Una juez británica condenó este miércoles al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a 50 semanas de cárcel por incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza hace siete años y refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres.
En su fallo, Deborah Taylor dijo que es difícil imaginar una versión más grave del delito que la cometida por el hacker de 47 años, y dictaminó para él una sentencia de casi un año de reclusión.
Los siete años que Assange pasó en la embajada ecuatoriana tuvieron un costo de 16 millones de libras (21 millones de dólares) para los contribuyentes británicos, apuntó la juez, agregando que solicitó el asilo en un “intento deliberado de demorar la justicia”.
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Julian Assange fue condenado el miércoles a poco menos de un año en una prisión en el Reino Unido: https://t.co/sOT5ULGvRi— CNN en Español (@CNNEE) May 1, 2019
Assange escuchó impasible y con las manos entrelazadas la lectura de la sentencia. Sus partidarios presentes en la sala del Southwark Crown Court gritaron “¡Avergüéncese!” a la magistrada mientras Assange era sacado de la sala.
El australiano, cuya web reveló secretos de Estado de países de todo el mundo, pidió asilo en la legación diplomática sudamericana en la capital británica en junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, donde estaba buscado para ser interrogado por presuntas violaciones y acoso sexual.
Assange fue detenido el pasado 11 de abril luego de que Ecuador revocó su status de protección acusándolo, entre otras cosas, de entrometerse en los asuntos exteriores de la nación y de mala higiene.
El jueves se celebrará otra vista sobre el pedido de extradición presentado por Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses acusan al hacker de conspirar para entrar al sistema informático del Pentágono.
Por su parte, el abogado ecuatoriano de Assange presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de Ecuador por presunto espionaje a su defendido. En ella, se detalls que los delitos son la supuesta filtración de datos e información y la presunta violación del secreto profesional, por los que se pide que la investigación llegue a funcionarios de la embajada e incluso al canciller José Valencia.
AP/ OnCuba