Suceden cotidianamente en Cuba puestas en escena de obras de teatro, espectáculos musicales, performances, exposiciones de artes visuales, exhibiciones de películas… eventos más y menos concurridos, más y menos polémicos, en espacios privados y estatales.
¿Qué diferencia estos medios de expresión con otro: la convocatoria a una manifestación? ¿Es que unas representan un medio de libertad de expresión y las otras no? ¿Es la participación de miles de personas lo que les confiere a unas un sesgo peligroso? ¿Del sentido y de las normas con que puede operar cada una? ¿De su significado y efectos sobre la paz social de la Cuba actual? ¿Para qué sirven unas y otras?
Imaginemos que el proyecto de ley sobre manifestaciones en Cuba ya está en borrador ahora mismo, como Decreto-ley. Y que se fundamenta no solo en el Artículo 56 de la Constitución, sino en la libertad de expresión, el derecho ciudadano para reclamarles a las instituciones del Estado y la sociedad, el perfeccionamiento de la democracia socialista, el aseguramiento de la justicia social, etc.
En sus secciones y apartados, el proyecto detalla los requisitos para solicitar y conceder autorización de una manifestación; conducirse dentro de lo establecido por los códigos vigentes; delimitar el contenido, características y recorrido de la marcha; identificar la jurisdicción correspondiente; el número de participantes; la duración; las responsabilidades incurridas en caso de daños y perjuicios a la propiedad; irrespeto a la autoridad, agresión contra personas o cosas, u otra violación de las estipulaciones de la Ley o de lo que fije la autorización.
Si ya tuviéramos una ley, entonces el problema parece muy sencillo: basta con aplicarla. En sus partes complementarias, las leyes suelen dejar claro a qué instituciones les toca, cuáles son sus atribuciones, y demás detalles técnicos. Así que, jurídicamente hablando, el problema ha quedado despejado. Las instituciones hacen lo que dice la ley, y ya está. ¿No es verdad?
Antes de seguir por esa pendiente tan “sencilla”, detengámonos a considerar algunas de las preguntas anteriores. Si se respondiera que una manifestación pública, por su naturaleza, es un medio de expresión muy distinto a una representación artística, pero también muy diferente a otro recurso legal cualquiera, como el que se utiliza para reclamar una solución justa a un problema, ¿cuál es su índole específica? ¿Qué la distingue? ¿Para qué?
En efecto, una obra de arte o del pensamiento, un simple acto de libertad de expresión, una intervención cultural sobre un público determinado, un medio portador de un mensaje —una clase, un artículo, un post en las redes—, o el pleno ejercicio de un derecho individual y soberano, no equivalen a una gran masa de personas atravesando por su cuenta un entorno público altamente regulado —como suelen serlo en todas partes.
Aunque una manifestación tenga (o afirma que tiene) una intención estrictamente pacífica, sigue siendo un acto consciente y deliberado que reclama, a nombre de esas libertades, un espacio público, que como tal no le corresponde utilizar por su cuenta a nadie en particular, no importa el número de personas que lo reivindiquen.
En otras palabras, ninguna libertad de expresión, orden o principio constitucional, derecho humano, etc., explican la naturaleza de una manifestación pública ni agotan su sentido y efectos como fenómeno político. De manera que discutirlo jurídicamente contribuye a plantearlo, pero deja intacto ese sentido político. Para hacerlo, se requiere colocarlo en el contexto específico de la situación aquí y ahora.
Cuando en Cuba se dice “político“, casi siempre se entiende “ideológico“. También se interpreta que “obedece a una conspiración en curso“, venida del Norte o de la Plaza, según el gusto. De esos dos axiomas se deriva que hay una condición “moral“ involucrada, que caracteriza automáticamente a los sujetos. De manera que el campo de actores políticos se alinea, como las limallas de hierro entre dos polos magnéticos, en tendencias ideológicas, intereses, personalidades. “Dogmáticos“ y “centristas“, los que “responden al Partido-Estado“ y al “imperialismo y sus secuaces“, los que “han vendido sus conciencias“ y los que “todo lo hacen para preservar sus privilegios“.
Aunque “hay de todo en la viña del Señor“, me voy a limitar aquí a caracterizar esta manifestación imaginada, en términos de sus implicaciones y costos, como una acción política concreta, al margen de sus intenciones declaradas y protagonistas.
La marcha no es una acción espontánea e improvisada como lo fueron la sentada del 27N y las protestas del 11J. No había entonces un mando cohesionado, y mucho menos un máximo líder. El 27N se hizo y se rehizo sobre la marcha, hasta que el grupo originario se deshizo, y solo quedó un nombre que poco tiene que ver con su sentido inicial. En cuanto al 11J, ni siquiera tuvo una agenda, sino que fue una reacción en cadena marcada por la anomia, la escasez de alimentos y luz, la carestía, el repunte de la COVID-19. No es probable que las circunstancias de ambos eventos vuelvan a conjugarse. Aunque otros reclamos de diálogo y otras protestas espontáneas puedan ocurrir, el gobierno debe haber aprendido la lección, y tratará de prevenirlas por todos los medios.
En contraste, la marcha convocada recientemente constituye una acción política estructurada y consciente desde el momento de su enunciación. Está construida con la progresión dramática que caracteriza a la acción política calculada. Si se le comparara con una puesta en escena, esa progresión ya está presente en todo lo que precede a su hipotético “estreno” el 15N. Como la sinopsis que los espectadores reciben de antemano, su plan y manejo ha contenido todos los detalles necesarios para imaginarla: asunto, protagonistas, acompañamiento, lugar donde transcurre la acción, planteo del conflicto, puntos de viraje, secuencia temporal, suspense, desenlace previsible.
Dice CNN que el gobierno le teme a la manifestación. Yo siempre digo que “el gobierno” es mucha gente. Pero si el Artículo 56 se redactó, se incluyó y se aprobó en la nueva Constitución; y si se puso en el plan legislativo de 2020, es porque en “el gobierno” prevalecieron los que tenían la intención de crear la posibilidad de realizarlas. No sé si el presidente de la República estuvo entre ellos; lo que importa es que la legitimidad de las marchas estaba dentro de la lógica que se consideró necesaria en este reordenamiento del sistema, más allá de coyunturas y personalidades.
Si alguna vez la idea de la marcha fue viable en términos de negociación, la publicación unilateral de su convocatoria, y la voluntad expresa de realizarla de cualquier manera, le daba a la solicitud de autorización un carácter perentorio. Congruente con ese fait accompli, o “coyunda“ como se dice en cubano, estaban las operaciones políticas que la han acompañado en paralelo desde el principio: campañas de promoción, nuevas consignas, gestos de apoyo y simpatía, así como cualquier cantidad de debates en las redes, y juegos de cintura en camino a su propósito declarado. Por último, no menos importante, está la entrada de las organizaciones de la contrarrevolución establecida, como UNPACU, desde muy temprano, en este proyecto de marcha pacífica, la marcaba con una particular ambivalencia.
El significado político “real” de la marcha, expresada en esta ambivalencia, se puede medir en la brecha existente entre lo que se plantea como intención y lo que ha producido en su anticipación virtual: un proyecto político que proclama el diálogo y la reconciliación y que todo el tiempo ha agudizado la polarización. Su efecto sobre una Cuba golpeada por la crisis y la pandemia, especialmente la de aquellos grupos sociales más expuestos, no les trae una bocanada de esperanza y alivio de tensiones. Tampoco le facilita a un país que ha vivido 20 meses de cuarentena la recuperación de sus vasos comunicantes y relaciones exteriores, vitales para el bienestar de la mayoría, y la continuidad de las reformas.
A pesar de desplegar las banderas del pluralismo, el discurso de la marcha y sus acompañantes contribuyen poco al entendimiento; al contrario, se caracteriza por el tono combativo, que resuena en muchos seguidores como un llamado al puntillazo del régimen. Típicamente, esta escalada ha repercutido en el endurecimiento de las tendencias más radicales. De manera que la reacción política del otro lado es la previsible. Después de permanecer en silencio durante varias semanas, las autoridades anunciaron la prohibición. De cierta manera, esta crónica de una muerte anunciada formaba parte de las premisas y el despliegue del proyecto desde su inicio.
Imaginemos que, a pesar de no haber una ley que la regule y defina sus límites, el gobierno hubiera aceptado esta acción política de contenido opositor, y le hubiera cedido un espacio público totalmente abierto y muy céntrico, en el corazón de La Habana. En manos del grupo gestor del 27N estaba mantener la paz, y evitar que provocadores desconocidos introdujeran acciones violentas, entre un pequeño grupo sentado pacíficamente en una calle de El Vedado. Es algo muy distinto gobernar una multitud de 5 mil personas o más, en el cruce de caminos entre el Parque Central y el Capitolio, cuatro meses después del 11J.
Hacer resonar las banderas de la libertad de expresión, el respeto al debido proceso judicial incluso de aquellos cuyas ideas no se comparten, hacer prevalecer el diálogo y el debate de ideas sobre la unilateralidad y la coacción, pudo suscitar un grado de consenso. Planear una marcha simultánea en varias ciudades de la Isla y en el corazón del exilio, dirigida a ponerle una presión crítica al gobierno, y demandarle un pluralismo que abarque a los sectores más recalcitrantes de esa oposición, abiertamente aliados a potencias extranjeras y causas anticomunistas, deja fuera a muchos de los mismos que abogan por el diálogo, la diversidad y el debate de ideas, y que se oponen a la coacción.
Autorizar la marcha, y facilitar una contramarcha de esos y otros descontentos, ese mismo día y a esa misma hora, ¿contribuiría al clima de entendimiento, reconciliación, paz, estabilidad? ¿Enriquecería el debate de ideas y fortalecería una cultura del diálogo, por oposición al conflicto y el odio? ¿O nos encamina en una escalada indefinida de marchas y contramarchas?
Digamos, finalmente: ¿nos acerca la marcha a una Ley de manifestaciones? ¿Facilita el camino a una Ley de asociaciones programada para fines del año que viene? Esta sería hora de pensarlo duro, pues de otra manera, el espíritu de las reformas se nos puede echar a perder en una serie de acciones combativas que todo lo enturbien y retarden. Ahora que tanta falta hace, como nunca en las últimas décadas, lucidez y ecuanimidad, de esas que estrategas y pensadores políticos sabios recomiendan.
Me gustaría haber intercambiado todas estas interrogantes y problemas con uno de esos sabios. Si de entender a Cuba se trata, haber aprovechado la luz larga de alguien como Juan Valdés Paz, ha sido una fortuna durante más de 50 años. Ahora que él acaba de irse, como se van los grandes viejos que nos enseñaron a pensar, lo que más vale es no perder su orientación. Y para hacerlo, al fin y al cabo, también sirve un diálogo imaginario. Pienso que no por haberse ido dejará de escucharme.