecer en el país.
Pero ahora se preocupan por su futuro ya que han recibido, como otros, una carta de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (UCIS) en la que les comunican que ya no tienen ese privilegio y que disponen de 33 días para abandonar el país si no quieren pasar por un proceso de deportación en un tribunal de inmigración.
La noticia fue un duro golpe para la familia, que ha visto mejorar a Jonathan desde que ingresó en el Boston Children’s Hospital. El muchacho perdió dos años de escuela allá en su Honduras natal debido a su enfermedad. En Boston reanudó sus estudios y recibe la ayuda de un tutor cuando está demasiado enfermo para ir a clases.
“La familia Sánchez se encuentra entre un número creciente de personas en todo el país, muchas en el área de Boston, que reciben el aviso del USCIS como parte de un cambio reciente en la política”, dijeron el lunes abogados. Los abogados de inmigración dicen que este es el último cambio de política que está alterando la vida de los inmigrantes que obtuvieron permiso para residir legalmente en el país.
No hubo otro anuncio previo a esas cartas dando a los pacientes 33 días para abandonar el país. Muchas llegaron a sus buzones de manera intempestiva, dijo Mahsa Khanbabai, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de Nueva Inglaterra.
“Nuestro gobierno debería enfocar sus recursos en personas verdaderamente peligrosas, no en las más vulnerables”, dijo. Uno de sus clientes que fue hospitalizado para recibir tratamiento de salud mental recibió otra carta.
Tan solo en Boston, la decisión podría afectar a unas veinte familias cuyos hijos padecen cáncer, VIH, parálisis cerebral, distrofia muscular, epilepsia y otras enfermedades graves, dijo Anthony Marino, director de servicios legales de inmigración en el Irish International Immigrant Center.
“¿Alguien puede imaginar al gobierno ordenándote que desconectes a tu hijo del soporte vital –que lo saques de una cama de hospital– sabiendo que les costará la vida?” preguntó Anthony Marino, director de servicios legales de inmigración en el Irish International Immigrant Center, la organización que representa a las familias.
“Esto es lo más bajo”, dijo por su parte el senador demócrata Ed Markey. “Donald Trump literalmente está deportando a niños con cáncer”.
Una portavoz del USCIS dijo que la medida entró en vigor el 7 de agosto.
Afecta todas las solicitudes pendientes, incluyendo aquellos pedidos de renovación a la autorización por dos años, así como a quienes la piden por primera vez. La única excepción es para miembros del ejército y sus familiares.
El estatus especial es similar al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que creó el entonces presidente Barack Obama en 2012 para proteger de la deportación a los inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad, otra de las medidas que la administración actual intenta desmantelar.
AP / OnCuba