El gobierno de España considera incoherente la hostilidad comercial de la Administración Trump hacia el país ibérico, con un posible incremento de la cooperación militar entre ambos países. Así se lo comunicaron las ministras españolas de Exteriores y Defensa, Arancha González Laya y Margarita Robles, al embajador estadounidense en Madrid, Duke Buchan, según informa este viernes el diario El País.
“Washington no puede esperar que la cooperación militar se incremente mientras impone aranceles y sanciona y amenaza a empresas españolas” asegura la publicación citando fuentes gubernamentales.
Las ministras le han dejado claro a Buchan que el gobierno de Pedro Sánchez considera “injustas” e “inamistosas” varias medidas tomadas por la Administración Trump en los últimos tiempos. Entre ellas, El País cita la imposición en octubre pasado de aranceles del 25% a una serie de productos agropecuarios como aceite, vino y queso, cuyas exportaciones a EE.UU. suponían ganancias de más de 800 millones de euros al año.
Estas sanciones, apunta, han agravado la ya difícil situación del campo español, golpeado previamente en 2018, cuando Washington impuso un arancel de casi un 35% a la aceituna negra de España, un caso que ha llegado hasta los tribunales estadounidenses.
La tapa al pomo parece haber sido la prohibición, por parte del Departamento de Estado, de la entrada a territorio estadounidense del vicepresidente y consejero delegado de la cadena hotelera Meliá, Gabriel Escarré, una medida que también afecta a sus hijos y familiares directos, derivada del Título IV de la Ley Helms-Burton.
EEUU veta la entrada a directivo de Meliá por los negocios en Cuba
“Al contrario que el Título III de la ley, con el que han sido amenazadas o denunciadas empresas españolas como Iberostar o Air Europa, la retirada del visado es una medida discrecional que no se puede recurrir en los tribunales”, explica El País.
“Esto no lo hace ni Corea del Norte”, lamentó un diplomático español citado por el diario.
Por si fuera poco, otra amenaza pende sobre la petrolera española Repsol, por sus operaciones en Venezuela. La Casa Blanca ya advirtió que, como parte de su estrategia de ejercer la “máxima presión” sobre el gobierno de Nicolás Maduro, no descarta sancionar a las empresas extranjeras que operan en el país sudamericano, una medida que también podría afectar a compañías como la estadounidense Chevron y la rusa Rosneft.
Esta situación sucede en momentos en que Madrid ha autorizado a Estados Unidos a sustituir sus cuatro destructores lanzamisiles desplegados en Rota, en la provincia de Cádiz, por buques más modernos que cuentan con helicópteros embarcados, una medida que supone un incremento de presencia militar estadounidense en la base que dispone en el lugar.
Además, afirma El País, «el Pentágono ha sondeado al gobierno español para desplegar en Rota seis destructores en lugar de cuatro; es decir, aumentar un 50% su fuerza naval, con 600 marineros más».
Por todo ello, y el aporte español a la OTAN, Madrid alega que España es un aliado “sólido y fiable”, pero al mismo tiempo sostiene que lo que no es propio de aliados es la hostil política comercial estadounidense, y ya ha avisado de ello al embajador Buchan.
Pese a estas diferencias, las autoridades de España consideran “estratégica” su relación con EE.UU.
“Por múltiples razones políticas, económicas y de seguridad, consideramos prioritario mantener y ampliar las relaciones con los Estados Unidos de América”, aseguró el Rey Felipe VI en un discurso ante el cuerpo diplomático horas después de que las dos ministras se reunieran con Buchan. Y, además, la titular de Exteriores tenía prevista una conversación telefónica con su homólogo Mike Pompeo, y una visita “en breve” a Washington.
Al parecer, pronto podríamos tener nuevas noticias sobre este tema.
