El oficialismo argentino logró el martes la aprobación en el Congreso de la controvertida ley de reforma de las jubilaciones y pensiones, gracias al apoyo de sectores del peronismo opositor después de una maratónica sesión y violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.
El proyecto, que busca reducir el déficit fiscal y ya tenía el respaldo del Senado, obtuvo 128 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones. La votación se produjo tras una sesión de casi 17 horas en la que la coalición oficialista que lidera el presidente, Mauricio Macri, consiguió el apoyo de los diputados que representan a los gobernadores de las provincias peronistas.
La reforma supone un recorte de las jubilaciones y pensiones, y generó un descontento social que se tradujo en una de las más fuertes manifestaciones de agrupaciones políticas y sociales de izquierda que se recuerden en años, cerca de la sede del Parlamento.
El saldo de la violenta represión fue de unos 150 heridos, entre manifestantes y policías, y unos 60 detenidos.
Los manifestantes lanzaron botellas y piedras y volcaron vallas mientras el debate parlamentario se desarrollaba durante la noche en un Parlamento blindado por policías armados que dispararon con balas de goma y gases lacrimógenos a la multitud.
Antes del inicio de la sesión legislativa, la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, comenzó un paro de actividades por 24 horas en contra del proyecto. El paro registró un seguimiento dispar.
Esta ley de reforma económica es la primera que impulsa Macri, un conservador que llegó al poder hace dos años, luego del contundente espaldarazo logrado en las elecciones legislativas de octubre.
Pese a ser la fuerza mayoritaria, el oficialismo debe negociar con la oposición para sacar adelante otras leyes como las de reforma tributaria y laboral.
La nueva legislación para las jubilaciones y pensiones contempla una modificación de la fórmula que establece los aumentos periódicos a los haberes en un contexto inflacionario.
Hasta ahora los haberes jubilatorios se ajustaban semestralmente tomando en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación, pero según el gobierno eso era inviable para su meta de reducir el déficit fiscal.
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es que el aumento previsto para marzo se calculará bajo la nueva fórmula, lo cual significará que los jubilados recibirán un incremento menor que con el anterior cálculo.
Este nuevo índice de movilidad de haberes también se aplicará para calcular el monto de subsidios para familias sin empleo, pensiones por discapacidad y para los excombatientes de la guerra de Malvinas.
La aprobación de la ley era vital para el gobierno luego de que el 14 de diciembre fracasara una sesión para tratar la reforma a causa de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías y del fuerte rechazo político al proyecto.
Para contar con el apoyo de sectores opositores, prometió a los jubilados y pensionados de menos ingresos, así como a beneficiarios de pocos ingresos, una compensación económica que no es respaldada por los sindicatos y las agrupaciones sociales y políticas contrarias porque se abonará por única vez en marzo.
El gobierno sostiene que la iniciativa consensuada en los últimos días con los gobernadores es beneficiosa porque garantiza “un futuro claro” al asegurar haberes por encima de la inflación. Los mandatarios provinciales pactaron el apoyo a cambio de que el gobierno les garantizara fondos para cubrir sus deficitarias arcas públicas.
AP / OnCuba