Hong Kong: protestas tras la aprobación en Pekín de la ley de seguridad

La ley ha encontrado una fuerte oposición dentro de Hong Kong y ha sido condenada por su antigua metrópoli colonial, Gran Bretaña, así como por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.

Los manifestantes salieron a las calles hoy, aniversario del traspaso de Hong Kong del dominio británico al chino. Según la fuerza policial de Hong Kong, se han realizado más de 70 detenciones. Foto: MIGUEL CANDELA/EFE/EPA

China aprobó el martes una controvertida ley de seguridad nacional que permitirá a las autoridades perseguir la actividad subversiva y secesionista en Hong Kong. Muchos se han lanzado a las calles porque consideran la medida como la iniciativa más agresiva de Beijing para borrar las separaciones legales entre el territorio semiautónomo y el sistema del Partido Comunista en la China que preside Xi Jinping.

Tam Yiu-Chung, único representante de Hong Kong ante el Comité Permanente del Congreso Nacional Popular, había confirmado el martes que la ley estaba aprobada. El texto no incluía la pena de muerte entre sus sanciones, señaló, aunque no entró en detalles como si la ley podría aplicarse de forma retroactiva.

“Confiamos en que la ley sirva como disuasión para impedir que la gente cause problemas”, dijo Tam en la entrevista. “No dejen que Hong Kong sea utilizada como herramienta para fragmentar el país”.

Grupos de derechos humanos advirtieron que la ley podría perseguir a políticos de oposición considerados como insuficientemente leales a Beijing. Foto: MIGUEL CANDELA/EFE/EPA

La ley sobre la salvaguardia de la seguridad nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) se aprobó en medio de críticas y advertencias tanto en Hong Kong como en la comunidad internacional, pues se utilizaría para sofocar las voces discrepantes en el núcleo financiero asiático.

Estados Unidos ya ha iniciado los trámites para poner fin a los términos especiales de comercio y otras dispensas concedidas a Hong Kong después de que la excolonia británica fuera devuelta al gobierno chino en 1997.

El gobierno, en tanto, ha dicho que el texto pretende frenar las actividades subversivas, secesionistas y terroristas, así como la intervención extranjera en los asuntos locales.

Según fuentes chinas, se trata de un hito en el avance de la causa de “un país con dos sistemas”, pues está diseñada para garantizar la plena y fiel implementación de este principio que, según Zhang Xiaoming, subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, fortalecerá las garantías institucionales contra los riesgos a la seguridad nacional en Hong Kong.

La aprobación de la ley no ha contenido las protestas, que comenzaron contra el gobierno en Hong Kong el año pasado, derivando en ocasiones en violencia. Por su parte, las voces críticas la han descrito como la mayor erosión del estado de derecho al estilo británico que rige Hong Kong y del alto grado de autonomía prometido a Hong Kong al menos hasta 2047, dentro del modelo de “un país, dos sistemas”.

Una vez aprobada la ley, los destacados activistas prodemocracia hongkoneses Joshua Wong, Agnes Chow y Nathan Law publicaron comunicados en Facebook indicando que se retirarían de la organización prodemocracia Demosisto. Wong señaló que “la preocupación por la vida y la seguridad” se había convertido en un problema real y nadie podría predecir las repercusiones de la ley, ya fueran extradiciones a China o largas penas de prisión.

Demosisto anunció después en Facebook que se disolvería, indicando que la pérdida de miembros importantes hacía difícil seguir adelante.

Más de un centenar de manifestantes se habían reunido en un centro comercial de lujo en el distrito financiero de Hong Kong, coreando lemas como “Liberad Hong Kong, revolución ahora”. Varios sostenían una bandera representando un Hong Kong independiente, así como carteles en contra de la ley.

La ley ha encontrado una fuerte oposición dentro de Hong Kong y ha sido condenada por su antigua metrópoli colonial, Gran Bretaña, así como por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.

Grupos de derechos humanos advirtieron que la ley podría perseguir a políticos de oposición considerados como insuficientemente leales a Beijing, para detenerlos o impedirles presentarse a las elecciones de septiembre al Consejo Legislativo.

Con información de AP y Xinhua

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