Habemus normas. Tendremos MPyMEs

Tenemos la posibilidad de combatir el éxodo de personal calificado brindándole oportunidades que no cuestan nada. ¿La estamos aprovechando?

Foto: Otmaro Rodríguez.

Que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs) son importantes para cualquier país, incluso para los más “desarrollados”, no creo que haya que probarlo.

Que en dependencia del grado de desarrollo de los países, de la complejidad tecnológica de sus procesos productivos, esas MPyMES adquieran uno u otro rol, tanto en su aporte al producto, como al empleo y a la innovación, creo que tampoco hay que probarlo; son verdades constituidas.

Que el nivel de escolaridad de la población juega un rol decisivo en esos procesos, tampoco hay que demostrarlo.

Que la calidad de las instituciones —de las reglas del juego—, de la competencia y del “ambiente de negocios” constituyen factores decisivos en el nacimiento, desarrollo y desaparición de las MPyMEs, es algo también probado.

Cuba probablemente haya sido el único país del mundo que, después de 1990, se dio “el lujo” de vivir de espaldas a esa realidad y se empeñó durante un tiempo en negar la necesidad de este tipo de estructura empresarial para su economía, y, luego de haber reconocido esa realidad, demoró 10 años en lograr tener un sistema legal que regulara la existencia de las MPyMEs.

Pero, por fin, tenemos ese grupo de normas. Quizás no satisfagan a todos, es probable que algunos hasta hayan sufrido alguna decepción, grande o pequeña; es también muy probable que todavía algunos estén tratando de entender todo ese gran cuerpo normativo recién aprobado. De hecho, es muy probable que tanto las instituciones que lo deben aplicar como sus funcionarios estén también en ese ejercicio. Sin dudas harán falta muchos talleres, no para divulgar y sensibilizar sobre las buenas prácticas de las ventas de garaje, sino para divulgar, entrenar, sensibilizar sobre las buenas prácticas para la promoción y facilitación de las MPyMEs.

El tren de las reformas económicas en Cuba acelera (I)

Como forma económica formalmente reconocida, las MPyMEs son para Cuba algo nuevo. Desaparecieron en 1968 y solo ahora vuelven a ser admitidas en el contexto económico de la Isla. Es cierto que antes, desde inicios de los años 90, muchos negocios por cuenta propia (TCP) eran, de facto, MPyMEs, pero no eran reconocidos como tal. Aceptadas a regañadientes, esos pequeños negocios personales sobrevivieron en un limbo legal poco propicio para su crecimiento cualitativo, estuvieron siempre dependientes de los vaivenes de la apreciación política y pendientes, muchas veces, de la interpretación de funcionarios que se arrogaban facultades que rebasaban sus mandatos.

Con escaso acceso al crédito, sin instituciones financieras adecuadas a sus necesidades, con una muy fuerte segmentación de mercados, con prohibiciones legales de acceso a mercados, con mercados mayoristas poco desarrollados y mal surtidos, sin posibilidad alguna de importar bienes intermedios para sus producciones, salvo raras excepciones (Fondo de Bienes Culturales por ejemplo) con dos monedas y mas de dos tasas de cambio, en otras palabras, “con un ambiente de negocios” muy poco propicio, esos pequeños negocios estaban condenados si acaso, a sobrevivir, no obstante, supieron hacerlo y de hecho, se convirtieron en un segmento dinamizador del empleo y la oferta, a pesar de Trump y de la pandemia.

¿Importar por cuenta propia?

Por eso creo que tener un cuerpo de normas que formalice la existencia de estos pequeños negocios es muy bueno, resulta, como balance general, positivo para la economía nacional y para las personas involucradas en estas actividades, aun cuando estoy convencido de que veremos cambios en esas normas, si realmente se desea que las MPyMES se conviertan en una fortaleza de la economía nacional y que contribuyan de forma significativa a las estrategias de desarrollo territoriales. 

Desde mi perspectiva, existen espacios para mejorar la concepción de las MPyMEs en Cuba, hacer la normas más coherentes con la visión actual de país, con los ejes estratégicos, y con la situación de guerra que vivimos, fortalecer su papel en la dinámica de la economía nacional, aprovechar las oportunidades que brindan (las MPyMEs) para incrementar los flujos de financiamiento externo, consolidar la relación con la emigración cubana y sobre todo encontrar espacios para disminuir el impacto negativo del bloqueo estadounidense.

Entiendo, de la lectura de este cuerpo normativo recién aprobado:

1. Que ha prevalecido la voluntad recaudatoria por encima de la intención de promoción y desarrollo de las MPyMES. Un impuesto del 35%, aun con el argumento de que la carga fiscal no ha aumentado, está lejos de ser un incentivo positivo.

Esa norma aplica y se impone a todo el país, a todos los territorios de la Isla, independientemente de su nivel de riqueza y prosperidad y limita, a todas luces, las posibilidades de los gobiernos locales para incentivar un actor económico que, a nivel de los territorios, puede ser importante en el empleo y en el desarrollo de producciones específicas. No es lo mismo El Vedado que Taguasco. La distribución territorial de la riqueza en Cuba es muy desigual. La verticalidad de esas normativas impuestas (para todo el país ) va contra el empoderamiento de los gobiernos locales, que es una pieza clave en el Sistema de Gobierno basado en la ciencia y la innovación.

El argumento de que se pretende con ello poner en igualdad de condiciones a todos los actores es, a mi juicio, un sinsentido. Primero, porque no se puede dar igual tratamiento a entidades que de hecho son desiguales, tanto por su tamaño, como por el nivel de riesgo que corren. Para una gran empresa socialista el ya existente 35% de impuesto pudiera no ser decisivo, pero para una pequeña empresa que apenas nace sí lo es, y para la intención de emprender un negocio también.

Es cierto que la recaudación impositiva es decisiva para el Estado, más todavía para el nuestro, con sus grandes compromisos sociales; sin embargo, la paradoja de esta situación es que el ingreso disponible es aquel que queda después de deducir impuestos y contribuciones y es ese ingreso disponible el que permite el consumo y la inversión. A mayores impuestos menos ingresos para consumir e invertir, es una fórmula elemental. Generalmente para resolver esa gran diatriba, se prefiere aumentar la base impositiva —esto es, la cantidad de contribuyentes— y no la magnitud del impuesto. Parece que en este caso la solución que se ha dado no va por ese camino.

También es posible que se pretenda por esa vía evitar la “acumulación de riqueza”, sin embargo, pudiera provocarse con ella la expansión de la pobreza. Y no creo que esta última sea una opción para nuestro país hoy.

Hubiera sido más apropiado poner una franja impositiva comenzando por el muy bajo 5 -10% del impuesto, hasta un 35%.

2. Que se limita la posibilidad de abrir MyPMES a los cubanos residentes en el país, excluyendo cubanos no residentes y extranjeros, esta medida cercena posibles fuentes de ingresos frescos, que tanto necesita Cuba.

Lo que probó la pequeña apertura del 2014 al 2018 es que esas fuentes llegaron a invertir anualmente tanto como la Inversión Extranjera Directa (IED) amparada en la Ley 118 y dirigida en lo fundamental a grandes proyectos.

Esa pequeña inversión privada, nacional y extranjera, fue la responsable del crecimiento de la red extra hotelera y de la construcción de mas de 24.000 habitaciones, en las cuales el Estado cubano no invirtió un dólar, ni tampoco un peso, a diferencia de esos grandes hoteles vacíos que nos han costado miles de millones.

Se pierde, así, la oportunidad de consolidar la relación con los emigrados cubanos, de aprovechar no solo el capital sino también su experiencia, de fomentar la mejora tecnológica, de incentivar la producción y la oferta y hasta de poder insertarnos en cadenas internacionales de producción y de valor.

La Inversión Extranjera Directa y el ordenamiento

Si lo que se desea es fomentar la transformación productiva y la inserción internacional, no veo razón alguna para renunciar voluntariamente a esta oportunidad, tanto con la emigración como con ciudadanos extranjeros. Quisiera equivocarme, pero atendiendo a la experiencia, de todas formas esa inserción ocurrirá informalmente, y no será ni transparente, ni imponible.

Argumentar que estos actores pueden invertir a través de la Ley 118 no parece estar avalado por la realidad si atendemos a los modestos avances que han experimentado la IED y sus procedimientos en todos estos años, incluso antes de Trump y de la pandemia.

Por otro lado, abrir y diversificar estos negocios contribuiría a hacerle más difícil la persecución al Departamento del Tesoro estadounidense y a la OFAC, considerando, sobre todo, que las MPyMEs aun no están en ninguna lista de “empresas perseguidas”.

3. Que se limita la capacidad de endeudamiento de las futuras MyPMES solo a créditos en pesos cubanos (CUP) y solo otorgados por la Banca nacional.

Es otra oportunidad a la que se renuncia voluntariamente. Si uno de los problemas más graves que enfrenta Cuba hoy es el de la falta de financiamiento, ¿cómo entender esa decisión? ¿Acaso tiene la Banca nacional capacidad financiera para otorgar créditos en divisas (dólares o euros) a estos nuevos actores? ¿Acaso es imposible que alguna institución financiera internacional, bancaria o no bancaria, encuentre interesante algún pequeño negocio y halle la fórmula para recuperar su dinero? ¿Acaso estos nuevos actores son menos que los que ya existen? ¿Acaso no es está otra oportunidad de quitarle un ladrillo más al muro del bloqueo y de ser menos dependientes de los dictados de las administraciones de Estados Unidos?

4. Que uno de los ejes estratégicos en los que se sustenta nuestro “Plan de Desarrollo hasta el 2030” es el del “potencial humano, ciencia, tecnología e innovación”. Ciencia e innovación son también dos de los pilares del sistema de gestión de gobierno.

En el documento del “Plan de Desarrollo”, en el numeral 130 se afirma que “Una de las principales fuentes del crecimiento a nivel internacional ha sido la formación y movilización del potencial humano. De hecho, existe una reconocida relación entre capacidad de generación de conocimientos y de innovación de un país, y su crecimiento y desarrollo económico y social” y mas adelante en el 132 se plantea que “Las ganancias de productividad deberán provenir de la capacidad innovadora y del desarrollo de actividades intensivas en conocimiento y mayor valor agregado”, después, en el numeral 137 se define como  el primer objetivo a alcanzar en este eje el siguiente: “Desarrollar el potencial humano de alta calificación y garantizar condiciones para su protección y estabilidad”.

¿Es el desarrollo y aprovechamiento eficiente del potencial humano un derecho exclusivo del sector estatal? ¿Ha demostrado este sector ser eficiente en ese propósito? ¿Tiene el sector estatal capacidad para ofrecer puestos de trabajo adecuados a ese potencial humano que hoy existe en el país? ¿Qué dicen los datos y las investigaciones científicas al respecto? ¿Acaso proteger al personal de alta calificación y brindar condiciones para su estabilidad es solo una tarea que puede cumplirse en el sector estatal?

Las quinientas y los dueños

Lo que confirman los hechos en todos estos años es la existencia de una alta cantidad de personas jóvenes, altamente calificadas, que han emigrado hacia otros países, entre otras razones, por no haber podido encontrar en su país, en su patria, la oportunidad para desarrollar sus proyectos personales. Los datos están ahí, aunque no sean públicos.

Entonces, por una parte, enfrentamos un proceso de envejecimiento de nuestra población y de nuestro personal calificado y, por otra, enfrentamos también un proceso de emigración de los pocos jóvenes de alta calificación que van quedando en la Isla. ¿Cómo entender entonces que se sostenga la negativa a permitir que los profesionales cubanos puedan tener sus propias pequeñas empresas en su especialidad? 

Desde mi punto de vista, esa prohibición, sin fundamento en los hechos, es incoherente con lo planteado en el eje estratégico del “Plan de Desarrollo” del país, salvo que se entienda que la protección y la estabilidad solo pueden ser provistas por el sector estatal. ¿Acaso todos los actores económicos no contribuyen a la visión de la nación? ¿Es que la construcción de socialismo no es una obra colectiva?

Cuando se explicaban las razones por las cuales no se permitía este tipo de pequeño negocio en Cuba yo estaba padeciendo de COVID-19, achaqué entonces a la enfermedad mi dificultad para entender la explicación. Unos días después leí la versión escrita, ya no estaba enfermo, pero igual resultó imposible entender las razones —que de hecho no las encontré— de semejante decisión.

Lo triste de todo esto es que sí tenemos la posibilidad de, al menos, combatir el éxodo de personal calificado brindándole oportunidades que no cuestan nada. ¿La estamos aprovechando?

Bienvenida la norma, entendámosla como un proceso de aprendizaje y aproximaciones sucesivas a lo que realmente necesita nuestro país.

 

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