La palabra highjack, usada en inglés estadounidense para secuestro de barcos o aviones, data de la época de la Ley seca, cuando la mafia hacía su acumulación originaria con el tráfico de licor. La voz de asalto para lanzarse sobre camiones cargados de ron y whiskey contrabandeados de todas partes era “Hi, Jack,” equivalente a “¡arriba las manos!”.
Desde enero de 1959, prófugos de la justicia y secuestradores de naves cubanas empezaron a llegar a Estados Unidos. En abril de ese año, dos aviones de pasajeros DC-3 que volaban entre La Habana y Nueva Gerona fueron secuestrados por exmilitares de la dictadura, como parte de una estela de robos que incluyó, solo en ese año, cinco vuelos nacionales y un yate al oeste de la capital. Todos los secuestros tuvieron en común haber sido ejecutados a punta de pistola, sin suscitar cargos judiciales contra sus ejecutores en Estados Unidos ni devolución de las naves a Cuba. Así seguiría en los años siguientes.
Como otros aspectos de la guerra no declarada contra la isla, esta política de laissez-faire se volvería contra sus auspiciadores, y propiciaría una verdadera plaga para Estados Unidos.
El 23 de julio de 1961, la víspera del recibimiento al cosmonauta Yuri Gagarin, invitado a celebrar el 26 de julio en la Plaza de la Revolución, un avión de Eastern con destino a México fue desviado a La Habana por un empleado de una cafetería en Miami. Uno de los 37 pasajeros, Arthur J. Shwarz, ha contado que, mientas esperaban asistencia para regresar a EE. UU., los empleados del aeropuerto les ofrecieron cena y daiquirís, e incluso subieron al segundo piso del aeropuerto para compartir la bienvenida al primer hombre en el espacio.
Apenas un mes después de aquel episodio inaugural en la historia de los secuestros de aviones a Cuba, Che Guevara y Richard Goodwin se encontraron casualmente en Punta del Este, Uruguay. Como he anotado antes, el informe secreto de aquel alto asesor de JFK describe a un Che bastante poco conocido, que le ofrece a Estados Unidos, cuatro meses después de Girón, algo más que un ramo de olivo, incluyendo el espinoso asunto de las relaciones cubanas con la URSS.
En aquella conversación, la de más alto nivel entre ambos países desde el despliegue del conflicto, el Che se detiene en el tópico de los secuestros de naves de ambos lados. Según Goodwin, el Che le dijo que Cuba “no había sido responsable por ningún secuestro. El que se apoderó del primer avión fue un tipo joven que era un buen chico, pero un poco alocado, y que ahora está en la cárcel. Ellos [los cubanos] sospechaban que el que se apoderó del último avión era un provocador (un agente de la CIA). Teme que si estos robos siguen ocurriendo, serán algo muy peligroso”.
El Che sugirió entonces un acuerdo sobre los secuestros que permitiera detenerlos. Y terminó proponiendo “discutir el tema de los aviones” como punto de partida para “conversaciones bilaterales sobre coexistencia pacífica”.
Como se sabe, la respuesta de EE. UU. no fue tomarle la palabra al Che, sino aplicar un plan de acción conocido como Mangosta, más bien todo lo contrario al ramo de olivo. Unos meses después, los soviéticos propondrían enfrentar aquel plan, cuya fase final era una invasión de EE. UU., mediante la instalación de cohetes nucleares en la isla.
Como también se sabe, el desenlace de la Crisis de Octubre interrumpió el transporte aéreo y marítimo entre EE. UU. y Cuba. Los únicos vuelos que llegaron a partir de entonces, hasta que se firmó el acuerdo migratorio en 1965, fueron los robados. Desde que ocurriera el primer secuestro hacia La Habana, en 1961, un total de 123 intentos tuvieron lugar en los siguientes seis años, 88 de ellos exitosos.
Entre 1968 y 1971 se desataría una verdadera epidemia global de secuestros. Un estudio de ese cuatrienio revela que de los 175 desvíos aéreos en el mundo, 43 % se ejecutaron con naves de EE. UU. La mayoría de los que tuvieron lugar en este hemisferio se enrumbaron hacia La Habana, adonde llegaba un avión cada tres o cuatro días. Naturalmente, la mayoría de aquellos pasajeros secuestrados no guardaron reminiscencias tan pintorescas ni apacibles como la del daiquirí y el recibimiento a Gagarin.
Fue precisamente en esos años del pico de secuestros cuando Cuba adoptó una iniciativa unilateral para disuadirlos. En un discurso público, el 19 de septiembre de 1969, Fidel Castro anunciaría una nueva ley sobre el trato a los secuestradores, según la cual se juzgarían o extraditarían a sus países de origen, si estos hubieran firmado un acuerdo con Cuba.
A pesar de que Nixon había sido uno de los políticos más recalcitrantes hacia la Revolución cubana desde antes de 1959, accedió a explorar un entendimiento con Cuba respecto a este sensible tema de seguridad nacional. Era reacio, sin embargo, con un aspecto de la propuesta cubana: la de devolver a los secuestradores a sus países de origen. Según documentos desclasificados citados por Peter Kornbluh, Nixon no quería malquistarse con el exilio cubano, firmando un acuerdo que lo obligara a devolver a Cuba a los que llegaban en aviones y lanchas robadas.
Al año siguiente, sin embargo, luego de nuevos secuestros, e incluso el pago de un rescate de 2 millones por la aerolínea Southern Airways, Fidel Castro volvió a tomar la iniciativa: “El Gobierno de Cuba declara que no resulta de su interés, ni en modo alguno desea, que el territorio de Cuba sea utilizado como refugio para personas responsables de actos criminales […] Tampoco está interesado el Gobierno cubano en modo alguno en la promoción de secuestros de aviones, naves marítimas o ingresos o salidas ilegales hacia o desde los Estados Unidos”.
No es posible apreciar el significado de la propuesta cubana ni de la reacción de la administración Nixon-Kissinger sin tomar en cuenta el contexto político.
Desde 1971, en el Congreso de los Estados Unidos se presentaron iniciativas para acabar con las regulaciones del embargo y normalizar relaciones con Cuba. Senadores como William Fullbright, Ted Kennedy, Jacob Javitts, George McGovern y Claiborne Pell, y representantes como Stephen Solarz y Christopher Whalen participaron activamente en los esfuerzos, en algunos casos como embajadores legislativos ante La Habana.
Así que la administración republicana respondió a Cuba su disposición a negociar “un acuerdo respecto a los secuestros y a otros crímenes serios que pudieran ser cometidos en el futuro».
El borrador de tratado sobre secuestros presentado por Cuba decía: “Sobre la base la igualdad y la estricta reciprocidad, ambos Gobiernos castigarían con diez a treinta años de prisión a cualquier persona que se apodere, tome, asuma el control de, se apropie de, o desvíe un avión u otra nave”. Además, proponía perseguir y castigar con severidad a quienes usaran su territorio o planeasen “actos de violencia o depredación en contra de los aviones o las naves de cualquier tipo”.
En la contrapropuesta de respuesta sometida al presidente Nixon, citada por Kornbluh, hay cuatro diferencias respecto a la cubana, esencialmente las siguientes: no aceptar la extradición de los secuestradores, sino limitarse a juzgarlos en el país de arribo; no tomar acción judicial contra actos de piratería anteriores cometidos por cubanos residentes en Estados Unidos; no endurecer las penas por piratería aérea; no comprometerse a devolver propiedades objeto de los secuestros.
A pesar de esas sustanciales reducciones al filo del acuerdo, los dos países terminaron firmando un documento titulado “Memorando de entendimiento sobre el secuestro de aviones y naves y otros delitos”, el 15 de febrero de 1973. Establecía que todos los secuestradores de aviones u otras naves serían “considerados como autores de un delito”, y serían o bien devueltos a su país de origen para ser juzgados, o bien juzgados en el país al que arribasen. Ambos acordaron facilitar el regreso de pasajeros y tripulantes, así como de las naves y aviones. Cuba obtuvo la concesión de que EE. UU. castigaría a los exiliados que planearan actos de sabotaje contra aviones y barcos cubanos desde su territorio.
Según el acuerdo, cada parte juzgaría, “con vistas a imponerle un severo castigo […] a cualquier persona que, dentro de su territorio, a partir de entonces, conspirase para promover, o promoviese, o preparase, o dirigiese, o formase parte de una expedición que, desde su territorio o cualquier otro sitio, llevara a cabo actos de violencia o depredación contra aviones o naves de cualquier tipo”.
Dado que casi nada en la dinámica de las relaciones entre EE. UU. y Cuba puede entenderse dentro de un marco estrictamente bilateral, para comprender su desarrollo en aquellos primeros años 70 se requiere mirar al contexto de América Latina y el Caribe.
El cambio en el clima regional hacia Cuba operaba a favor de un cambio en la política latinonamericana de Estados Unidos que incluyera a la isla. El comité selecto que patrocinaba el Informe Linowitz plantearía revisar las relaciones con Cuba, identificándolas —junto con el problema del Canal de Panamá— como uno de los test-cases que demostrarían una nueva voluntad política hacia la región.
Conversaciones secretas tuvieron lugar con el Departamento de Estado en 1974. En el marco del llamado “nuevo diálogo” para América Latina que promovía Henry Kissinger, el presidente Gerald Ford autorizaría a subsidiarias de compañías estadounidenses a que comerciaran con Cuba. En el terreno diplomático se avanzó por un cambio que parecía conducir a un restablecimiento.
Sin embargo, la firma de un acuerdo sobre secuestros de naves en 1973 no impidió que continuaran las acciones de piratería y terrorismo e, incluso, se recrudecieran. Una ola de atentados contra embajadas y barcos pesqueros alcanzó su punto culminante en 1974. Por otra parte, el Congreso rechazó en 1975 la resolución para levantar el bloqueo propuesta por el representante Jonathan Bingham. Era evidente que la resistencia ante un cambio de política hacia Cuba mantenía su virulencia.
En ese entorno contradictorio, el acercamiento entre Cuba y varios países de América Latina y el Caribe era percibido como amenaza por los anticastristas, incluido el sector más beligerante en el viejo exilio. Sus vínculos históricos con los aparatos de seguridad estadounidenses en los años 60 los inspiraban a mantenerse “en su guerra contra el comunismo por los caminos del mundo”. La elección de Barbados, uno de los Gobiernos del Caribe pioneros en el estrechamiento de relaciones con Cuba, para planear el atentado a un avión cubano en 1976, no fue casual ni ajena a la coyuntura.
El atentado al vuelo de Cubana con 73 personas a bordo, la acción terrorista más descomunal anterior al 11 de septiembre, no fue planeada por la CIA, pero el FBI sí tuvo indicios de su preparación por parte de operativos, cuyo rol en el apogeo de las operaciones paramilitares contra Cuba los dotaba de un sentido de impunidad. El tratado contra los secuestros de naves de 1973 no sobrevivió a aquel atentado.
Aunque Cuba siguió sancionando a los responsables de secuestros de naves, los secuestradores de embarcaciones cubanas no fueron castigados en Estados Unidos, lo que estimuló esas prácticas ilegales, con peligro para vidas y bienes de ciudadanos cubanos y extranjeros, a lo largo de los años.
Treinta años después, en medio de la hostilidad que caracterizó las relaciones bilaterales bajo George W. Bush, el Gobierno de EE. UU. advertiría a Cuba que cualquier repunte de los secuestros de naves hacia el Norte sería percibido como un acto contra su seguridad nacional. Cuando un grupo intentó secuestrar la lancha de Regla, en la que viajaban cubanos y turistas extranjeros, en 2003, el Gobierno cubano estaba bajo la presión de esta amenaza. La ejecucióń de los secuestradores tuvo un impacto político muy negativo en el plano internacional. Es solo un ejemplo de las implicaciones que los secuestros de naves han tenido y siguen teniendo para la política cubana.
¿En qué medida el incidente de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 pudo haberse evitado si hubiera existido un acuerdo formal acerca de la seguridad naval y aérea entre EE. UU. y Cuba? ¿Qué lecciones retrospectivas enseñan crisis migratorias como el Mariel en 1980 y los balseros en 1994 respecto al poder detonante de los secuestros? ¿Hasta qué punto los acuerdos sobre prevención del terrorismo, cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado firmados por Cuba con países de la Cuenca del Caribe y Europa ofrecen marcos aplicables a las relaciones con EE. UU.? ¿Existe una doctrina de defensa nacional cubana que se posicione frente a estos tópicos, incluida la prevención de la piratería y el secuestro de naves?
Indagar estas cuestiones y su significado requiere volver atrás.
Puedes leer la segunda y última entrega de esta serie aquí.