Jack Smith, designado por el Departamento de Justicia fiscal especial responsable de supervisar dos investigaciones penales sobre el expresidente Donald Trump, no es un personaje muy conocido ni popular, ni siquiera en Estados Unidos.
Llegado al mundo en Nueva York como John Luman Smith, estudió en la Universidad Estatal de la ciudad (SUNY), de donde se graduó summa cum laude en 1991, y luego en la Facultad de Derecho de Harvard, en la que hizo su doctorado.
Trabajó entonces en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan (1994–1999) para luego unirse a la oficina de Brooklyn del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.
Su biografía contiene, de pronto, un salto cualitativo internacional: haberse desempeñado de 2008 a 2010 como director de investigaciones nada menos que de la Corte Penal Internacional en La Haya, hecho que le aportaría credenciales de cuarto bate por su desempeño en conflictos internacionales sensibles.
A su regreso Estados Unidos aceptó ser el jefe de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, que investiga y procesa a políticos y funcionarios gubernamentales acusados de corrupción.
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Más tarde fue primer asistente del fiscal federal y luego fiscal federal interino para el Distrito Medio de Tennessee (2015-2017), y vicepresidente y jefe de litigios de Hospital Corporation of America (2017-2018).
Después de regresar a la Corte Penal Internacional en La Haya, en 2018 fue fiscal especializado en crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio cometidos por o contra ciudadanos de Kosovo entre 1998 y 2000.
En noviembre de 2022, poco después de que Trump declarara su candidatura a la nominación presidencial republicana de 2024, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que la responsabilidad de las investigaciones del Departamento de Justicia sobre Trump recaería sobre un fiscal especial, lo cual ayudaría a que estas no fueran percibidas como políticamente motivadas o intentos de desacreditar al expresidente de cara a las elecciones de este año.
“Este nombramiento”, declaró entonces Garland, “subraya el compromiso del Departamento de Justicia con la independencia y la rendición de cuentas en asuntos particularmente delicados. También permite a los fiscales y agentes continuar su trabajo con rapidez y tomar decisiones indiscutiblemente guiadas únicamente por los hechos y la ley”.
La selección de Smith estuvo determinada por su amplia experiencia en el procesamiento de funcionarios gubernamentales de alto rango y por su reputación de profesional de demostrada tenacidad y eficiencia.
Pero, sin duda, también resultó definitiva su condición de “sabueso” con credenciales de haber procesado tanto a un senador estadounidense en funciones como a miembros de pandillas finalmente condenados por asesinar a agentes de la policía neoyorquina. “Es un investigador fenomenal, no deja piedra sin remover. Profundiza para llegar a los hechos reales”, dijo un excolega suyo.
Asimismo, Smith ha demostrado ser un verdadero experto en gestionar casos penales complejos marcados por corrupción pública y de seguridad nacional. Y en tener agallas para tomar decisiones incómodas.
“Va a ser muy agresivo”, pronosticó otro excolega al enterarse del nombramiento. Y añadió: “Opera muy velozmente y tiene una capacidad única para determinar muy rápido lo que es importante para un caso. No pierde el tiempo preguntándose cosas que son verdaderos espectáculos secundarios”.
Esos factores, más otros que dejo fuera por razones de síntesis, estuvieron en el tintero a la hora de anunciar la decisión de colocarlo al frente de dos de los casos más difíciles del Departamento de Justica en los últimos diez o doce años.
El primero, relacionado con cajas y cajas de documentos que se robó Donald Trump de la Casa Blanca al abandonar la presidencia. La investigación condujo a que fuera acusado de 37 cargos federales por haber violado las leyes que prohíben la retención ilegal de información de defensa nacional y por obstrucción de la justicia. El 13 de junio de 2023, el expresidente fue arrestado por esos cargos en un tribunal federal de Miami, donde se declaró inocente.
El segundo fue investigar “si alguna persona o entidad había violado la ley en relación con los esfuerzos para interferir la transferencia legal de poder después de las elecciones presidenciales de 2020 o la certificación de la votación del colegio electoral, celebrada el 6 de enero de 2002”. Como resultado, el 1ro de agosto de 2023 el expresidente fue acusado por un Gran Jurado Federal de Washington D.C. de cuatro cargos relacionados por intentos de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Pero, como casi siempre ocurre en una cultura polarizada, a pesar de cualquier asepsia dentro y fuera del Congreso, los partidarios de Trump han reaccionado a esa investigaciones considerándolas, otra vez, una instrumentalización del Departamento de Justicia, lanzada solo con el objetivo de socavar la candidatura del magnate neyorquino, hasta hoy el candidato favorito de las huestes del GOP. Y después de acusado, el propio Trump ha hecho lo suyo arremetiendo contra Smith en sus mítines y redes sociales, llamándolo, por ejemplo, “lunático trastornado” y “psicópata”.
Esto ha condicionado de mil maneras las amenazas a su integridad personal y la de su familia por parte de los fanáticos, básicamente los mismos que asaltaron el Capitolio el 6 de enero. Su abogado, Cecil VanDevender, les dijo a los jueces de la corte de apelaciones del D.C. que el fiscal ha “estado sujeto a múltiples amenazas” y “comunicaciones intimidantes” después de que Trump socializara ese tipo de “publicaciones incendiarias”.
Digamos para abreviar que en Navidad una llamada anónima al 911 de Maryland, donde Smith vive con su familia, informó que este le habría disparado a su esposa en su casa. La policía local envió unidades al lugar, pero naturalmente los federales que lo protegen a él y a los suyos aseguraron que era falso.
Dista de ser un caso aislado. El fiscal general Garland acaba de denunciar un incremento de este tipo de hechos contra funcionarios públicos. En los últimos meses de 2023 se ha producido, dijo, un “aumento profundamente inquietante en las amenazas contra quienes sirven al público”.
Amenazas violentas contra agentes del FBI, jueces federales (incluido un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos), candidatos presidenciales, miembros del Congreso, miembros del ejército y trabajadores electorales, entre otras. “Solo esta semana —subrayó— se hicieron varias amenazas de bomba a juzgados de todo el país”.
Y continuó: “Es solo una pequeña instantánea de una tendencia más amplia que ha incluido amenazas de violencia contra quienes administran nuestras elecciones, garantizan nuestros viajes seguros, enseñan a nuestros niños, informan las noticias, representan a sus electores y mantienen seguras a nuestras comunidades”.
Un funcionario del Departamento de Justicia declaró que entre abril y septiembre del año pasado se gastaron más de 4,4 millones de dólares en seguridad del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos solo para Smith y su equipo. El costo inevitable de ser un sabueso de la justicia en los tiempos de la cólera.