“A nadie le gusta pagar impuestos”. Esa fue la réplica que empleó un funcionario público para rebatirme cuando le dije, durante una discusión que sosteníamos, que la evasión fiscal y la subdeclaración entre los cuentapropistas se debían en buena medida a las deficiencias del marco regulatorio vigente. Traté de explicarle, sin éxito, que la avaricia y el irrespeto campante a la legalidad no eran las únicas explicaciones a la indisciplina fiscal que abunda hoy en el sector privado.
El sistema impositivo que se le aplica a los que trabajan por su cuenta pareciera no tener como propósito principal recaudar recursos financieros para luego redistribuirlos, sino limitar el crecimiento y el desarrollo del sector privado en Cuba. ¿Por qué? Pues porque la regulación tributaria vigente tiene dos defectos congénitos, totalmente antinaturales para el mundo empresarial y que solo dejan dos opciones: mantenerte como un negocio pequeño o crecer a expensas de comenzar a quebrar lo establecido y terminar mal. Como le dijeron sus amigos, medio en sorna y medio en serio, a un colega emprendedor que celebraba con ellos la ampliación de su exitoso restaurante. “Felicidades, tu final está cerca”.
El primer defecto radica en que el nivel de gastos que se puede tener, y en consecuencia con ello emplearlo para deducirlo de los impuestos a pagar, no se corresponde con la realidad, con el que dictan los precios de las materias primas, equipos e insumos. No, los gastos fueron fijados “centralmente”. Por citar un ejemplo, un negocio dedicado a la reparación de inmuebles solo puede deducir el 40% de sus ingresos a la hora de pagar los impuestos. Pero la realidad es que ese mismo negocio tiene gastos muchos mayores a los establecidos por ley. Y si lo dice la ley, usted, emprendedor, no tiene más remedio que aceptarla o responder a ese engaño con otro engaño. Y así empieza una carrera interminable de “tupes” donde mienten todos: las autoridades, al creerse que con esa desacertada política un negocio puede ser rentable y el cuentapropista, a quien no le queda otra que engañarlo porque sus niveles de gastos no se pueden parametrizar y, al final, no se puede trabajar para pagar impuestos solamente.
Si nos ponemos en los zapatos del gobierno, se entiende claramente que en 2010, cuando se retomó el Trabajo por Cuenta Propia, no existían establecimientos mayoristas donde abastecerse y que pudieran servir como el proveedor “justificante” del 100% de los gastos en los que incurrirían los negocios. Por tanto, como solución temporal la “parametrización” tenía sentido o al menos era la salida más rápida. No obstante, debido a esas carencias el mercado informal, las compras a “importadores particulares” o la compraventa entre personas naturales devinieron vitales para el abastecimiento y comenzaron a ocupar una porción considerable de la estructura de gastos de los negocios. Estos gastos, obviamente, no se puede deducir ante la ONAT, como tampoco dicho sea de paso, se le puede decir al banco al momento de solicitar un crédito que este será empleado para comprar por Revolico los insumos necesarios para trabajar.
Pero ya han transcurrido casi 10 años desde aquel día y continúan ausentes los mayoristas así como la capacidad de realizar importaciones con carácter comercial. Todo ello ha conducido a que lo que se grave sean los ingresos en bruto de los negocios, donde se encuentran implícitos los gastos cuando lo verdaderamente justo sería gravar las utilidades. De cierta manera, se termina pagando impuestos no solo sobre los ingresos sino también sobre una parte de los gastos ya que los montos autorizados a deducir no responden a la realidad del negocio sino a una disposición burocrática.
El segundo defecto que conlleva a la subdeclaración es la existencia de una injusta escala progresiva empleada para determinar la base imponible que obliga a entregar como pago a la ONAT el 50% de cada peso que se ingrese a partir de los 2000 CUC o 50 mil pesos cubanos, una vez deducidos los gastos autorizados. Estas cifras son sumamente bajas ya que un negocio discreto que comercialice en una esquina concurrida “completas” de comida criolla a 30 pesos cubanos –y nótese que no tomamos como ejemplo a una lujosa paladar en Miramar–, puede fácilmente obtener ingresos superiores a esas cifras en un mes.
Este umbral tan bajo es insoportable para muchos negocios y les dificulta mantenerse. Si a ello además se le suma el irracional impuesto por el uso de la fuerza de trabajo, cuando no debería estar gravado porque atenta contra la creación de empleos, la tentación para subdeclarar es verdaderamente insoportable para muchos.
La obligación de pagar impuestos mediante esa escala progresiva evidencia que para las autoridades cubanas ingresar más de 2000 CUC al año es un hecho escandaloso y que este “exceso” de riqueza debe ser recaudado para redistribuirlo en la sociedad.
Ambos defectos funcionan como las dos hojas de una tijera que poda de un tajo las ganas de crecer de los emprendedores cubanos.
Pero más allá de estas consideraciones sumamente técnicas hay una de corte político muy preocupante para la institucionalidad del país, sin la cual no habrá progreso. Escasea la confianza en las entidades con las que los cuentapropistas se relacionan en su trabajo. Predomina, además, el escepticismo ante cada anuncio de nuevas regulaciones, controles y mecanismos. Y con desconfianza y escepticismo no se llega a ningún lugar.
Una pregunta y una afirmación recurrentes son empleadas como justificación por algunos de los que subdeclaran: ¿Por qué pagar los impuestos si al final las autoridades no me apoyan, me ponen trabas todo el tiempo, no me escuchan y no tengo la más mínima idea del destino de mi dinero?
La ONAT ha ido perfeccionando sus métodos y cada día se parecerá más a cualquiera de las instituciones homólogas en el mundo, facilitado esto también por la implementación de mecanismos que irán de a poco eliminando en Cuba la economía cash. Ello es positivo para enfrentar fenómenos y casos que deben ser enfrentados con determinación pero eso no traerá el necesario orden a estos problemas porque las causas que mencioné aún no han sido abordadas.
Apelar a la legalidad no será suficiente porque cuando hay regulaciones divorciadas de la realidad y que no están acompañadas de un imperativo moral que incite a su cumplimiento, reina el desorden.
A pesar de estos pesares, como muchos emprendedores que quieren realizar sus actividades en la más estricta legalidad, me gusta pagar impuestos porque me hace sentir que contribuyo a sostener lo bueno de mi país. Pero ya que los diputados a la Asamblea Nacional se aprestan a fiscalizar el Trabajo Por Cuenta Propia, como anunciaron en la última sesión del parlamento cubano, va siendo hora de que este fenómeno se aborde para traer el justo orden al pago de los impuestos en Cuba y que se garantice que, aquel que viole este importante deber ciudadano, no se pueda valer de absolutamente ninguna justificación basada en irracionales y absurdas regulaciones.